El actualizado decreto de Derechos y Deberes penaliza las grabaciones y la difusión de imágenes sin consentimiento. ANPE apoya el documento porque
30 may 2018 . Actualizado a las 22:27 h.«Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa». El nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios se ha convertido en un arma contra el ciberacoso de profesores y alumnos. El documento, aprobado por el Consejo Escolar del Principado con el voto favorable de sindicatos como ANPE, presta especial a las nuevas realidades de los centros y al papel que juegan las nuevas tecnologías en las relaciones de convivencia entre iguales y también entre docentes y estudiantes. Por esa razón, la grabación y difusión de imágenes se consideran hechos muy graves que tendrán su correspondiente reflejo en el capítulo de sanciones.
Este es uno de los apartados más destacado del decreto pero no el único. La propia Consejería de Educación, en el preámbulo, explica que han incluido diversos artículos en los que se recalca el deber de respeto hacia el profesorado y hacia su labor docente y señala los instrumentos que tendrá para hacer frente a todas esas conductas que son contrarias a las normas de convivencia del centro. El profesional que haya sido víctima de una conducta que atente contra su autoridad deberá emitir un informe que trasladará a la dirección del centro al que pertenece. La Administración reconoce expresamente y de manera contundente esa condición de autoridad pública que establece la presunción de veracidad de todos los hechos que exprese por escrito. Este es precisamente el punto fuerte que tiene para ANPE, un sindicato que desde hace años reclama este respaldo.
Se reconoce, por tanto, al profesorado asturiano como un factor esencial y como garante de la calidad de la educación. Tendrá en sus manos la posibilidad de tomas las decisiones que considere necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia y respeto en las clases, en las actividades complementarias y en las extraescolares, tanto dentro del recinto escolar como fuera. El único requisito imprescindible será atenerse a las normas de convivencia de cada centro. Esas normas estarán redactadas en un Plan de Convivencia que será una auténtica guía, con los principios que la inspiran, los derechos y deberes, los procedimientos, los plazos y también las sanciones. Aparece, por ejemplo, la obligación de hacer públicos los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, la forma de calificación, los puntos necesarios para la promoción,... También se alude a la necesidad de que los docentes mantengan una comunicación fluido con las familias para garantizar el rendimiento.
Esa irrupción de las nuevas tecnologías inspira todo el documento. En la parte en la que aborda el derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales o en el deber de respeto al profesorado. Existe un listado de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. La enumeración abarca desde las agresiones físicas o morales, las vejaciones, injurias, falsificaciones de documentos académicos, la interrupción reiterada de las clases al incumplimiento de las correcciones impuestas. Ahí aparecen dos puntos concretos que detallas como actuaciones de gravedad «los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad educativos» y «la difusión por cualquier medio de grabaciones realizadas a otras personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso». Añade en el mismo apartado «las conductas que puedan considerarse acoso escolar o ciberacoso en cualquiera de sus manifestaciones». La grabación de hechos se considera un agravante de la responsabilidad.
El decreto hace hincapié en otros dos apartados. Por una parte, insiste en la necesidad de fomentar valores democráticos, promover la igualdad y la equidad y desterrarla discriminación por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial o por cualquier otra circunstancia personal o social. Además pretende promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a las distintas identidades de género y orientaciones sexuales.
Las medidas correctoras de esos planes de convivencia tendrán que tener un carácter educativo. La prioridad es que tengan un efecto recuperador de la convivencia y que restauren los daños ocasionados. Siempre habrá que garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos que no cometen infracciones o que sufren los comportamientos disruptivos, del profesorado y del resto de miembros de la comunidad educativa.
El sindicato ANPE, que ha respaldado este decreto con su voto, ya que consideran que es «un avance que incorpora la aplicación de la Ley 3/2013 de Autoridad del profesorado, reconociendo expresamente el deber de respeto del alumnado al profesorado, como instrumento para mejorar la convivencia y garantizar la práctica docente». También destaca que apuesta por propuestas que siempre ha defendido ANPE, como la reparación del daño causado o, precisamente, atajar las nuevas tecnologías como herramientas de acoso.No obstante, considera que para que sea eficaz necesitan adoptarse otras medidas como dotar de recursos presupuestarios a los centros, elaborar material de apoyo y crear dos figuras específicas, el mediador de conflictos y el coordinador del Plan de Convivencia.