El listado de propuestas abarca desde medidas concretas para acabar con el absentismo asociado a conductas violentas
07 may 2018 . Actualizado a las 08:49 h.La comunidad educativa tiene claro qué hay que hacer para mejorar la convivencia en colegios e institutos. La clave está en cómo hacerlo. Padres, sindicatos, equipos directivos y ONGs sostienen que hay que incrementar la coordinación entre los centros de Primaria y Secundaria, proponer medidas concretas contra el absentismo, sobre todo cuando está asociado a conductas violentas; ofrecer soluciones alternativa a la expulsión temporal de menores de 16 años con problemas graves de conducta, potenciar las tutorías y, sobre todo regular situaciones que pueden generar conflictos, como el uso de móviles o la resolución de custodia entre padres. Esas son algunas de las propuestas que han presentado al Plan de Convivencia que elabora el Gobierno del Principado. Todos los colectivos implicados consideran que es una gran oportunidad pero también que se necesita una dotación económica suficiente para poder llevarlos a cabo.
La Consejería de Educación mostró a finales del año pasado un primer borrador de un Plan de Convivencia que pretende elaborar en esta legislatura. El siguiente paso ha sido recabar las propuestas de todos los agentes implicados. En total, ha recibido 86 propuestas. La gran mayoría procedente de centros educativos (61) y, sobre todo, públicos (55). También han remitido sus ideas seis organizaciones no gubernamentales (ONGs), seis asociaciones de padres, tres sindicatos, dos equipos de orientación, seis entidades vinculadas a la enseña y otros tres colectivos más. Del compendio de todos estos informes, la Dirección general de Ordenación Académica ha redactado un nuevo informe con las prioridades.
Cómo valora el borrador
En general, todos ven la necesidad de tener un marco común para mejorar la convivencia en los centros a todos los niveles, por lo que consideran interesante este plan. Valoran de manera positiva que el borrador presentado por la administración abarque todos los objetivos, que tenga un apartado para los costes, que haya sido redactado desde un enfoque inclusivo o que quiera implicar a todos los agentes. Pero, al mismo tiempo, ha detectado ciertas debilidades. En ese apartado incluyen un incremento de la burocracia, un planteamiento en ocasiones demasiado técnico o la carencia de propuestas de trabajo concretas que los centros puedan implantar, además de la falta de personal imprescindible si finalmente cuaja el proyecto.
Sus propuestas, en cambio, parecen más completas. Reclaman a la administración que conceda más importancia a las tutorías en Primaria, ya que son los profesionales con mayor contacto con las familias y con más conocimiento del alumno. Esto supone que los tutores deben tener más horas con el grupo y estar más de un curso con ellos. Esto favorecería la implantación de actividades para favorecer la convivencia. También tendrían que tener un marco de proyectos al que recurrir. Los tutores, además, deberían tener un marco más flexible para organizar reuniones, para poder entrevistar con las familias o para preparar todas esas actividades extra. Estos docentes tendrían un papel importante en otro pilar: luchar contra las desigualdades de género dentro del aula.
Medidas muy concretas
La coordinación entre Primaria y Secundaria para mejorar el seguimiento de los alumnos en el cambio de etapa es otra de las claves que se aportan. Ese contacto directo permite implantar en todos los centros las mismas estrategias de resolución de conflictos y que los alumnos sepan a qué atenerse y cómo actuar. A nivel de los docentes, también permite ver los resultados a dos o tres años vista de los programas de convivencia.
En la lucha contra el absentismo, la comunidad educativa cree que también es fundamental proponer medidas concretas, sobre todo, cuando se trata de un absentismo crónico y está asociado a conductas violentas de alumnos. Eso requiere de la implicación de más agentes, al margen del propio sistema de enseña. Incluso reclaman que se debatan soluciones alternativas a la expulsión temporal de los menores de 16 años que presenten graves problemas de conducta. Su idea es que la escuela aplique medidas educativas y no punitivas.
La comunidad educativa quiere leyes y decretos que les digan a los docentes, a las familias y a los alumnos cómo comportarse en situaciones de conflicto y a qué atenerse. Por eso ven bien que se esté elaborando un decreto de derechos y deberes, que se redacte una ley de autoridad del profesorado, que haya regulación normativa sobre violencia de género, que se sepa cómo intervenir en conflictos en los comedores escolares, qué protocolos hay que seguir en disputas entre padres que tienen diferencias con la custodia de sus hijos menores o estandarizar el uso o la prohibición de los móviles.
Para conseguir todos estos objetivos, muy ambiciosos, hay que rebasar los límites de la comunidad educativa y llegar hasta los servicios sociales, la sanidad pública o la justicia. La propuesta es que se establezcan canales de comunicación fluidos para poder intercambiar información e y también resolver dudas. A cambio, los colegios e institutos necesitan de más recursos humanos. Sin más personal no se pueden organizar programas de experiencias para favorecer la participación de las familias o coordinarse con los inspectores. Sin más docentes, no se pueden organizar cursos de formación de mejora de la convivencia, cada uno en función de su responsabilidad.
Estas son las claves que aporta la escuela asturiana al plan de convivencia. Ahora resta por ver cómo las encajará la Consejería de Educación en su proyecto y qué recursos extra podrá conseguir para desarrollarlo.