El tijeretazo del Gobierno dejó el año pasado sin prestaciones a casi 2.200 asturianos. El Observatorio suspende la atención en el Principado
21 mar 2018 . Actualizado a las 18:57 h.El real decreto 20/2012. Pocas normativas han tenido una repercusión tan profunda en tantos campos diferentes al mismo. Detrás de esos números se esconden las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobadas por el PP en plena crisis económica. Es el tijeretazo que impidió a las administraciones convocar oposiciones y también el que dejó herido al recién estrenado sistema nacional de la dependencia. Seis años después, todavía se puede cuantificar el tamaño de esa herida. El Principado ha dejado de recibir 71,3 millones de euros. Solo el año pasado, el Gobierno del Principado no ingresó 12,7 millones de euros. Este dato global tiene consecuencias directas sobre las personas. Con ese dinero se habría atendido a 2.176 dependientes asturianos más y haber creado casi 400 puestos de trabajo.
Esos son algunos de los datos publicados en la edición número 18 del dictamen del Observatorio de la Dependencia, un informe periódico que realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos facilitados por las propias administraciones. El Principado es, de hecho, una de las comunidades más castigadas económicamente, donde el Gobierno regional ha tenido que asumir un mayor peso por el modo en el que el Estado ha diluido sus funciones. De los 139 millones que se necesitan al año, los beneficiarios aportan el 16,2%; la Administración General del Estado, el 15,6% y el 68,1% restante el Ejecutivo asturiano.
Este esfuerzo no se traduce, sin embargo, en un éxito total. Asturias se encuentra entre las comunidades que obtienen una nota peor, con un 3,21 sobre 10. El resultado es malo pero muy pocas comunidades aprueban. De hecho, la nota media nacional no llega al cinco. Los directores se detienen en el análisis y destacan los puntos fuertes y los débiles del sistema de la dependencia en el Principado. La parte positiva radica en que se ha reducido el limbo, que es esa tierra de nadie en la que se encuentran muchos dependiente con el derecho reconocido que pasan semanas o meses a la espera de recibir la prestación. Ese limbo atrapa al 24,5% de los beneficiarios españoles y al 13,9% de los asturianos. Lo negativo consiste en la baja tasa de cobertura. La región, con una población muy envejecida, tiene un importante número de habitantes que serían usuarios potenciales del sistema y que, sin embargo, están fuera. En porcentaje, indica que solo llega al 7,12% de la población.
A Asturias le queda mucho camino por recorrer pero el Observatorio reconoce una tendencia positiva. Los datos básicos revelan una mejora sostenida en los últimos ejercicios, que no se ciñe únicamente al ejercicio de 2017, que es básicamente en el que se centra el último informe. Hay más solicitudes -36.927 a fecha 31 de diciembre-, más peticionarios valorados, más asturianos con el derecho reconocido, más beneficiarios recibiendo la prestación, más servicios en marcha y menos en espera. Todos los servicios se han incrementado, reconocen los directores, pero sobre todo la ayuda a domicilio y las plazas residenciales. Esta parte del informe también tiene una cara negativa. Los servicios de bajo coste, como son los de prevención, son los segundos con más peso en el Principado, con un 22%, muy por encima del 4% que representa en la media nacional.
Hay otra forma de analizar el sistema de la dependencia, al margen de las prestaciones sociales. Se puede medir el impacto económico que genera. Los directores consideran que es fundamental poder cuantificar ese retorno que genera. La red de prestaciones permite sostener 4.300 puestos de trabajos directos, de los que 340 son nuevos de 2017. Sin el tijeretazo del PP en 2012, la cantidad sería muy superior. Solo el año pasado se habrían firmado unos 400 contratos más, sin contar el empleo indirecto que puede canalizar. Podría ser incluso más. Los profesionales explican que por cada millón de euros invertidos en dependencia se tendrían que generar 36 empleos. Si esa regla se cumpliese en el Principado habría más de 5.000 profesionales.
El informe calcula además los retornos por vía impositiva que recibe el Estado. En el caso del Principado, los directores señalan que la Administración del Estado aporta 26 millones de estado pero recupera 52 millones, entre las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF de los trabajadores o la recaudación del IVA de los servicios prestados. En porcentaje, implica que el Estado recupera y se embolsa el 37,28% del total del gasto público generado.