Vida después del sumario

Investigados, condenados o absueltos, así han seguido con su vida los políticos involucrados en las principales operaciones contra la corrupción de los últimos años en Asturias

Los principales involucrados del caso Marea, durante el juicio. En el centro, los dos altos cargos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre
Los principales involucrados del caso Marea, durante el juicio. En el centro, los dos altos cargos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre

Redacción

Se ha resuelto antes el destino del Gobierno que el de los condenados por el caso Gürtel que aún desfilan ante la Audiencia Nacional para saber si eluden la cárcel mediante fianzas hasta que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos que van a presentar contra la sentencia que los castiga. Una investigación judicial, aun si no llega a juicio o no acaba en condena, supone siempre un vuelco en la vida de todas las personas afectadas cuya vida se ve de repente expuesta ante los focos de la justicia y de los medios de comunicación en los casos de mayor relevancia informativa. En Asturias, se han acumulado desde el cambio de siglo varios de esos procesos con gran trascendencia, a los que sus protagonistas han respondido con diversas estrategias para alejarse del centro de la atención y seguir adelante.

Entre los casos que ya han llegado a juicio y cuentan con una sentencia, aunque no sea firme y aún esté pendiente de la resolución de los recursos, el que más ha dado que hablar y escribir es el proceso desatado a raíz de la operación Marea, el mayor caso de corrupción que ha afectado al Gobierno regional desde el acceso de Asturias a la autonomía. El procedimiento por el enriquecimiento ilícito de funcionarios y cargos públicos del Principado que percibían sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación irregular de contratos con fondos destinados a la educación pública, en marcha desde el año 2010, tardó en convertirse en cosa juzgada. A los magistrados de la Audiencia Provincial les llevó más de un año redactar su fallo, anunciado finalmente el 1 de septiembre del año pasado. Condenaron a ocho personas (con penas de prisión para siete de ellas y una multa para la octava), entre ellas los cinco protagonistas principales de la trama.

Embargos y falta de medios

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, el político de rango más elevado implicado en el caso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena a seis años de cárcel, que le parece injusta. Desde su detención en enero del 2011, Riopedre, que había dimitido de su cargo, oficialmente por motivos de salud, en agosto del año anterior, aunque más tarde quedó claro que ya se sabía investigado en aquel momento, fue rápidamente depurado de las filas del PSOE. Pasó casi un mes y medio en prisión preventiva y, al salir, aún recibió un homenaje organizado por antiguos amigos y colaboradores, pero desde entonces, excepción hecha de sus comparecencias judiciales y de las largas sesiones de un juicio que duró cuatro meses, apenas se le ha visto en el público. Tras conocerse la sentencia, su abogado aseguró en la vista para decidir sobre su vuelta a la cárcel que no existía ningún riesgo de fuga. Tras los sucesivos embargos, expuso el letrado, en las dos cuentas corrientes a su nombre y al de su esposa apenas quedaban 2.000 euros. Es un hombre mayor que vive de su pensión y que cuando el Supremo se pronuncie sobre su recurso, dados los habituales ritmos lentos de la justicia española, probablemente supere ya los 80 años. Sigue en libertad.

Tampoco ingresó en prisión ningún otro de los principales encausados. María Jesús Otero, la mano derecha de Riopedre, recibió la mayor condena en la sentencia: nueve años y medio por todos los regalos que recibió durante años de los adjudicatarios de contratos que pasaban por su escritorio. Pagó una fianza de 200.000 euros, aportados por sus familiares, para salir de la prisión provisional y por eso no ingresó en prisión. De ella solo se ha conocido últimamente su recurso ante el Supremo, en el que manifiesta que solo cumplía órdenes.

Marta Renedo, la funcionaria cuyas maniobras para adjudicarse contratos a sí misma llamaron en primer lugar la atención de los investigadores y cuyas iniciales dieron nombre al caso, también ha desaparecido del mapa. Su fianza es también de 200.000 euros y afronta nueve años de cárcel si el Supremo ratifica la sentencia dictada en Oviedo. Su abogado aseguró a la Audiencia Provincial que, con todas sus cuentas embargadas y su reputación destruida, «no tiene nada». Vive gracias a los ingresos de su marido. Los dos empresarios condenados por pagar sobornos. Alfonso Sánchez y Víctor Muñiz también tienen embargadas todas sus cuentas y viven en libertad a la espera de la decisión del Supremo. Las firmas a través de las que canalizaban sus obsequios (Almacenes Pumarín el primero e Igrafo el segundo) han quebrado y desaparecido. Los trabajadores han visto evaporarse sus empleos.

