Los organismos de consumo de varias comunidades, entre ellas el Principado. reúne material para llevar una causa penal a la Fiscalía General
13 jun 2018 . Actualizado a las 19:05 h.Casi un centenar de reclamaciones constan en Asturias contra las clínicas iDental, una franquicia que ha disparado sus problemas después de los cierres anunciados en clínicas de Andalucía, Cataluña o Cantabria, entre otros territorios, y en medio de una tormenta de denuncias de trabajadores por impagos y también de pacientes, algunas por disconformidad con los tratamientos y otras por quejas de índole económica. Esta semana, el Ministerio de Sanidad recomendó a los afectados que reclamen por burofax y exijan sus historiales en los centros que hayan anunciado su clausura.
En el caso de Asturias, según consta la respuesta ofrecida por la Consejería de Sanidad a una pregunta parlamentaria planteada por Ciudadanos, se han registrado 91 reclamaciones contra iDental desde el año 2014; 81 de ellas fueron presentadas ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Gijón, ya que el establecimiento está ubicado en ese concejo; y otras 10 se presentaron ante el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental. Según la respuesta de la Consejería entre las causas más frecuentes de las reclamaciones se encuentran el incumplimiento de las condiciones de contratación y del derecho de desestimiento, disconformidad con los tratamientos recibidos, demoras injustificadas en la prestación de servicios, facturaciones incorrectas, incumplimientos sobre precios anunciados en publicidad o la no devolución de cantidades cobradas después de no prestar un servicio. La misma respuesta detalla que, a fecha de mayo de este año, el número de reclamaciones de afectados por estas clínicas a nivel nacional asciende a 3.099.
El desarrollo de el casi un centenar de reclamaciones presentadas en Asturias ha seguido distintos caminos. En seis casos se plantearon ante el Colegio de Odontólogos por ser relativas a una incorrecta praxis médica y apunta a «el tratamiento le provoca infección, defectuosa colocación de coronas y mala atención por parte de los profesionales». También explica que de cuatro reclamaciones tramitadas por la Agencia de Sanidad asturiana en uno de los casos se abrió expediente sancionador contra la clínica por incumplimiento de contrato, un caso se archivó después de que se aceptara un proceso de mediación entre las partes y la empresa devolviera dinero al reclamante; y dos todavía se encuentran en fase de inspección. La Consejería explica que la inspección verificó que la empresa cuenta con la autorización sanitaria de funcionamiento en vigor y que se coordina con la oficina municipal de Gijón (que abrió otros cuatro expedientes sancionadores) en la actualización sobre las reclamaciones.
Hacia la vía penal
La acción del Ministerio de Sanidad, alertando a los afectados de que se dirigieran a la Agencia Española de Consumo; a la de Protección de Datos en el caso de no obtener los historiales clínicos, también incluye la recomendación de realizar una peritación por un profesional de la Odontología antes de presentar una denuncia ante los juzgados y reclamar ante la entidad financiera pertinente en el caso de haber solicitado un crédito para pagar algún servicio de las clínicas. Pero esto es muy reciente. Con anterioridad, según explica la administración asturiana, la Agencia de Sanidad Ambiental desistió de trasladar reclamaciones a la Fiscalía después de que el Ayuntamiento de Gijón se encontrara con que varias de sus denuncias eran archivadas. El Ministerio Fiscal afirmó en su caso que no había delito ni fundamento para emprender acciones penales porque «se trata de una cuestión privada entre particulares a dilucidar en vía civil».
Sin embargo, el 9 de mayo la agencias asturiana y las de otros territorios trasladaron su preocupación a la directora y de la agencia estatal de consumo y también al fiscal general del Estado «ante el elevado número de reclamaciones» que los organismos de consumo estaban recibiendo respecto a estas clínicas.
La información de la consejería concluye destacando que, pese a los archivos pasados de denuncias ante fiscalías, «en la actualidad se está recopilando por parte de todas las comunidades autónomas información y documentación que pudiera servir de base para una acción penal por estafa o imprudencia médica, con vistas al planteamiento de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado».