«La oficialidad es un compromiso para las administraciones, no una obligación para los ciudadanos»

Claudia Granda REDACCION

ASTURIAS

El letrado del Constitucional José Manuel Pérez defiende los beneficios de este marco jurídico en el seminario organizado por Iniciativa pol Asturiano, con casi 200 participantes

17 mar 2018 . Actualizado a las 12:55 h.

Este mediodía han tenido lugar las segundas jornadas del seminario organizado por Iniciativa pol Asturianu bajo el nombre de «Oficialidá, el camín constitucional de futuru pal asturianu». La iniciativa, que ha contado con 190 inscritos, se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo durante los días 2 y 3 de marzo. Su principal objetivo: mostrar a la sociedad asturiana las consecuencias y beneficios de la inclusión del estatuto de oficialidad en el estatuto de autonomía. Para ello, expertos y conocedores de la realidad asturiana han acudido en defensa de la llingua, para dar su visión y perspectiva de la situación.

«La oficialidad es un compromiso para las administraciones, no una obligación para los ciudadanos», así defendía el letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez el paso al proceso de oficialización del asturiano y recordaba que esta vía no supone una imposición para ningún ciudadano. Del mismo modo, insistió en que la oficialidad no supondría a los funcionarios la obligación de saber asturiano, pero sí que se podría establecer el asturiano como requisito para determinados puestos o valorarlo como un mérito más. Dentro de este marco jurídico de oficialización, el letrado insistió en la ausencia de un modelo único. «Cada territorio tiene que desarrollar su propio modelo de oficialidad», zanjaba.

En esta misma dirección enfocaba su ponencia el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón Rodríguez Riaño, «L'alministración tien que garantizar el conocimientu de les llingues pa que depués los ciudadanos tengan la llibertá d'usales o non», reclamaba así la edición bilingüe del BOPA y del boletín de la Junta General. Aprovechó también para declarar un rotundo consenso por la oficialidad, aportando un tono realista en su discurso. «Nun la vamos tener a plenu rendimientu nos próximos ocho años», declaraba, y defendía de este modo una instauración por fases. Apostó, asimismo, por trasladar la oficialidad a los concejos con entes supralocales de normalización. Destacó también el avanzado estado del proceso de oficialización de la toponimia tradicional, pero reclamó una normativa que permita garantizar su uso. Rodríguez Riaño recurrió a la constitución para realizar un último llamamiento. «Nosotros somos los constitucionalistas, porque queremos que s'aplique la Constitución al ámbitu llingüísticu».