Conseguidor y 'mindfulness'

Incluso antes de llegar a juicio, un proceso por delitos relacionados con la corrupción ya hace examinar una vida bajo criterios distintos. Joaquín Fernández, por ejemplo, era un valor en alza en el PP asturiano hasta que el trabajo de la jueza Pilar de Lara, que investiga desde Lugo la trama del agua (conocida como operación Pokémon), ligada a privatizaciones favorables a la empresa Aquagest en concejos de Galicia y Asturias, se cruzó en su camino. Presidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio, vicesecretario de Comunicación en la dirección regional de Ovidio Sánchez, consejero de la radiotelevisión pública y responsable de la campaña con la que Isabel Pérez-Espinosa intentó llegar a la presidencia de Asturias en el 2011, parecía destinado a un final muy diferente que llegar a ser conocido como el Abrelatas. Pero así se llama a sí mismo en las grabaciones que constan en el sumario. Era su manera de jactarse de su facilidad de acceso a alcaldes y concejales en los municipios de la comunidad autónoma, aunque en sus posteriores declaraciones judiciales ha negado serlo y asegura que, cuando lo dijo, exageraba en un contexto muy distinto al de una investigación formal. Sin embargo, lo que ha cambiado en Fernández no es tanto su manera de entender la vida como la forma en que los demás le miran. Siempre fue un conseguidor, reservista voluntario del Ejército de Tierra con el grado de sargento, y sus ingresos procedían de ocupaciones difusas. La Policía le encontró 80.000 euros en efectivo que él justificó como pagos de sus gastos de representación por su trabajo como comercial de Aquagest.

Con Fernández cayó en Pokémon otro nombre familiar en el PP asturiano de la primera década del siglo. Joaquín Aréstegui, que fue presidente del partido en Avilés y portavoz parlamentario en la Junta General del Principado, está acusado de aceptar más de 300.000 euros en efectivo y la reforma de un piso a cuenta de Aquagest. Como llegó muy joven a la política, nunca tuvo tiempo de dar uso en el mercado laboral a su licenciatura en Historia por la Universidad de Oviedo. Tiene también un máster en marketing político por Deusto y con esos títulos y su larga experiencia ha aprovechado sus años de ostracismo oficial para instalarse como asesor político y para añadir a su currículum otra serie de cursos de menor prestigio y lanzarse también como coach de mindfulness.

El final de una reputación

La operación Hulla, lanzada después de que el exdirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa decidiera regularizar 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal del año 2012, ha arruinado la imagen y la percepción social de su larga carrera como dirigente de los trabajadores asturianos. Siempre fue una figura controvertida, pero lo que se cuestionaba eran su estilo de liderazgo y sus formas, no su honradez. La investigación trata de determinar el origen de ese dinero (comisiones por la construcción del geriátrico de Felechosa, gestionado por el Montepío de la Minería, y fondos desviados de las cuentas del sindicato, presuntamente) mientras el muy locuaz Villa, un orador torrencial famoso por sus intervenciones maratonianas tanto en público como en los actos internos del sindicato o del PSOE regional, ha desaparecido de la vida pública. Los médicos forenses aún debaten si la enfermedad neurológica que alega su defensa para evitarle malos tragos procesales es real o exagerada. Él sigue aferrándose a su explicación de una herencia familiar como origen de su fortuna. Todas sus ingresos, excepto su pensión, están embargados.

Junto al nombre de Villa, el otro nombre que aparece en un lugar destacado del sumario Hulla es el de José Antonio Postigo, que fue su número dos en el sindicato y presidente del Montepío. La casa que se construyó en Tierra de Campos, a la orilla de un camino que atraviesa un secarral situado entre las provincias de León y Valladolid, se convirtió en fuente de sospechas contra él porque se levanta al lado de la que posee el constructor del geriátrico. Se le vio detenido hace ahora poco más de un año y se le recuerda por encararse con un periodista frente a la sede de la Junta General, tras acudir a la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso, y preguntarle: «¿Eres homosexual?». En los últimos meses ha estado más discreto. Vive de su pensión porque, como Villa, todo lo demás está embargado. Regularizó 300.000 euros en la amnistía fiscal. También existen sospechas acerca del contrato de la limpieza de la residencia del Montepío en la localidad murciana de Los Alcázares.

