Vida después del sumario

Raúl Álvarez REDACCIÓN

ASTURIAS

Los principales involucrados del caso Marea, durante el juicio. En el centro, los dos altos cargos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre
Los principales involucrados del caso Marea, durante el juicio. En el centro, los dos altos cargos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre

Investigados, condenados o absueltos, así han seguido con su vida los políticos involucrados en las principales operaciones contra la corrupción de los últimos años en Asturias

04 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Se ha resuelto antes el destino del Gobierno que el de los condenados por el caso Gürtel que aún desfilan ante la Audiencia Nacional para saber si eluden la cárcel mediante fianzas hasta que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos que van a presentar contra la sentencia que los castiga. Una investigación judicial, aun si no llega a juicio o no acaba en condena, supone siempre un vuelco en la vida de todas las personas afectadas cuya vida se ve de repente expuesta ante los focos de la justicia y de los medios de comunicación en los casos de mayor relevancia informativa. En Asturias, se han acumulado desde el cambio de siglo varios de esos procesos con gran trascendencia, a los que sus protagonistas han respondido con diversas estrategias para alejarse del centro de la atención y seguir adelante.

Entre los casos que ya han llegado a juicio y cuentan con una sentencia, aunque no sea firme y aún esté pendiente de la resolución de los recursos, el que más ha dado que hablar y escribir es el proceso desatado a raíz de la operación Marea, el mayor caso de corrupción que ha afectado al Gobierno regional desde el acceso de Asturias a la autonomía. El procedimiento por el enriquecimiento ilícito de funcionarios y cargos públicos del Principado que percibían sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación irregular de contratos con fondos destinados a la educación pública, en marcha desde el año 2010, tardó en convertirse en cosa juzgada. A los magistrados de la Audiencia Provincial les llevó más de un año redactar su fallo, anunciado finalmente el 1 de septiembre del año pasado. Condenaron a ocho personas (con penas de prisión para siete de ellas y una multa para la octava), entre ellas los cinco protagonistas principales de la trama.

Embargos y falta de medios

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, el político de rango más elevado implicado en el caso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena a seis años de cárcel, que le parece injusta. Desde su detención en enero del 2011, Riopedre, que había dimitido de su cargo, oficialmente por motivos de salud, en agosto del año anterior, aunque más tarde quedó claro que ya se sabía investigado en aquel momento, fue rápidamente depurado de las filas del PSOE. Pasó casi un mes y medio en prisión preventiva y, al salir, aún recibió un homenaje organizado por antiguos amigos y colaboradores, pero desde entonces, excepción hecha de sus comparecencias judiciales y de las largas sesiones de un juicio que duró cuatro meses, apenas se le ha visto en el público. Tras conocerse la sentencia, su abogado aseguró en la vista para decidir sobre su vuelta a la cárcel que no existía ningún riesgo de fuga. Tras los sucesivos embargos, expuso el letrado, en las dos cuentas corrientes a su nombre y al de su esposa apenas quedaban 2.000 euros. Es un hombre mayor que vive de su pensión y que cuando el Supremo se pronuncie sobre su recurso, dados los habituales ritmos lentos de la justicia española, probablemente supere ya los 80 años. Sigue en libertad.