La izquierda pacta el crédito extraordinario y el Gobierno espera contar también con el PP

De los 111 millones totales, 51 se destinarán a inversión y se incluye la rebaja del 50% en las matrículas de la escuela de 0 a 3 años

Dolores Carcedo y Guillermo Martínez
Dolores Carcedo y Guillermo Martínez

Redaccion

El Consejo de Gobierno presentó este jueves su ley de financiación, por un valor de 111,3 millones de euros, un crédito extraordinario destinado a «paliar las consecuencias de la prórroga presupuestaria», según destacó el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, y también la retención de las entregas a cuentas decidida por el Gobierno central que desde el Principado se considera una prórroga añadida con la falta temporal de 116 millones para la financiación autonómica. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, destacó que cuenta ya con el respaldo de Izquierda Unida y Podemos para sacar adelante la ley en el parlamento y que también mantiene «abiertos» los contactos con el PP para ampliar los apoyos. Se trata de una carrera contrarreloj, según destacó Carcedo, quien señaló que el Gobierno pedirá que se tramite por procedimiento de urgencia y también por lectura única para tratar de agilizar lo máximo posible la entrada en vigor de la ley.

«Todos somos consciente de la importancia de que la ley esté en marcha cuanto antes», destacó Carcedo quien apuntó que la norma plantea «un instrumento» para poder desarrollar inversiones apurando todos los plazos legales a la espera de que las retenciones procedentes del Estado terminen por llegar a lo largo del año si se desbloquea la aprobación de los presupuestos generales en el Congreso. De esta manera se podrán agilizar los trámites previos a todas ellas para ejecutarlas una vez que lleguen esas partidas. De no ser así tendrán que modificarse para cumplir «la obligación constitucional» de pagar la deuda.

Al acuerdo con Izquierda Unida se sumó a última hora del martes también Podemos que consideró suficiente la reducción de un 50% de la cuota de las matrículas para las escuelas de 0 a 3 años. Se trata en realidad de la misma medida incluida en los presupuestos que los morados se negaron a apoyar reclamando que se garantizara el su gratuidad completa para las familias que ya habían solicitado la plaza. La consejera de Hacienda descartó valorar el cambio de posición de Podemos y señaló en todo caso que, tras el fracaso de la negociación presupuestaria en diciembre, esta es «una segunda oportunidad» tanto para la red de la escuela infantil como para las inversiones previstas.

Salario Social, deuda e inversión

En concreto, los 111 millones (posibles gracias al mayor margen de endeudamiento dotado a la comunidad en este año) se repartirán en tres grandes ejes: el primero de ellos, de 15 millones, se destinarán a hacer frente a las necesidades del Salario Social (de hecho en este mismo Consejo de Gobierno se aprobó destinar 109,1 millones de euros para el abono de esta prestación este año); el segundo bloque, de 44,9 millones se destinará a la amortización de la deuda «para evitar que haya que hacer ajustes sobre la propia prórroga»; y un tercer eje, de 51, 4 millones se centrará en la inversión.

De este último apartado, la consejera de Hacienda  señaló que 17,5 millones irán a financiar actuaciones en el medio rural, hasta 6,2 millones se destinarán a la prevención de incendios y medio millón a paliar los efectos de los fuegos del año pasado que afectaron especialmente a concejos del suroccidente. En renovación tecnológica, el crédito permitirá sumar 5,4 millones a los 16,6 de la prórroga para extender la red de banda ancha y terminar «con las áreas blancas»; mientras que se destinarán 3 millones a ayudas a inversiones en empresas y 1,8 para impulsar la economía baja en carbono.

La ley de financiación destina 7,4 millones a infraestructuras entre las que los consejeros resaltaron 2,8 para la mejora de centros sanitarios y 1,3 para centros educativos --que se concentrarán en los institutos de La Corredoria, La Fresneda, La Florida y el Rey Pelayo en Cangas de Onís-- también habrá 600.000 euros para actuaciones en sedes judiciales.

Carcedo destacó que de estos 51 millones de inversión, 27,6 están condicionados a la recepción de las entregas a cuenta ahora congeladas por el gobierno central (y que suponen un monto global de 116 millones). En el caso de que no llegaran o llegara una cantidad menor, la consejera apuntó que se tendría que adecuar el gasto para garantizar el pago de la deuda.

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