El periodista asturiano Álex Rozada es uno de los miles de universitarios españoles atrapados por los controvertidos préstamos-renta de Zapatero
17 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Se llama Álex Rozada. Es un graduado en periodismo con un máster oficial en información deportiva. A sus 34 años, el único empleo estable que ha conseguido ha sido de teleoperador, en Madrid, para gestionar altas de Telecable. El contrato duró solo 11 meses. Para completar el círculo de precariedad en el que se siente atrapado el Banco Santander le reclama un préstamo de 14.000 euros. «Estoy empantanado con un máster, sin ingresos y 14.000 euros de deuda»,lamenta. Álex Rozada es uno de los más de 5.000 universitarios españoles que aceptó un préstamo renta del Ministerio de Educación para completar su formación y que ahora se encuentra al borde del embargo porque, pese a no tener ingresos, la entidad le exige su devolución. Habla de manera reposada de todo lo que le ha pasado en los últimos años. Desde que se encontró con el primer descubierto en su cuenta, en el 2003, ha tenido tiempo para asimilarlo. También le confiere tranquilidad saber que no es el único que esta atravesando por esta situación. Pertenece a la Plataforma de Afectados por el Préstamo Renta-ICO, que está prestando tanto asesoría legal como apoyo moral a centenares de jóvenes.
Miles de afectados
Son, en realidad, miles. Uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Ángel Llamas, cuenta las estimaciones que han hecho porque el Ministerio de Educación, que es el organismo contra el que cargan todas las tintas, no les facilita cifras oficiales. Entre los años 2007 y 2011 se concedieron algo más de 12.000 préstamos-renta, la medida que José Luis Rodríguez Zapatero instauró para facilitar el estudio de másteres en España. La convocatoria del 2007 no tuvo ningún problema. Los estudiantes podían pedir la ayuda. Las entidades bancarias suscribían un acuerdo con el ICO para tramitar los fondos que procedían del ministerio y los beneficiarios no tendrían que comenzar a devolver el dinero hasta que no consiguiesen unos ingresos anuales de 22.000 euros. Pero, a partir de 2008, esta cláusula se eliminó. Tras tres años de cadencia, los universitarios tendrían que comenzar a abonar sus cuotas tuvieran o no ingresos. Llamas explica que el problema está en que nadie informó de este cambio. El nombre del préstamo siguió teniendo como apellido la palabra renta y todo el mundo creyó que nada había cambiado. No fue así. Desde 2008 hasta 2011 se concedieron 11.000 créditos más por un importe medio algo superior a los 12.000 euros. Todos esos tendrían que llevar ya años abonando las cuotas de devolución pero aproximadamente la mitad o no paga o tiene serias dificultades para hacerlo, porque no encuentra trabajo o porque solo ha podido acceder a un contrato precario.
Todos aquellos que han dejado de pagar están pasando por una ristra de calamidades. Álex Rozada lo denomina «chantajes». Les pasan los recibos, les cobran intereses de demora, comisiones por descubierto, les incluyen en ficheros de morosos que les crucifican de por vida y reciben llamadas constantes. «Nadie debe olvidar que es dinero público. Los bancos estaban gestionando dinero del ICO y quieren cobrar una serie de intereses y de comisiones que no les corresponden», insiste Llamas. Aunque la plataforma lleva peleando más de 5 años, este caso ha recobrado actualidad después de que se haya producido el primer embargo. Lo ha decretado por un juzgado de Madrid contra una afectada que no contaba con ninguna notificación previa y que, de repente, se encontró el apunte en un extracto bancario de una cuenta que contaba con apenas 800 euros.
Hay en marcha una reclamación patrimonial contra el ministerio por deficiencias e irregularidades en el diseño y comercialización de estos préstamos-renta para la financiación del máster, respaldada por más de 200 firmas. Los afectados señalan que no se informó del cambio en las condiciones cuando dejó de haber un requisito de renta y que la web oficial se mantuvo sin cambios. Creen que el ministerio es consciente de que ha habido un caos y por eso, hasta ahora, no había embargado a nadie, pese a que Hacienda podía hacerlo. Llamas explica que ahora ha sido un banco en el que reclama el dinero y no la Administración. El 80% los gestionó el Santander y el 20% restante otra serie de entidades. La primera que ha emprendido acciones es Unicaja. La plataforma teme que haya un efecto cascada y que otros sigan sus pasos. Por eso exige la intervención inmediata del Ministerio de Educación. También urge al Gobierno a que acate la proposición no de ley aprobada en el Congreso en abril de 2017, sin votos en contra, que exige que se ofrezca una solución. La plataforma tiene clara cual es la alternativa: respetar las bases iniciales y no exigir a nadie la devolución del dinero hasta que no tenga unos ingresos anuales de 22.000 euros.
