Más de la mitad de los jueces asturianos secundaron la huelga

El paro tuvo un seguimiento del 58,4%, por debajo al 65% de media en el conjunto del país

Jueces, magistrados y fiscales en huelga ante el Palacio de Justicia de Gijón
Jueces, magistrados y fiscales en huelga ante el Palacio de Justicia de Gijón

Oviedo

Un total de 45 de los 77 jueces asturianos convocados a la jornada de huelga celebrada ayer secundaron los paros, lo que representa un seguimiento del 58,4%, frente al 65% del conjunto del país. El Alto Tribunal asturiano ha apuntado que en Asturias trabajan 154 jueces y magistrados, pero ha recordado que 77 de ellos, que lo hacen en los juzgados de Oviedo, el TSJA y la Audiencia provincial, no habían sido convocados al coincidir la jornada de paro con la fiesta local del Martes de Campo.

Los jueces y magistrados que se sumaron a la jornada de paro son cuatro de la Audiencia Provincial (Gijón), diecisiete de los juzgados de Gijón, siete de Aviles, dos de Grado, dos de Langreo, dos de Laviana, uno de Lena, cuatro de Mieres, tres de Siero y tres unipersonales (Pravia, Cangas del Narcea y Villaviciosa).

La jornada de huelga supuso la suspensión de 82 actuaciones judiciales (vistas, juicios o declaraciones), según los datos facilitados por los juzgados y tribunales al presidente del TSJA, Ignacio Vidau.

En el conjunto del país, el seguimiento de la huelga fue del 65% de los jueces y del 52% de los fiscales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha citado a los representantes de asociaciones de jueces y fiscales a una reunión el próximo lunes, 28 de mayo, tras la primera huelga conjunta que ambos colectivos llevaron a cabo en la jornada de ayer. 

Entre sus principales demandas se encuentran el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia, el aumento de su calidad y eficacia, y la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones. Entre las reclamaciones de los fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar su independencia y autonomía presupuestaria.

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