El incendio, que estuvo activo toda la madrugada, fue intencionado para regenerar una zona de pasto en Grado
30 abr 2018 . Actualizado a las 18:02 h.La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una condena de ocho meses para un ganadero acusado de provocar un incendio forestal en Grado para regenerar la zona para el pasto. La superficie total afectada por el fuego fue de 11,67 hectáreas ya que el fuego se mantuvo activo durante toda la noche del 4 de abril de 2015.
Con la intención de regenerar la zona para el pasto, el ganadero realizó hace ya casi tres años diferentes quemas en la margen derecha de la carretera local de Grado GR-2, sentido Coanxú, al ser el llevador de hecho de las fincas de la zona, la cual aprovecha para pasto del ganado que cuida y que tiene acotada con un pastor eléctrico. Según la Fiscalía, lo hizo sin adoptar las más elementales precauciones, así como sin dar aviso previo al 112, Guardia Civil o guardería natural, y estando la quema administrativamente prohibida.
El fuego se mantuvo activo toda la madrugada hasta que sobre las 14.43 horas cobró fuerza y se propagó por el monte y parcelas cercanas, afectando 25 parcelas rústicas. Sobre las 20.05 horas del mismo día, los Bomberos y equipos de apoyo consiguieron darlo por extinguido. Fue necesaria la intervención de Bomberos de Asturias de los parques de Grado y La Morgal, apoyados por un helicóptero de extinción y de la empresa-cooperativa forestal Trabajos Salenses SL. Los gastos de extinción ascendieron a 6.204,33 euros. Los perjuicios medioambientales causados a la zona no fueron valorados.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave y por eso se solicita que se condene al acusado a 8 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 8 meses de multa a razón de 15 euros al día (3.600 euros). Junto a esto se le suma el pago de las costas procesales y las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados así como al Principado de Asturias por los daños medioambientales que se acrediten y por los gastos de extinción.