El grupo ha defendido que el parlamento reclame que forme parte del mix energético y se posicione contra el cierre de las térmicas
11 jun 2018 . Actualizado a las 14:03 h.El PP ha trasladado hoy al resto de grupos de la Junta General una propuesta de declaración institucional, que requiere de la unanimidad para salir adelante, en defensa del mantenimiento del carbón dentro del mix energético nacional y en contra del cierre anticipado de las centrales térmicas.
La iniciativa pide unir los objetivos de la UE en materia de eficiencia energética y en renovables con el horizonte del año 2030 con las consecuencias para dichas plantas después de que algunas empresas se hayan apresurado a anunciar su cierre «sin tener en cuenta coste socioeconómico alguno».
Para el PP, en estas circunstancias la defensa del carbón dentro del mix energético, «fundamental para mantener el precio de la electricidad para las familias y la competitividad de las empresas, se hace «incuestionable» y pide además que la necesaria transición energética sea «ordenada en objetivos y proporcionada en plazos».
Tras advertir de que la supresión de las térmicas supondría un aumento del precio de la energía de entre el 18 y el 25 por ciento, la propuesta pide al Gobierno que regule el cierre de las térmicas para que las empresas eléctricas no puedan hacerlo «sin criterios de garantía de suministro, la competencia y el precio de la energía».
La iniciativa ha sido trasladada hoy por el PP a la Junta de Portavoces tras la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas que lo usan para generar energía y después de que IU pidiera un pleno monográfico de la Junta General sobre este tema en el mes de julio.
El diputado del PP Rafael Alonso ha recordado que la Junta aprobó recientemente una iniciativa similar de su partido, con la única abstención de Ciudadanos, y ha avanzado que, de no salir adelante la declaración, trasladarán su contenido en forma de moción a todos los ayuntamientos de las comarcas mineras.
«Las declaraciones de la ministra no sorprenden a nadie porque su trayectoria era conocida y su nombramiento fue una puñalada política a los intereses de Asturias», ha añadido tras acusar al PSOE asturiano no mostrar interés por «conocer» el discurso en este ámbito del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
A su juicio, tanto el PSOE como la FSA «tratan de hacer el caldo gordo a las empresas que ya anunciaron los cierres» como Iberdrola, «que ha incrementado su valor en bolsa desde que llegó al poder Pedro Sánchez» defendiendo unos criterios que ya respaldó en el Congreso imponiendo unas condiciones «inasumibles» a las térmicas para su continuidad «lo que implicaba su cierre anticipado».
A la espera de estudiar el contenido de la declaración, el portavoz socialista, Marcelino Marcos, ha reiterado que la postura aprobada por la FSA y por el PSOE en sus congresos no coincide con la de la ministra, que tendría consecuencias negativas sobre el precio de la luz y para el conjunto de la industria española.
Su homólogo de Podemos, Emilio León, ha criticado la gestión de las últimas décadas tanto del PSOE como del PP para diseñar un modelo energético «que no funciona» y ha criticado en especial «la hipocresía» de los populares al pedir ahora una posición unánime tras «jugar a lo contrario» en sus últimos meses de gobierno.
Desde IU, Gaspar Llamazares ha respaldado cualquier iniciativa que permita articular una posición común en defensa de la minería y de las centrales térmicas, que debería estar liderada por el Gobierno regional e incorporar a sindicatos y empresarios.
Para la presidenta de Coto, Cristina Coto, la presencia de una «fundamentalista anticarbón» en el Ministerio constata que vienen «tiempos muy malos para Asturias» lo que obliga a «plantarse en Madrid» mientras que el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha subrayado que la postura del Gobierno regional no tiene «nada que ver» con la de la ministra y ha pedido «sensatez y tranquilidad» para acometer la transición de acuerdo a la realidad existente.
De recibir el visto bueno del resto de los grupos, la declaración institucional será leído por el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, en el pleno que se iniciará el próximo jueves en el que, entre otras cuestiones, se votará la toma en consideración de la reforma de la Ley de la Sindicatura presentada por Ciudadanos para evitar la politización en el nombramiento de sus responsables.