Javier Fernández emplaza a los partidos a tramitar lo antes posible los créditos extraordinarios
ASTURIAS
El presidente pide responsabilidad para poder aprobar ya el crédito de 111 millones
09 mar 2018 . Actualizado a las 13:10 h.El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que los servicios públicos y la calidad asistencial actual está garantizada, pese a la prórroga presupuestaria, aunque ha pedido a los grupos responsabilidad para poder aprobar cuanto antes el crédito extraordinario de 111 millones «que es tan necesario».
El jefe del Ejecutivo asturiano se ha pronunciado en estos términos al responder hoy en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en la que le pedía que explicase qué consecuencias va a tener en el plano social e inversión la prórroga de los presupuestos del Principado de 2017.
Según Llamazares, la prórroga encadenada de Asturias, sumada a la de los presupuestos del Estado y al ajuste de la contratación pública supone un claro recorte al que posiblemente haya que añadir nuevos compromisos presupuestarios derivados, por ejemplo, de la equiparación salarial de los funcionarios.
«Hay una situación presupuestaria muy comprometida», ha afirmado el portavoz de IU, que ha planteado la necesidad de contar con un sistema fiscal progresivo que permita atender las necesidades de los «menestrales que están en la calle pidiendo igualdad social y mejores pensiones, y eso se consigue con un sistema fiscal progresivo».
En su opinión, el crédito extraordinario planteado por el Gobierno también «debe tener ambición social, cumplir con los compromisos sociales y abordar la inversión pública».
Fernández ha recordado a IU que «rechazar un presupuesto tiene consecuencias» y que, por tanto, habrá que asumir que esto supone que el Gobierno va a contar, en principio, con menos recursos.
Así, el presidente ha recordado que el presupuesto prorrogado ascendía a 4.213 millones de euros, 272 millones por debajo de los que recogía el proyecto de ley que había diseñado para 2018 y que no fue aprobado.
En su opinión, no se puede votar en contra y luego desentenderse de las consecuencias que, se verán agravadas además por la decisión del Estado de retener 116 millones de euros de la financiación autonómica.
Ha recordado que el salario social precisará este año de unos 15 millones de euros más y que pueden perderse otros 13 millones de políticas activas de empleo por esta coyuntura.
Del crédito extraordinario de 111 millones, ha recordado que una parte irá dedicada a gasto social y educativo, y otra a inversiones tecnológicas, sanitarias, en la universidad, carreteras y puertos, así como para hacer frente a la amortización de deuda.