Javier Fernández advierte del peligro de usar la llingua para la confrontación

El presidente, opuesto a la oficialidad, reconoce que su aprobación en la FSA fue un proceso democrático pero insiste en que no se desarrollará en esta legislatura

El presidente del Principado, Javier Fernández, durante su intervención en la primera jornada del debate de orientación política general que se celebra en la Junta General del Principado
El presidente del Principado, Javier Fernández, durante su intervención en la primera jornada del debate de orientación política general que se celebra en la Junta General del Principado
Agencias
Redaccion

El debate sobre la oficialidad de la lengua asturiana regresó al pleno de la Junta General en la primera sesión del nuevo ejercicio durante el turno de las preguntas al presidente y planteada por la portavoz del PP, Mercedes Fernández, quien inquirió al jefe del Ejecutivo por el concepto de «oficialidad amable» (una expresión defendida por el secretario general del la FSA, Adrián Barbón). Javier Fernández reconoció que él no era partidario de la oficialidad, y recordó que no avanzaría en esa dirección durante esta legislatura ya que tal medida no se incluía en el programa electoral con el que ganó las elecciones. En todo caso recalcó que la apuesta por la oficialidad en el seno del PSOE asturiano se aprobó de un modo «perfectamente democrático» y advirtió además su preocupación por el hecho de que se esté utilizando la lengua asturiana como arma de la discusión política.

«La identidad de los asturianos no puede basarse en un elemento tan conflictivo como es la llingua» afirmó el presidente quien mostró su preocupación porque este asunto se convierta en un «elemento de confrontación más allá de lo normal en política». Javier Fernández también acusó a la presidenta del PP de mantener en esta cuestión un «discurso impostado» porque, según le ha recordado, los populares propusieron reformar el Estatuto para «hacer una cooficialidad diferida» y que esta cuestión pudiese ser aprobada por 23 de los 45 diputados de la Cámara, a lo que el PSOE se negó. Gracias a la posición socialista, según añadió, en la próxima legislatura si se sigue adelante con la declaración de oficialidad ésta deberá ser apoyada por tres quintos de la cámara.

«No soy partidario de la cooficialidad, pero sí de aplicar la Ley de uso y promoción del asturiano y a eso me comprometí en las elecciones y en ese marco se desarrolla la política lingüística de este Gobierno esta legislatura». Tras reiterar que no es partidario de la cooficialidad del asturiano y que, por lo tanto, no se ha encargado mucho de analizar los matices que puede derivarse de dicha declaración o de lo que puede ser una «cooficialidad amable», ha señalado que «se puede defender la electricidad y ser contrario a la silla eléctrica».

Durante el debate, la presidenta del PP afirmó que las nuevas directrices de la FSA sobre el asturiano están «favoreciendo que los radicales triunfen en sus posicionamientos ideológicos» y van a meter a Asturias en un «galimatías y en un laberinto socialista». En su opinión, el presidente sabe que «donde se establece la cooficialidad, empieza siempre igual y acaba siempre igual» y que cuando se declara, «se despliega un haz de derechos y obligaciones, que no tiene vuelta atrás».

Para Mercedes Fernández es preciso, por lo tanto, que esto se diga con claridad para que sepan los asturianos que «quienes juegan a la cooficialidad, que es un mundo de intereses», defienden su obligatoriedad. «Hace falta valentía», ha insistido la portavoz popular, tras asegurar que con el tema de la cooficialidad se ha metido en la agenda política asturiana un problema que no tenía.

En este sentido, Javier Fernández ha reconocido conocer a «alguna minoría» que tiene «otras intenciones» en la defensa de la cooficialidad, pero que «esos intereses» son diferentes a los que defienden los partidos partidarios de la oficilidad del asturiano. También remarcó que «no puede compartir esa posición» con su partido porque tiene muy claro que la cooficialidad supone que los poderes públicos deben proteger las lenguas de igual manera y que eso supone más presencia en los medios de comunicación, en las escuelas y en la administración sin «nadie pueda negar que eso comporta obligaciones».

En todo caso, el presidente de Asturias se ha mostrado «preocupado» por el hecho de que el uso de la lengua asturiana se convierta en un motivo de confrontación más allá de la política y sostiene que esto tiene mucho que ver en cómo se defienda desde el lado de los defensores como de los detractores.

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