Siete días de guardia por 57 euros o menos permisos por tener un hijo. Así son los agravios que sufren jueces y fiscales

Jueces, magistrados y fiscales asturianos escenificarán hoy su fuerza con una imagen insólita. Los garantes del cumplimiento de la legislación sobre los derechos de los trabajadores, paradójicamente, sufren agravios en sus condiciones sociolaborales y, por primera vez en la historia judicial del país, han sido convocados a una jornada de huelga para poner coto a esta situación. Sin fisuras, se han unido la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para pedir al colectivo que en esta jornada sumen sus apoyos y consigan una paralización total de la actividad judicial.

El magistrado Juan Carlos García, presidente de la sección territorial en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que hay «una expectativa y confianza de que se ponga de manifiesto el hartazgo, cansancio y esta sensación de soledad a la que nos hemos visto» abocados. Advierte de que la huelga es un derecho colectivo que se ejerce de forma individual, y, por tanto, cada persona «tiene que decidir en conciencia» si secunda el paro o no.   Pero no obvia que en Asturias hay singularidades, como el hecho de que hay muchos juzgados únicos, como por ejemplo Villaviciosa, Luarca o Pravia, donde el juez tiene forzosamente que estar en su puesto de trabajo, porque «hay unos servicios mínimos, unas diligencias urgentes que hay que atender. Son casos de detenidos, donde hay que adoptar medidas cautelares, procedimientos de familia con medidas provisionales e incluso en la vía penal las causas con presos y pueden ofrecer aparentemente una imagen de normalidad judicial». No obstante, sostiene que desde las asociaciones profesionales tienen la certeza de que «muchos juicios se van a suspender porque hay compañeros que ya han adelantado que así va a suceder».

La repercusión en los ciudadanos

Para el 23-M confía en que se pueda reconducir la situación puesto que al colectivo no le agrada tener que adoptar medidas drásticas, al no ser «un colectivo específicamente proclive a este tipo de medidas. Nosotros buscamos que se atiendan mínimamente una serie de puntos que consideramos clave en una apuesta decidida por la Justicia, con la despolitización a los niveles superiores de la cúspide de la organización y una mejora de las condiciones de trabajo de los compañeros que, en destinos muy complicados, están bregando con situaciones muy difíciles y con unos medios mínimos y precarios», ilustra.

Miguel Rodríguez Marcos, fiscal de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, confía en que la convocatoria de huelga sea secundada de forma masiva, a pesar de que la jornada coincide en Oviedo con la festividad local del martes de Campo. Consciente de que la paralización puede tener una repercusión en la ciudadanía, asegura que han intentado por todos los medios alcanzar acuerdos antes de llegar a este extremo, pero han chocado con la falta de respuesta de la administración judicial. «Hemos realizado medidas de forma progresiva: primero con la lectura de un manifiesto; luego con una jornada de paro de una hora de duración en todas las sedes judiciales, durante cuatro jueves consecutivos y, ahora, con una huelga nacional de un día. Queremos que se visualice la inactividad judicial, salvo para los servicios mínimos, como los casos de causas con presos y situaciones verdaderamente urgentes», explica.  

Las excusas que les dan

No quiere tener que recurrir a la convocatoria de una huelga indefinida, pero tampoco descarta opción alguna si el Ministerio de Justicia no reacciona y se sienta a negociar de verdad. «El Ministerio de Justicia ha tenido mucho tiempo y no nos da nada. Llevan diez años sin convocar la Mesa de Retribuciones, incumpliendo la ley. Yo he ido a reuniones donde te dicen que vayas con las propuestas, se las llevas y ellos no te dan una contraoferta, ni responden a las peticiones sobre las guardias o los grupos de población. Al final no se concreta en nada. Todo son excusas. Para unas cosas, dependemos de Función Pública, para otras le corresponde al Ministerio de Hacienda, y así todo. No hay intención de arreglarlo porque falta voluntad política», señala.

¿Y qué pasará si el Ministerio de Justicia no da alternativas a sus peticiones? Jueces, magistrados y fiscales también se lo han planteado. «Somos conscientes de que tanto los fiscales como los jueces formamos parte del poder judicial y somos un poder del Estado y, por tanto, no somos un trabajador al uso. Esta huelga al final quien la sufre es el ciudadano, que no tiene la culpa de nada, porque a él se le paraliza el juicio para un desahucio, para cobrar una renta o por el tema que sea. Nosotros queríamos evitarla y es por eso por lo que hemos hecho todo con medidas progresivas, pero si no se resuelve quizá habría que ver si prolongamos más días de huelga, convocamos una huelga indefinida, vamos a los tribunales…no podemos descartar nada», reconoce el fiscal.

Las guardias y la independencia

Miguel Rodríguez Marcos pone ejemplos que ilustran que los agravios son de índole variada. «No se puede cobrar 57 euros por estar siete días de guardia en un juzgado de pueblo, mixto de civil y penal, ni que un fiscal de menores, que es un instructor, no llegue a 96 euros a la semana por estar decidiendo absolutamente todo o que nos falte un 4,73% de más para recuperar el poder adquisitivo perdido o lo que ocurre con los permisos de paternidad, que somos los únicos que sólo tenemos un permiso de 15 días cuando todos los españoles tienen un mes. Estos agravios se producen porque a nosotros nos regula la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), no la ley del empleado público, y para darnos los mismos derechos nos tienen que modificar la ley orgánica y te ponen de excusa el tipo de ley de que se trata, porque para determinados casos vamos con la Función Pública y para otros con Hacienda, y así todo. Sin embargo, cuando hubo recortes en el año 2010 fue para todos por igual, pero para recuperarlo dicen que llevan otros trámites. Nuestras peticiones son un conjunto de medidas heterogéneas».

El fiscal aboga por una mayor independencia del Gobierno. «No puede ser que dependamos del gobierno de turno. Queremos que toda comunicación entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado conste por escrito para evitar suspicacias; también que la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea por los propios jueces, así como la eliminación del magistrado autonómico. Es una aberración e inadmisible, porque el poder legislativo no tiene por qué elegir a un magistrado», ratifica.

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