El documento, que prevé elevar el reciclaje de residuos al 50%, ha sido aprobado hoy de forma definitiva
25 abr 2018 . Actualizado a las 14:17 h.El Plan de Residuos del Principado 2017-2024, que prevé elevar en dos años del 27% actual al 50% el reciclaje de los residuos generados en Asturias, mantiene como última opción la incineración de basuras no reciclables en los casos en que no se puede llevar a cabo su valorización química para convertirlos en combustibles. Tras varios años de polémica por previsión inicial del Gobierno de construir una incineradora -ahora descartada- y por la anulación del anterior texto por los tribunales, el documento ha sido aprobado hoy de forma definitiva por el Ejecutivo asturiano una vez superado el periodo de información pública en el que recibió 406 alegaciones.
El texto, que persigue reducir hasta 2020 en un 10% el conjunto de residuos generados y prevé inversiones de 118 millones, contempla que la denominada «fracción resto» -los residuos mezclados que se depositan directamente en el vertedero central- sean tratados en una nueva planta de recuperación del material reciclable y sirvan para elaborar el Combustible Sólido Recuperado (CSR). Dicho CSR sería utilizado después para su valorización preferentemente química para su conversión en combustibles de segunda generación u otros compuestos químicos y se contempla también la posibilidad de su almacenamiento temporal en las instalaciones de Cogersa durante un periodo de dos años. En caso de que esa primera opción fuese inviable económicamente, existiese un déficit temporal de mercado o no se dispusiese de las infraestructuras necesarias, el plan prevé recurrir a la quema de estos residuos en centrales térmicas u otras instalaciones industriales en Asturias o en incineradoras de fuera de la región.
Cogersa recibió en 2017 más de medio millón de toneladas de desechos domésticos y comerciales en las que la recogida separada alcanzó sólo el 27%, ha recordado en rueda de prensa el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, con lo que Asturias se sitúa aún «lejos» de los objetivos fijados por la UE para 2020. Para revertir esta situación, ha apuntado, se ha elaborado un documento que busca enfrentarse «a una reto colectivo» y que requiere del compromiso de las instituciones, de la industria y de los ciudadanos de cuya implicación dependerá el éxito de un plan para abordar «uno de los problemas de nuestro tiempo».
En una comunidad que se encuentra «en una situación intermedia» en relación con la gestión de residuos, Lastra ha incidido en que la necesidad de que este «ambicioso» documento influya en los modos de vida, en los hábitos de consumo y en la necesidad de que la industria reduzca el nivel de residuos. «Es un asunto de los ciudadanos, no un plan para el Gobierno», ha apuntado tras señalar que de las 406 alegaciones presentadas se han admitido 73 y otras 59 parcialmente y han permitido incorporar cuestiones «que encajaran con la orientación política del plan» en los casos en que planteaban opciones técnicas viables y sostenibles.
Respecto al incremento que conllevará en las tasas que pagan los ciudadanos, el consejero ha apuntado que estará condicionada por la mejora en la clasificación de los residuos con lo que evolucionarán en función de la eficacia de las medidas previstas. El documento incorpora además como novedad el desarrollo de los procesos de recogida separada de biorresiduos domésticos y comerciales -los que se generan en la preparación y elaboración de alimentos-, así como los restos vegetales, que actualmente terminan en la bolsa negra. Así, persigue incrementar el compostaje doméstico y comunitario y que los vecinos de zonas urbanas separen la materia orgánica en origen y la depositen en el nuevo contenedor de color marrón.
Para promover la recogida separada en este ámbito, Cogersa seguirá apoyando a los municipios en la implantación de este servicio, realizará campañas informativas y establecerá la gratuidad del tratamiento de la materia orgánica para los ayuntamientos, al menos, hasta 2024. Además, se plantea aumentar la capacidad de la planta de clasificación de residuos recogidos de forma separada (vidrio, envases ligeros y papel y cartón), así como incrementar el volumen de la de biometanización, para facilitar el tratamiento de los biorresiduos, y la de la que transforma lodos en compost.