Siete asociaciones de profesionales reclaman independencia y modernización de la Justicia coincidiendo con las reivindicaciones del sector a nivel nacional
05 abr 2018 . Actualizado a las 22:42 h.Los jueces, magistrados y fiscales del Principado sentencian injusticas fuera de los juzgados. Su situación laboral ha ido empeorando progresivamente, se ha quedado obsoleta en algunos aspectos y su independencia es, en ocasiones, una ilusión frente a la falta de objetividad a la hora de designar a los altos cargos judiciales, entre otras irregularidades. Siete asociaciones judiciales (Asociación profesional de la magistratura, Asociación judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la democracia, Foro Judicial Independiente, Unión de fiscales, Asociación profesional independiente de fiscales y Asociación de fiscales) se han manifestado esta mañana en la Biblioteca del edificio de la Audiencia Provincial para mostrar su indignación y cansancio ante una administración que hace oídos sordos a sus requerimientos. «No estamos reivindicando ni más ni menos que el resto de funcionarios públicos», asegura Juan Carlos García (Asociación profesional de la magistratura), «tan solo queremos recuperar el sistema que teníamos en mayo de 2010».
La jueza decana de Oviedo, Pilar Martínez, y la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, han leído el manifiesto acordado para toda España, en el que el sector reclama un amplio abanico de exigencias, desde un plan de inversión suficiente que garantice el incremento de las plazas convocadas de cara a los próximos cuatro años, pasando por el respeto a la independencia y la huida de la precarización de la profesión como consecuencia del sistema de prácticas formativas.
Sus peticiones adquieren peso a la hora de cuestionar su sistema de retribuciones que, además de verse reducido, afirman que «no se adecúa a la responsabilidad inherente de cada función». A ello se suman la pérdida de vacaciones y permisos. Como apunta Miguel Rodríguez Marcos, de la Asociación de fiscales, «no puede ser que seamos los únicos funcionarios que sigan teniendo 15 días de permiso de paternidad frente a los 30 del resto de los empleados públicos». Otra de las áreas donde hace falta que la administración se inmiscuya es en la igualdad de género y representatividad de los vocales judiciales, que han de ser elegidos por los propios profesionales «y alejarse del politiqueo», comenta García; y la estipulación de la carga máxima de trabajo, carente de regulación.
Asimismo, consideran que se mueven en un territorio obsoleto, aspecto que, a su juicio, afecta a su labor: «Exigimos un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo».
En el manifiesto, jueces y fiscales secundan el calendario de movilizaciones acordado el pasado cinco de marzo por las siete asociaciones, que ha arrancado hoy con concentraciones en las sedes judiciales de toda España, a las que seguirán paros parciales de una hora (entre las 12:00 y las 13:00 horas) que darán comienzo el 19 de abril y se repetirán todos los jueves durante un mes. En abril habrá una concentración en Madrid y, de no haber respuesta a las peticiones del sector, se convocará una huelga el 22 de mayo.