La esterilización forzosa es legal: 34 asturianas intervenidas en una década

La Fundación Cermi Mujeres lanza una campaña para tratar de ilegalizar esta práctica. Los colectivos del Principado destacan la importancia de fomentar la educación sexual y el conocimiento de los derechos

Campaña para poner fin a la esterilización forzosa de las muejres y niñas con discapacidad
Campaña para poner fin a la esterilización forzosa de las muejres y niñas con discapacidad

Redacción

En pleno siglo XXI, en España y en Asturias, la esterilización forzosa es legal. Los juzgados dan fe de ello. En el Principado, en los últimos once años, se ha practicado a un total de 34 mujeres. Es decir, los juzgados han autorizado 34 extirpaciones de órganos sexuales femeninos. En todo el país, el balance roza el millar. No obstante, la estadística muestra una tendencia a la baja. En los cuatro últimos ejercicios la cifra se ha situado por debajo de 80 al año, mientras que, por ejemplo, en 2010, llegaron a ser 127. En el Principado, en 2016, el último con datos oficiales, en el Principado no hubo ninguna. Este avance no es suficiente para la Fundación Cermi Mujeres España que ha comenzado una campaña para tratar de mentalizar a la sociedad de la necesidad urgente de acabar con estas prácticas. Un cambio de mentalidad es el primer paso para ganar la batalla legal. Su argumento es claro y directo: «Con independencia de que sea una decisión judicial la que autorice la esterilización, si no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir carece de ética». El hecho de que sea legal, a su juicio, no oculta una cruda realidad, una mujer con discapacidad puede ser sometida a una intervención médica innecesaria y no terapéutica para quitarle un órgano esencial para su salud sexual y reproductiva.

La primera razón para iniciar la campaña es, por tanto, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Pero la Fundación también esgrime motivaciones de otra índole, sanitarias y sociales. Está clínicamente demostrado que, además de la incapacidad para reproducirse, la esterilización a una edad temprana puede provocar problemas con la menopausia, osteoporosis o enfermedades cardiovasculares. Pero lo que es más grave para Cermi «es que incrementa la vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con discapacidad ante los abusos sexuales». Trata de desterrar algunos falsos mitos a los que se suele recurrir para justificar la decisión judicial de apoyar la intervención, como por ejemplo el bien que se causa a la sociedad «basándose en la carga que supone tener que cuidar a un niño defectuoso, o la presunta incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres».

Para que no quepa ninguna duda sobre qué se está hablando, lo primero que hace Cermi es definirlo. El término esterilización comprende «cualquier proceso o acto que produzca en una persona la incapacidad permanente de reproducción sexual». La esterilización forzosa, por su parte, se refiere «a la realización de este procedimiento sin el conocimiento, el consentimiento o la autorización de la persona que se ve sometida a esta práctica, y cuando se realiza sin que exista una amenaza o riesgo serio para la salud o para la vida». Esta es la intervención a la que se sometió a 34 asturianas. Cermi denuncia que constituye un acto de violencia, una forma de control social, y una vulneración del derecho a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que padecen, fundamentalmente, niñas y mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial.

Visión asturiana

El movimiento asociativo vinculado a la discapacidad en el Principado aborda el tema con la máxima cautela. Las organizaciones consultadas por LA VOZ señalan que es un tema que está dentro de la esfera privada de las personas y que no les han llegado denuncias de asociados. Algunos portavoces han oído hablar de casos pero no se atreven a dar detalles. No conocen ni los expedientes judiciales ni tampoco los motivos por los que se han podido promover. Al margen de los procesos de esterilización resueltos por los tribunales, que es lo que denuncia Cermi, existen otro tipo de presiones de baja intensidad. Reconocen que puede haber parejas en las que uno o los dos miembros son personas con discapacidad, que quieren ser padres y puede pueden sufrir la incomprensión de su familia o de su entorno. Solo aquellos que tienen las ideas más claras son los que siguen adelante. No obstante, creen que la sociedad está más madura y que este tipo de situaciones cada vez se producen menos. 

A Casilda Sabín, de Plena inclusión Asturias, no le gusta el término esterilización forzosa porque le recuerda a otros momentos históricos muy duros que nada tienen que ver con la sociedad actual. No obstante, hace hincapié en la necesidad de seguir mejoran la educación sexual de las personas con discapacidad y la formación de los técnicos y de las propias familias. Otros grupos aportan un concepto más: el empoderamiento, que supone decidir una trayectoria vital y poder llevarla a cabo. Eso requiere informar más y mejor sobre los derechos individuales de las personas para que puedan ejercerlos de forma plena. 

