La familia de un ingeniero asturiano denuncia que está retenido en Emiratos Árabes

Una subcontrata de la empresa para la que trabaja le denunció por allanamiento y vandalismo y le han retirado el pasaporte

Pasaporte español
Pasaporte español

Oviedo

Cuatro ingenieros españoles de la empresa Intecsa, filial de ingeniería del grupo ACS, se encuentran retenidos desde hace mes y medio en Emiratos Árabes acusados de allanamiento y vandalismo hacia su propia compañía, por lo que se les ha retirado el pasaporte. Los ingenieros -dos de ellos residentes en Madrid, uno en A Coruña y otro en Huelva- fueron acusados por una subcontrata árabe de ACS y desde entonces tienen retenidos los pasaportes, aunque se pueden mover libremente por Emiratos Árabes, según ha explicado Carolina Noceda, esposa de uno de ellos, Borja Fontangordo.

Fuentes de ACS han explicado que la empresa intentó pagar una fianza para que les devolvieran el pasaporte, opción que fue denegada, y les está prestando toda la ayuda posible. Según estas fuentes, los ingenieros siguen trabajando a la espera del juicio, fijado para el próximo miércoles, 9 de mayo.

Noceda ha indicado que tres de ellos pasaron una noche en el calabozo y que los cuatro se encuentran desde entonces pendientes de saber qué va a pasar con su situación, defendidos por un abogado árabe. La esposa de Fontangordo, ingeniero onubense de origen asturiano, ha recalcado que la acusación no tiene lógica alguna, ya que «se les acusa de allanamiento en su propia obra», por lo que espera que la situación se pueda solventar tras más de 45 días retenidos.

El ingeniero coruñés retenido, Francisco Javier Ríos López, explicaba así la situación. «Las denuncias presentadas contra nosotros son totalmente infundadas y, dada la impotencia que sentimos al estar retenidos injustamente en este país, en contra de nuestra voluntad, solicitamos audiencia en la Embajada española de Abu Dabi: allí nos trataron con mucha atención y nos informaron de que ayudarían en todo lo posible explicándonos que, al estar sometidos nuestros casos a las leyes locales, se presenta una tarea difícil y que requiere paciencia para solventar esta situación». Este coruñés cree que su situación obedece a un chantaje. «Esto es derivado de una reclamación económica que hace el subcontratista sin fundamento, ya que no quieren sentarse a cerrar las cantidades, algo que no les interesa, y aprovechan su poder en el país para que las autoridades, en cierto modo, respalden y, con ello, fuercen esta situación para que la empresa en la que trabajamos acepte el pago a cambio de la libertad de cuatro trabajadores», asegura Ríos, quien cree que esto proyecta una imagen nefasta del país, porque puede disuadir de la inversión foránea y de la captación de mano de obra cualificada.

El mismo técnico advierte que no se debe esperar un desenlace inminente en mitad de un Ramadán al que aún le quedan 28 días, lo que afecta al funcionamiento de las instituciones. La empresa española les ha puesto unos abogados locales porque con los internacionales, asegura Francisco Javier Ríos, no tienen nada que hacer.

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