«La oficialidad es un compromiso para las administraciones, no una obligación para los ciudadanos»

El letrado del Constitucional José Manuel Pérez defiende los beneficios de este marco jurídico en el seminario organizado por Iniciativa pol Asturiano, con casi 200 participantes


Redaccion

Este mediodía han tenido lugar las segundas jornadas del seminario organizado por Iniciativa pol Asturianu bajo el nombre de «Oficialidá, el camín constitucional de futuru pal asturianu». La iniciativa, que ha contado con 190 inscritos, se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo durante los días 2 y 3 de marzo. Su principal objetivo: mostrar a la sociedad asturiana las consecuencias y beneficios de la inclusión del estatuto de oficialidad en el estatuto de autonomía. Para ello, expertos y conocedores de la realidad asturiana han acudido en defensa de la llingua, para dar su visión y perspectiva de la situación.

«La oficialidad es un compromiso para las administraciones, no una obligación para los ciudadanos», así defendía el letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez el paso al proceso de oficialización del asturiano y recordaba que esta vía no supone una imposición para ningún ciudadano. Del mismo modo, insistió en que la oficialidad no supondría a los funcionarios la obligación de saber asturiano, pero sí que se podría establecer el asturiano como requisito para determinados puestos o valorarlo como un mérito más. Dentro de este marco jurídico de oficialización, el letrado insistió en la ausencia de un modelo único. «Cada territorio tiene que desarrollar su propio modelo de oficialidad», zanjaba.

En esta misma dirección enfocaba su ponencia el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón Rodríguez Riaño, «L'alministración tien que garantizar el conocimientu de les llingues pa que depués los ciudadanos tengan la llibertá d'usales o non», reclamaba así la edición bilingüe del BOPA y del boletín de la Junta General. Aprovechó también para declarar un rotundo consenso por la oficialidad, aportando un tono realista en su discurso. «Nun la vamos tener a plenu rendimientu nos próximos ocho años», declaraba, y defendía de este modo una instauración por fases. Apostó, asimismo, por trasladar la oficialidad a los concejos con entes supralocales de normalización. Destacó también el avanzado estado del proceso de oficialización de la toponimia tradicional, pero reclamó una normativa que permita garantizar su uso. Rodríguez Riaño recurrió a la constitución para realizar un último llamamiento. «Nosotros somos los constitucionalistas, porque queremos que s'aplique la Constitución al ámbitu llingüísticu».

El escritor Xuan Bello mandaba un mensaje apaciguador al grupo popular, que se ha posicionado claramente en contra y a favor de colectivos que rechazan el proceso: «Nun somos contrincantes. Somos vecinos, ciudadanos». Se mostraba también positivo ante la problemática lingüística, «yo creo qu'agora sí vamos tener oficialidá y va ser exemplar y una referencia pa les demás».

El profesor de Economía aplicada Xosé Alba aprovecho su ponencia para desmentir el atraso económico que supondría la cooficialidad. «Que tener llingua oficial ye un atrasu ye mentira, y muy gorda. Amás, Nun hai argumentos económicos pa refugar la oficialidá». Las jornadas, que contaron con la presencia del rector Santiago García Granda, que ya se ha mostrado partidario del proceso en alguna ocasión.

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