De vuelta al primer plano

La investigación contra Villa trajo de nuevo al primer plano de los medios al protagonista del primer gran caso de corrupción en la Asturias del siglo XXI. Laudelino Campelo, que durante casi 20 años también fue lugarteniente del SOMA y después se enfrentó al gran líder por el control de la agrupación socialista de Langreo, fue juzgado y absuelto por intermediar a cambio de dinero en la concesión de las licencias para construir un centro comercial. Él siempre sostuvo que todo el caso fue orquestado por Villa en venganza por su derrota en el municipio minero y ahora colabora con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que trabajan para armar el caso contra su antiguo mentor.

En aquel caso también salió a relucir como posible mediador el nombre de Javier Suárez Álvarez-Amandi, uno de los rostros que en 1998 representó la fractura del PP asturiano entre los fieles al presidente del Principado, Sergio Marqués, y quienes se alinearon con Francisco Álvarez-Cascos en la voladura de la organización regional desde Madrid. La imagen lacrimosa de Amandi, viceconsejero de Bienestar Social, al anunciar su dimisión quedó como uno de los símbolos de aquella guerra civil en los populares. Aunque, como Campelo, quedó totalmente exonerado, la asociación de su nombre al episodio del hipermercado decidió su salida de Asturias. Se instaló en Valladolid y montó una cadena con nueve residencias para la tercera edad en cinco comunidades autónomas. La de Celoriu saltó a los titulares en el 2013 por los impagos a la plantilla de trabajadores. Amandi se ha desvinculado de esa empresa, se ha mudado a Zamora, según ha podido saber La Voz de Asturias, y ahora se gana la vida como consultor en ese mismo sector de los geriátricos.

Ejecutivos y alcaldes

Por razones de edad, los implicados de origen asturiano en el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid, hoy Bankia, también se han alejado de la vida profesional. El exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, el más ilustre de todos, tiene edad para estar jubilado (68 años) pero no tiempo para la vida contemplativa. Sus batallas legales tienen una enorme amplitud. Aparte de la condena por apropiación indebida derivada del uso de esa tarjeta, existen más de una docena de acusaciones contra él en diversos tribunales y juzgados: la salida a bolsa de Bankia, la gestión de su patrimonio personal, la evasión de impuestos y el blanqueo de los ingresos no declarados están bajo la lupa de los jueces. Fue poderoso y respetado, pero hoy es un paria al que nadie en el mundo de los mandarines de la política, las finanzas y las grandes empresas desea acercarse. Dos de sus colaboradores en la etapa de zar económico de los gobiernos de José María Aznar, José Manuel Fernández Norniella y Estanislao Rodríguez-Ponga, también tiraron de black, recibieron condenas y esperan que el Supremo resuelva sus recursos de casación. Su vida de consejeros de multinacionales no ha vuelto a ser la misma. Más fácil fue para la cuarta condenada con conexiones con Asturias, la exdiputada socialista Enedina Álvarez, menos conocida por la opinión pública (su momento estelar llegó en una sesión parlamentaria de control al Gobierno en  diciembre de 1999, cuando desde su escaño en el Congreso llamó varias veces «marrano» al presidente Aznar) volver al anonimato tras su condena.

La política municipal también ha dejado nombres manchados. En Ponga, la sombra del exalcalde Cándido Vega, condenado e inhabilitado desde el 2012 por una sentencia de la Audiencia Provincial que le consideró culpable de sendos delitos de prevaricación y desobediencia, además de otro contra los recursos naturales, por hacer obras sin licencia en caminos situados dentro de un parque natural, aún se proyecta sobre la agitada vida del Ayuntamiento. Vega, que es empresario del sector de los montajes, volvió a su actividad privada. Su gestión aún genera controversia e investigaciones. Su esposa encabezó la lista de Foro Asturias en las últimas elecciones. Muy distinta es la situación de Francisco González. El exalcalde de Cudillero ha cambiado sus abultadas mayorías absolutas y su posterior escaños en la Junta General por investigaciones judiciales derivadas de su enfrentamiento con un mando de la Policía Local que le acusa de una persecución laboral injusta y de permitir irregularidades en el cuerpo. González ha asegurado en sus declaraciones judiciales que está en el paro y no tiene grandes medios económicos.

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