En esta línea, poniendo de relieve la necesidad de formación, Plena inclusión Asturias acaba de organizar un taller en el que 40 mujeres con discapacidad intelectual pudieron manifestar sus dudas o situaciones en las que consideran se han vulnerado sus derechos. Con este tipo de acciones, el colectivo quiere sensibilizar sobre la importancia del empoderamiento de la mujer con discapacidad intelectual como herramienta imprescindible para el desarrollo de su proyecto personal de vida.  

Testimonios

Respetando la privacidad de las víctimas de la esterilización, el informe publicado por la Fundación Cermi Mujer realiza una recopilación de testimonios de víctimas. Uno de los más duros es el de una joven con discapacidad auditiva que intentó formar su propia familia: 

«La mujer era sorda, pero sus padres oían. Existían barreras de comunicación entre la mujer y sus padres, porque ellos no sabían lengua de signos. Se casó con un hombre sordo, y la pareja decidió formar una familia juntos. Tras un tiempo en el que intentó quedarse embarazada sin éxito, la pareja acudió al médico para hacerse pruebas de fertilidad. El marido realizó todas las pruebas, y los médicos confirmaron que era capaz de tener hijos. Sin embargo, a la mujer la sometieron a pruebas más rigurosas, y al final descubrieron que unos años antes, siendo ya mayor de edad, la habían esterilizado. No sabía nada. Preguntó a su madre, que le respondió que el médico pensaba que la esterilización era la mejor opción para evitar la transmisión del gen de la sordera a la siguiente generación de la familia. Le habían practicado una esterilización sin ningún tipo de información, y sin que contara con el apoyo de un intérprete de lengua de signos. No habría servido de ayuda contar con información por escrito, ya que el nivel de alfabetización de la mujer no habría resultado adecuado para entender el texto. Con el paso del tiempo, la mujer ha tenido que asumir esta situación. Ha adoptado un niño».

El resto de los relatos son igual de duros. Cuentan casos de mujeres que denuncian bloqueo emocional, de otras que han perdido su identidad sexual o que conviven con el dolor que les ha dejado la intervención. Relatan experiencias de jóvenes que sienten poca autoestima, que padecen los síntomas de la menopausia o que tienen miedo a que les rechace su pareja. Algunas lo describen como «una violación».  

Qué quiere Cermi 

 El catálogo de recomendaciones de Cermi es muy amplio. La prioridad es que los estados prohíban toda esterilización forzosa, así que hay muchos frentes que atajar. Pretende que la Unión Europea (UE) investigue las esterilizaciones forzosas en su territorio, ratifique el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y que adopte medidas en materia de política de salud pública que garanticen la protección de la integridad de todas las personas con discapacidad. A los países miembros les impone las mismas tareas, además de avanzar en el consentimiento informado sobre todos los temas relacionados con la salud reproductiva. También la base social formada por las organizaciones civiles tiene un papel crucial. Los colectivos de personas con discapacidad, y especialmente las de mujeres con discapacidad deben pelear por conseguir un cambio en las políticas de estado y, al mismo tiempo, diseñar todo tipo de servicios de apoyo a las víctimas.

«La práctica de la esterilización forzosa forma parte de un patrón más amplio de denegación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Esta denegación incluye también la exclusión de manera sistemática de los sistemas de atención a la salud reproductiva y sexual, restricciones en la elección de métodos anticonceptivos voluntarios, una focalización en la supresión menstrual, una atención deficitaria durante el embarazo y en el parto, abortos involuntarios, y la denegación del derecho a ser madre», lamenta Cermi. De ahí que considere «vital» proporcionar los medios y apoyos necesarios que permitan a esas mujeres ejercer estos derechos.

¿Se esteriliza también a varones con discapacidad en España? La Fundación reconoce que también se está produciendo en España y que es necesario abordarlo. No obstante, precisa que se registra con menor frecuencia que en las mujeres. Esa es la razón por la que el informe que acaban de publicar se centra en la situación de las mujeres y niñas con discapacidad y no en los varones.

 Argumentos legales

Visto que en España es legal, el documento del Cermi realiza un exhaustivo barrido de la normativa internacional y de los tratados firmados. La esterilización forzosa, por ejemplo, constituye un delito según la definición que se recoge en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Algo parecido sostiene el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha reconocido que la esterilización forzosa de las niñas con discapacidad constituye una forma de violencia. Por eso espera que los estados que son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíban por ley la esterilización forzosa de menores. 

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas identificó tres áreas principales de preocupación al respecto de la protección de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad: la violencia; la salud y los derechos sexuales y reproductivos; y la discriminación. Destacó que, con frecuencia, suele hacerse caso omiso de las preferencias de las mujeres con discapacidad, y en particular de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual.

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