Bañuelos afirma que confió que un bufete de «primera magnitud» no le ofrecería realizar algo ilegal
26 feb 2018 . Actualizado a las 13:16 h.El exdirector de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (Gitpa), Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ha declarado hoy que a la hora de elaborar los contratos por unos servicios extraordinarios en 2009 actuó bajo el consejo y las directrices de Garrigues, despacho que llevaba el asesoramiento jurídico de la empresa. Gitpa realizó dos contratos para la implantación de la TDT en el Principado en 2009 por el importe máximo de un contrato menor, 18.000 euros, aunque la Fiscalía ve indicios de que eran dependientes, por lo que entiende que ha habido un delito de fraccionamiento de contratos para evitar su salida a concurso público.
Sin embargo, durante el juicio que hoy se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, Bañuelos ha defendido que eran dos encomiendas distintas, con plazos, trabajos y licitaciones diferentes, y ha reiterado que la propuesta de elaborar los dos contratos nació de Garrigues, «un despacho de primer orden en el que tenía plena confianza». Bañuelos, acusado de un delito de prevaricación por un presunto fraccionamiento de contratos y para el que la Fiscalía pide 8 años de inhabilitación, ha explicado que Garrigues llevaba el asesoramiento jurídico de Gitpa desde 2006, y que cobraba mensualmente lo acordado en los presupuestos anuales por el Consejo de Administración. Sobre este asunto, ha apuntado que en octubre de 2008 recibió la encomienda por parte del Principado de la instalación de la TDT en el Principado, algo puntual, y a sólo quince meses del apagón analógico, por lo que se trataban de unos trabajos de extrema necesidad y urgencia. En el momento en el que traspasaron el proyecto a Garrigues, Bañuelos ha relatado que sus servicios jurídicos le informaron que dichas actuaciones excedían lo acordado, por lo que realizaron una oferta para llevar a cabo el asesoramiento del mismo.
El exdirector de Gitpa ha asegurado que fue el propio despacho quien le propuso realizar dos contrataciones por el precio de 18.000 euros cada uno, y que confió en que un bufete de primera magnitud no le había propuesto nada ilegal. Además, ha insistido en que a la hora de aceptar primó la urgencia del servicio, ya que sin el visto bueno del asesoramiento jurídico no podía elaborar los pliegos del mismo, y quedaba muy poco tiempo para el apagón analógico.