Un asturiano atrapado
Lo suscribe al pie de la letra el asturiano Alex Rozada. Su caso es un ejemplo claro del atolladero en el que se encuentran miles de licenciados. En el curso 2009/2010 se matriculó en un máster de periodismo deportivo en la Escuela Universitaria del Real Madrid en la Universidad Europea. Sus padres tuvieron que pedir un crédito para pagar la matrícula inicial que estaba en torno a los 1.500 euros. El mismo día en que se matriculó, con su madre al lado, el personal de administración del centro le informó de que existían esos préstamos-renta y le aconsejaron pedirlo. «Me sorprendió que hubiese una oficina del Santander dentro de la Universidad pero pronto entendía la razón», comenta este periodista. Fue a esa oficina a preguntar las condiciones y allí le comentaron cómo eran esos préstamos al honor. «Es importante decir que eran préstamos al honor, o que decían que eran préstamos al honor, porque si es así están sujetos al umbral de renta, que fue lo que me dijeron. Si no nunca lo hubiera solicitado», explica.
Alex Rozada no fue solo a consultar. Otros cuatro compañeros lo acompañaron. Alguno más lo solicitó. Le comunicaron que el préstamo incluía 2.000 euros más para sus gastos, al margen de la matrícula. En total, 14.000 euros. Preguntó cómo tendría que justificar esos otros 2.000 euros. Le contestaron que de ninguna manera. No hacía falta. Eran para sus gastos. No tenía que emplearlos necesariamente en temas educativos. Cubrió la documentación con copia para la Universidad. Le dijeron que era compatible con las becas del ministerio. También la pididó. Fueron otros 5.000 euros más. Estos últimos no reembolsables. Lo que más alivio le producía era que iba a poder devolver el dinero íntegro a sus padres.
Recuerda perfectamente el día en que le llamaron para informarle de que le habían concedido el préstamo-renta. Era el mes de marzo y se acercó a un cajero de la calle Goya para comprobar que tenía el ingreso. La alegría de esa tarde contrasta con el calvario que ha pasado en los últimos años. Directamente, con una operación telefónica, les hizo las transferencia a sus padres y a la Universidad, que a los pocos remitió una carta confirmando el pago.
El máster del Real Madrid no le sirvió para encontrar trabajo. En 2013, tras unos meses en Asturias por un asunto médico, regresó a Madrid con el objetivo de encontrar trabajo. Su familia atravesaba por dificultades tras la separación de sus padres y él no tenía trabajo. Su madre le ingresó 50 euros para comprar comida. «Me daba para llenar la nevera y para el abono transporte», hace cuentas. Cuando fue a sacar el dinero, tenía un descubierto de 59 euros. Su indignación fue mayor cuando su banco le informó de que era la primera cuota de la devolución del préstamo. Habían pasado tres años. Álex Rozada no tenía ingresos pero a su banco, el Santander, le dio igual. Se supone que en la convocatoria del curso 2009/2010 ya no había umbral de renta. «¿Qué hago si no tengo ingresos?, les pregunté, Me dijeron, por teléfono, que buscara a alguien que me lo pagara, que se lo dijera a mis padres», lamenta este periodista asturiano. En los tres años que habían pasado desde que había terminado el máster no había conseguido ni un solo contrato.
Buscando por internet encontró la plataforma de afectados en Facebook y descubrió que no estaba solo. Contó con su asesoría para dar los primeros pasos. Bloqueó la cuenta y dejó de usarla. Mal vivió sin cuenta durante meses, con los giros postales que su madre le iba mandando de vez en cuando. Más tarde, por asesoría del abogado del colectivo, abrió una cuenta autorizada con su madre. Ahí ya no podían tocarle. Lo curioso es que en ese proceso de cerrar la cuenta anterior, la de referencia en el préstamo-renta, quedaron sin pagar algunas facturas, en concreto de un gimnasio y de una compañía telefónica. Se sumaron al descubierto del primer plazo. «Es increíble pero me reclaman 100 euros. Se lo han pasado a una empresa que se llama Lucania Gestión y me está llamando para pedírmelo también», lamenta.
«La plataforma me dio la vida», indica este asturiano que tendría que estar pagando 116,66 euros todos los meses. La historia de Alex Rozada es la de extrema precariedad. «La generación española más golpea por la crisis», la denomina Miguel Ángel Llamas, el portavoz de la plataforma. En los últimos 8 años, Rozada ha tenido un trabajo de teleoperador en Madrid durante once meses. Al principio le dijeron que iba a percibir un fijo más comisiones. Luego cambiaron de idea y le obligaban a hacer diez contratos telefónicos al mes para acceder al fijo. En concreto, tenía que hacer clientes para Telecable. A los once meses, le echaron porque ya no cumplía objetivos. Además, consiguió unas prácticas en el diario As, en las que cobrara 160 euros, cantidad que no le servía ni para pagar la habitación en Madrid. «El único periodo en el que no he vivido de mis padres fue cuando fui teleoperador», lamenta.
Ahora está en Asturias, en casa. Pero no desiste. Su idea es volver a hacer otra incursión en Madrid para conseguir trabajo como periodista. Su deuda le preocupa pero confía en el trabajo que está realizando la plataforma. No está solo y el Gobierno no puede dejar colgados a miles de jóvenes sobradamente preparados.