Los jueces asturianos refrendan que la Justicia «no dejó desprotegida» a la víctima de La Manada

Pilar Campo REDACCIÓN

ASTURIAS

Advierten de que la sentencia será sometida a revisión «a través de los recursos» y apelan a la «cordura y el respeto» para evitar descalificaciones

29 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no está solo en su defensa de la independencia judicial a la hora de dictar las sentencias y en recordar que, frente a las discrepancias contra las resoluciones emanadas de los tribunales de justicia, las vías de protesta deben canalizarse a través de la interposición de los recursos que quepan contra ellas. Este es el mismo criterio al que apelan los representantes en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), quienes, aun reconociendo que todas las resoluciones «son susceptibles de crítica», piden que las interpretaciones que se realicen de la sentencia del caso de la Manada, de la Audiencia Provincial de Navarra, que ha suscitado una gran polémica y debate social, se realicen de forma sosegada, tras una lectura completa de su contenido, y sin descalificaciones hacia el tribunal.

Los magistrados asturianos consultados recuerdan que la crítica debe estar fundamentada «con rigor» y se muestran sorprendidos de la reacción que ha provocado esta sentencia, con la convocatoria multitudinaria y simultánea de manifestaciones de protesta en la calle, en todo el país, apenas unos minutos después de ser conocido el fallo, sin tiempo material para leer detenidamente los 371 folios de que consta la sentencia, de los que 237 correspondían al voto particular del magistrado Ricardo González, proclive a la absolución.

La última palabra, en los recursos

Advierten de que la última palabra será la que se contenga en «la resolución de los recursos» que, tal y como han anunciado las partes personadas en la causa seguida contra los miembros de la denominada La Manada, se presentarán contra la sentencia por la que se condena a los cinco acusados que se sentaron en el banquillo a una pena de nueve años de prisión para cada uno de ellos por su autoría en un delito de abuso sexual con prevalimiento frente a su víctima.

El principal punto de fricción radica en la calificación de los delitos, para determinar si la denunciante, de 18 años, que había acudido a Pamplona a disfrutar de las fiestas de San Fermín, el 7 de julio de 2016, fue víctima de una agresión sexual, como mantenían la Fiscalía, la acusación particular, en nombre de la víctima, y la acusación popular, ejercida por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, o un abuso con prevalimiento, como consideró el tribunal acogiendo la tesis de las defensas.

«Es comprensible que haya cierta reacción de estupor»

El magistrado Julio Martínez Zahonero une a su condición de titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Avilés, especializado en violencia de género, la de miembro del Secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia; asociación profesional de la que es Coordinador en Asturias. Su experiencia en el ámbito penal y especialmente el estar al frente de un juzgado especializado en esta área le ha permitido ver de cerca cómo este tipo de delitos sexuales suscitan una gran controversia social.

El magistrado parte de la premisa de que todas las resoluciones judiciales son «susceptibles de crítica» y ve «comprensible que haya cierta reacción de estupor viendo la crueldad de la situación descrita en los hechos probados y la cada vez mayor sensibilidad social frente a las violencias de género». Sin embargo, aprecia que las interpretaciones que se han realizado, desde diversos sectores, no responde de forma mayoritaria a las discrepancias con las argumentaciones en las que se fundamenta la sentencia. «Parece que pocos han leído la sentencia, lo que es particularmente grave en el caso de cargos políticos que, unas horas, se han convertido en expertos penalistas. Desde algunos ámbitos incluso han rescatado, probablemente sin ser conscientes, caducas concepciones sobre la relación entre el Juez, la Ley y la «voluntad del pueblo», propias de contextos históricos de infausto recuerdo», lamenta.

Julio Martínez Zahonero descarta que los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra hayan dejado en una situación de indefensión o desprotección a la denunciante: «La sentencia no deja desprotegida a la víctima: da por bueno su relato de lo que pasó, tras ver las pruebas, y considera que aquello no fue una relación sexual consentida. El tribunal ha tenido que lidiar con una calificación jurídica problemática, que es la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad. Y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada», argumenta el magistrado.

El coordinador de la JpD en Asturias reconoce que otra cosa diferente es que esa interpretación sea la única posible. «En cualquier caso, quedan todavía dos instancias superiores para confirmar o no esa interpretación de los tipos penales. Expertos penalistas consideran que estamos ante una situación de intimidación y por tanto agresión sexual, por lo que no es en absoluto descartable que la valoración del tribunal pueda ser modificada. En ocasiones, es difícil hacer comprensible para la ciudadanía que los conceptos del Derecho Penal no se corresponden necesariamente con los que manejamos habitualmente de manera informal».

Cordura y respeto ante la resolución

El magistrado Juan Carlos García López, presidente de la sección territorial en Asturias de la Asociación profesional de la Magistratura (APM), coincide con el magistrado Martínez Zahonero en que el ordenamiento jurídico diseña un sistema de recursos garantista que permite a las partes la revisión de las sentencias cuando no están conformes con la resolución adoptada. «Lo primero que debe tenerse en cuenta al efectuar cualquier opinión sobre la sentencia  dictada por la Audiencia Provincial de Navarra es que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y posteriormente otra instancia más a través del recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de modo que no está dicha la última palabra en relación a este juicio pues es notorio que ya se han anunciado recursos por el Ministerio fiscal y por diversas partes personadas», recuerda.

El presidente de la sección territorial en Asturias de la APM considera «comprensible» que la opinión pública pueda «no entender ni compartir lo resuelto». No obvia que puede aceptarse la discrepancia «jurídica» e incide en que «hemos de apelar a la cordura y a la necesidad de respetar la resolución adoptada y el trabajo de los tres magistrados, así como de aquéllos que, en su día, puedan resolver un eventual recurso contra la misma. Los ataques y las descalificaciones a los que están siendo sometidos no están amparados, bajo ningún concepto, por la libertad de expresión», subraya.

El magistrado Juan Carlos García es consciente de que la sentencia del caso de La Manada plantea cuestiones jurídicas «muy complejas, que no tienen respuesta unánime entre los juristas», y por eso estima que es «lamentable que se viertan afirmaciones infundadas, sin un mínimo rigor, que obvian los razonamientos expuestos en más de cien folios de resolución judicial».