22 leyes sin demasiada enjundia

La Junta General ha sacado adelante el mismo número de iniciativas que en el anterio mandato pero queda en el tintero la ley de Transparencia o el modelo de 0 a 3 años

Javier Fernández conversa con el portavoz, Marcelino Marcos Líndez, en presencia del exsecretario de Organización, Jesús Gutiérrez, el consejero Guillermo Martínez y varios diputados socialistas
Javier Fernández conversa con el portavoz, Marcelino Marcos Líndez, en presencia del exsecretario de Organización, Jesús Gutiérrez, el consejero Guillermo Martínez y varios diputados socialistas

Redacción

La Junta General del Principado ha aprobado en esta décima legislatura un total de 22 iniciativas legislativas. Para analizar si son muchas o pocas es necesario poner la cifra en perspectiva. El anterior mandato -en versión reducida de tres años, tras el Gobierno fallido de un año de Álvarez-Cascos- se dio luz verde a 29 leyes. Cascos, en la suya, aprobó solo una. Para comparar legislaturas completas, que serían el mejor referente, es necesario remontarse a Vicente Álvarez Areces. Tanto en la de 2003 a 2007 como en la de 2007 a 2011, se aprobaron 29. Parece, por tanto, que este Ejecutivo asturiano está en la media de lo que es habitual para el Principado.

Una cosa es la cantidad y otra el contenido. ¿Qué 22 leyes se han aprobado en estos tres últimos años? Se ha sacado adelante solo un presupuesto, así que el resto de ejercicios las cuentas se han gestionado con prórrogas y créditos. Cada movimiento ha tenido su reflejo legislativo. La primera ley, obligada, fue precisamente una autorización de endeudamiento y un suplemento de crédito para sufragar el incremento del gasto generado por los nuevos antivirales de acción directa para el tratamiento de los pacientes de hepatitis C crónica, un fármaco que ha salvado vidas. En el primer año solo se consiguió sacar adelante dos iniciativas más: la actualización de los sueldos de los funcionarios, una vez que el Gobierno central acabó con la congelación salarial y una modificación de la normativa de caza y pesca, nuevamente obligada para unificar las licencias con un carnet interautonómico y unas tasa nuevas. 

Los dos años siguientes fueron algo más fructíferos. También polémicos. Con la Ley de Montes de marzo de 2017 se acabó con los acotamientos tras los incendios, una medida muy controvertida, contraria a la normativa del resto de España y que ha provocado un visceral enfrentamiento entre ganaderos y sindicatos agrarios, por una parte, y los colectivos ecologistas, por el otro. No fue la única controversia. En noviembre de 2016, se autorizó la suspensión de las liquidaciones de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales del ERA. En la actualidad se están abonando las devoluciones de esas cantidad cobradas, que generaron una gran convulsión en el Principado. El resto del mandato salió adelante la Ley de Asturianía, el Plan Asturiano de Estadística. Se modificó la ley de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas, elevando la edad de consumo a los 18 años o se suprimió el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

Hay temas de calado sobre las que no ha habido consenso o que ni siquiera han llegado a la Cámaras autonómica. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno podría encabezar este listado, al ser un tema que ha estado en la primera línea del debate políticos durante años. Un curso político tras otro ha quedado en terreno de nadie. El PSOE habla de su empeño por sacarla adelante pero no es capaz de que cristalice. Hace apenas unos días, Javier Fernández reclamó diálogo y consenso para sacar adelante la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se está tramitando en la Junta General y con la que pretende avanzar en la lucha contra la corrupción en Asturias. Ayer mismo, 23 de mayo, Gaspar Llamazares, portavoz de IU, ponía una nueva fecha: el mes de septiembre, a la vuelta de vacaciones. Ahora mismo el escollo parece estar en cómo tratar las denuncias anónimas.

Otro asunto en el disparadero es el nuevo modelo de 0 a 3 años. La oposición en bloque reclama un nuevo modelo que supere el actual, que permita acabar con las listas de espera -que este año ronda los 1.000 niños-, ampliar la red de escuelas, conseguir una normativa única para todos los ayuntamientos y que avance hacia la gratuidad. El Gobierno lleva tiempo estudiando el modelo. Esta misma semana, el consejero del ramo, Genaro Alonso, ha ofrecido un nuevo plazo: habrá una propuesta antes del verano. También tiene pendiente, por ejemplo la Ley del Deporte, una vez que han tumbado la del PP. Ya en otros terrenos, nada se ha vuelto a saber de la reforma electoral, para tratar de traer al siglo XXI esa división del Principado en tres circunscripciones diferentes.

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