El servicio jurídico del Principado asistirá a los profesores que presenten una demanda o sean objeto de una denuncia
08 feb 2018 . Actualizado a las 19:32 h.La Consejería de Educación ha planteado que los servicios jurídicos del Principado den cobertura a los profesores que presenten una demanda relacionada con su labor para dotar así de una protección «activa» a los docentes.
No obstante, esta posibilidad requiere de una modificación del decreto que regula el funcionamiento de los servicios jurídicos de la administración autonómica que ha sido planteada al departamento de Presidencia del Gobierno regional, según ha señalado hoy el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso.
Esta iniciativa forma parte del proceso de modificación del decreto de derechos y deberes del alumnado, vigente desde 2007, para adaptarlo a la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada en 2013, y en cuyo desarrollo reglamentario trabaja también la Consejería, ha señalado Alonso en el pleno de la Junta General del Principado.
El consejero ha señalado que la modificación del decreto de derechos y deberes estará lista para el comienzo del próximo curso y que, tras elaborar ocho borradores, su contenido está abierto ahora a aportaciones, pero sin perder su carácter educativo, preventivo y de defensa de la convivencia más que punitivo.
Alonso se ha expresado así en su respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, que ha lamentado el retraso del Gobierno en el desarrollo reglamentario de una ley que dotaba a los docentes de la consideración de autoridad pública y les otorgaba la presunción de veracidad en caso de conflicto.
«Sin desarrollo la ley queda en papel mojado», ha señalado García tras incidir en la necesidad de que los profesores tengan una protección jurídica activa y pasiva y cuenten con un protocolo de actuación para saber a qué atenerse en caso de conflicto.
Tras recordar que, según el sindicato ANPE, el pasado curso se registraron 39 denuncias por casos de violencia verbal en las aulas, dificultades para dar clase a causa del ambiente lectivo, amenazas o agresiones físicas de alumnos y familias, García ha señalado que la falta de garantías determina que muchos profesores renuncien a programar actividades extraescolares o viajes de estudios.