Está acusada de ocultar el fraccionamiento de dos contratos menores y adjudicarlos a la misma empresa
14 feb 2018 . Actualizado a las 13:16 h.La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para una exjefa de servicio de la Consejeria de Educación acusada de un delito de prevaricación al ocultar el fraccionamiento de dos contratos menores y adjudicarlos a la misma empresa.
Según la Fiscalía, en noviembre de 2013 la entonces jefa de servicio de Formación del Profesorado y Apoyo a la Innovación Educativa solicitó oferta de contrato menor para la creación de una «Nueva Aplicación de Registro de Formación del Profesorado», con un presupuesto máximo de licitación de 17.999,99 euros.
El plazo para la conclusión del trabajo se fijó en el 20 de diciembre de 2013 y la propuesta de resolución fue firmada el 22 de noviembre resultando adjudicataria la empresa Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea.
En la misma fecha que el primer contrato, la acusada solicitó oferta de otro contrato menor, denominado «Servicio Electrónico para la Descarga de Certificados de formación», que tenía por objeto la creación de un servicio electrónico para descargar un certificado válido y legal de formación.
En este caso el presupuesto máximo de licitación se fijó en 12.000 euros, se dio de plazo para la presentación de proposiciones hasta el 20 de noviembre de 2013 a las 14:00 horas y el plazo para la conclusión del trabajo se fijó en el 27 de diciembre.
La propuesta de resolución fue firmada el 16 de diciembre de 2013 y la adjudicataria fue, de nuevo, la empresa Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea y, según la Fiscalía, ambos se tramitaron de forma separada y como contratos menores «pese a que existía una interrelación funcional entre ambas aplicaciones».
Las solicitudes se hicieron el mismo día y se fijó el mismo plazo de presentación de ofertas y finalización de trabajos y, pese a ello, se enviaron a la Secretaria General Técnica con la tramitación en fechas distintas para que el servicio de contratación «no pudiese detectar la existencia de un posible fraccionamiento contractual».
De esta forma, según la Fiscalía, se vulneró lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y se infringieron los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.
El 27 de diciembre de 2013 la acusada conformó las facturas presentadas por la empresa para el cobro de los servicios contratados, pese a que en esa fecha ninguno estaba ejecutado.
Casi un año después ambas aplicaciones aún estaban en fase de pruebas lo que llevó a la jefa de Servicios de Gestión Económica a proponer practicar liquidación de ingresos de derecho público de carácter no tributario para resarcir a la Hacienda Pública de gastos pagados sin que se hubiera recibido la prestación.