Los alquileres en negro mueven en Asturias un negocio de 21 millones

Luis Fernández
Luis Fernández REDACCIÓN

ASTURIAS

Pilar Canicoba

Los técnicos de Hacienda estiman que cuatro de cada diez viviendas en España forman parte de la economía sumergida

11 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Uno de cada cinco euros que se mueven en Asturias forman parte de la economía sumergida. La cantidad total está formada por las partidas que componen la economía ilegal -como puede ser el narcotráfico-, y la informal, las actividades legales que se ocultan para evadir impuestos. Esta última categoría esta formada a su vez por múltiples patas, entre ellas los alquileres negro. Solo en Asturias este negocio mueve 21 millones.

Los datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en Asturias hay 8.169 viviendas alquiladas en negro. Si se analiza esta cifra respecto al parque total de viviendas de la región, los técnicos sostienen que el 14,3% de estas rentas forman parte de la economía sumergida. Las cifras están elaboradas a partir de las estadísticas de declarantes del IRPF de 2015.

A pesar de que la cifra defrauda es elevada, los datos en Asturias evidencian una situación mucho mejor que la de la media española. Según Gestha, en el conjunto del país hay 941.492 viviendas en alquiler en negro, de las que el 38,6% forman parte de la economía sumergida. Este porcentaje supone casi el triple que en Asturias y la cantidad de dinero que esto supone asciende a 3.462 millones de euros.

Perfil del defraudador

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica que los dos perfiles más comunes de defraudadores son los jubilados que alquilan su segunda residencia en negro para completar su pensión y también el que aquellos que compraron su vivienda durante el boom pensando que iba a tener una revalorización y ahora alquilan para pagar su hipoteca con ese arrendamiento sumergido.

El porcentaje de alquileres en negro es amplio -aunque ha descendido desde que Hacienda intensificase las inspecciones desde 2012- y eso a pesar de los riesgos que supone para los propietarios que optan por esa vía. De hecho, desde que la Agencia Tributaria ha tomado distintas medidas de vigilancia para hacer frente a los arrendamientos fraudulentos, la situación ha comenzado a corregirse. 

El número de herramientas que utiliza la administración para sacar a la luz este tipo de prácticas es elevada, pero alguna es tan sencilla como un recibo de la luz, que puede hacer saltar las alarmas y que Hacienda comience una investigación. Otras técnicas que han permitido aflorar alquileres de este tipo son las denuncias anónimas o los rastreos por internet.

Hacienda considera una falta grave este tipo de prácticas, pero a pesar del riesgo, son muchos los propietarios que optan por correr el riesgo. Y eso a pesar de las deducciones fiscales, la intensificación de las campañas antifraude o las multas que supone. Esa sanción puede variar entre el 50 y el el 150% de la cuota que ha dejado de ingresar Hacienda. A esto hay que sumar la pérdida de todo beneficio fiscal para el propietario al no poder a reducciones sobre los rendimientos obtenidos.