El secretario general morado, Daniel Ripa, afirma que el informe de la UCO indica que hubo «dejación de funciones» por parte del Principado
13 feb 2018 . Actualizado a las 12:38 h.El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha señalado hoy que el informe enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juzgado que investiga el presunto fraude cometido por UGT con los fondos de formación constata que hubo «dejación de funciones» por parte del Principado.
El documento cifra en 1,35 millones de euros el presunto fraude cometido durante cinco años (2010-2014) al destinar parte de las subvenciones para formación a otros fines como el pago de nóminas. En rueda de prensa, Ripa ha señalado que las presuntas irregularidades detectadas por la UCO han sido identificadas «con facilidad» pese a que los supuestos hechos delictivos «pasaron desapercibidos durante más de una década» para la administración autonómica, que aportaba las subvenciones.
Ante las novedades que presenta el caso, el dirigente morado ha avanzado que su partido pedirá que la Junta General impulse la puesta en marcha de la comisión parlamentaria de investigación constituida en marzo del año pasado y presidida por el portavoz de Podemos en la Cámara, Emilio León.
Dicha comisión no ha iniciado sus tareas en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre los grupos para no poner en marcha ninguna investigación parlamentaria en tanto no se cerrase las ya abiertas y actualmente está pendiente de que concluya sus tareas con el debate y la votación del dictamen la relativa a la empresa pública Gitpa.
«La comisión de Gitpa está terminada a la espera de que el PP --formación que la preside-- trabaje un poco, se ponga las pilas y haga el informe como hicimos nosotros con la de listas de espera», ha apuntado Ripa, que ha advertido de que sería «incomprensible» que el parlamento regional «mirase para otro lado» y no investigase.
A su juicio, el juzgado que instruye la causa debe encargarse de «juzgar» los hechos, pero la Junta General debe determinar las posibles irregularidades en el Principado al no supervisar el uso de las subvenciones concedidas a UGT para formación de parados.
Así, según Ripa, se debe aclarar si esta situación «tiene algo que ver con las puertas giratorias entre el PSOE y UGT» y estudiar sus consecuencias sobre la generación de empleo dado que los fondos se dedicaban «a comprar locales de cooperativas en quiebra o comprar un coche para el secretario general» del sindicato.
Para el dirigente de Podemos el borrado de discos duros en ordenadores de la sede ugetista, que ha comparado con lo ocurrido en el PP con el caso Bárcenas, ha «limitado» la investigación, pero ha advertido de que podría ampliarse a otras subvenciones para igualdad o inmigración dado que los fondos para formación se utilizaban para pagar la seguridad en la sede de UGT.
El informe de la UCO mantiene que el presunto fraude procede en casi 850.000 euros de la propia UGT-Asturias mientras otros 504.000 euros estarían vinculados a la fundación IFES lo que supone unos 43.000 euros más de los que se habían calculado inicialmente.
Entre la documentación que maneja la UCO tras el registro que efectuó a la sede central de UGT de Asturias en enero de 2017 se encuentran recibos de seguridad y vigilancia de la sede central del sindicato en Asturias, así como una serie de discos duros dañados.
La investigación, que se inició tras una denuncia de la Fiscalía en 2015, llevó a la detención del ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga y cinco trabajadores más del sindicato durante veinticuatro horas tras el registro realizado para requisar documentación relacionada con el caso