Oviedo

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola, ha afirmado este que el Ejecutivo autonómico, y en concreto el Servicio Público de Empleo (Sepepa) no era «capaz» de comprobar si la documentación ofrecida por UGT y la fundación Ifes sobre cursos de formación era falsa. Averiguarlo, ha dicho, «corresponde a la investigación penal y no a la administrativa porque no hay capacidad ni medios para verificarlo».

En una respuesta parlamentaria, Pola ha asegurado que en el ámbito administrativo, el Sepepa sí ejercía control sobre el cumplimiento de las subvenciones recibidas para formación entre 2010 y 2014. Así, ha recordado que fue el propio Gobierno autonómico el que revocó subvenciones para formación a UGT durante el periodo investigado por importe de 347.000 euros. Además, ha puntualizado que el Principado está presente en el proceso como acusación particular desde enero de 2016 por este asunto.

Otra cosa es, según ha explicado, la investigación penal abierta relativa a un presunto fraude de 1,35 millones de euros que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En este caso Pola ha explicado que el Sepepa colabora «de forma activa» con la investigación incorporando la documentación que la UCO va solicitando. Para zanjar el tema, el consejero ha leído parte del informe de la UCO donde se afirma que no se ha podido determinar que los cursos no se hayan impartido.

Por su parte, el diputado de Podemos en la Junta Daniel Ripa ha considerado «indigno» que en los periodos de mayor crisis económica del país, hubiese subvenciones para colectivos vulnerables que se hayan destinado «a otros fines». Además ha lamentado que el informe de la UCO revele que «no sólo el PP utilizó la estrategia de dañar ordenadores a martillazos» con el caso Bárcenas, sino que también lo habrían hecho responsables del sindicato antes de que se registrase su sede en Oviedo.

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El Principado no tiene herramientas para comprobar los papeles sobre los cursos de UGT