Guillermo Martínez asegura compartir el espíritu de la norma pero aboga por aclarar cuestiones relativas a los costes
18 jun 2018 . Actualizado a las 21:04 h.El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha asegurado compartir el «espíritu» de la ley para la recuperación de la Memoria Democrática impulsada por IU, pero ha abogado por aclarar algunas cuestiones como el coste económico de la norma, que contempla nuevos órganos como un instituto de la memoria. Durante una comparecencia en la Junta General, Martínez ha asegurado que el Gobierno coincide con la necesidad de dar continuidad a las acciones de reconocimiento y recuperación de quienes sufrieron violencia y persecución y que buena parte de las iniciativas a las que obliga la normativa cuya tramitación ha iniciado la Cámara asturiana ya se han puesto en marcha. Sin embargo, ha considerado que la redacción de la ley debería aclarar cuestiones respecto a su encaje legal en el marco jurídico estatal y a su adecuación del ámbito competencial del Principado. También ha reclamado aclarar aspectos relacionados con su impacto presupuestario, porque contempla la creación de un instituto de la memoria democrática, un consejo de memoria democrática y un comité técnico de expertos.
Martínez, que ha defendido poner en valor la Transición y ha abogado por respetar el marco constitucional, ha sostenido que «la reparación no es incompatible con la concordia» y que la memoria «no debería suponer un conflicto». De hecho, ha destacado el compromiso del Ejecutivo asturiano con la memoria histórica y ha precisado que desde la aprobación de la ley estatal en Asturias se ha elaborado un mapa de fosas con 343 enterramientos en 55 municipios y se han colocado 81 monolitos. Además, en esta legislatura se ha nombrado una asesora técnica en memoria histórica y se ha creado una comisión de expertos para elaborar un catálogo autonómico de símbolos y emblemas de la guerra civil y la dictadura que ya cuenta con un borrador avanzado que identifica 89 símbolos y vestigios.
Por su parte, el diputado popular Rafael Alonso ha recriminado a los grupos olvidar que «la sociedad española optó por la reconciliación» y ha considerado que la ley «no aporta nada» y «reabre viejos enfrentamientos que no van a derivar en nada bueno».
La diputada de Podemos Rosa Espiño se ha mostrado a favor de la norma, pero ha esperado que en el trámite de enmiendas se modifiquen algunas carencias como la ausencia de las referencias a la mujer, un aspecto que «debería convertirse en materia nuclear», ya que «la reparación no será completa si no están incluidas las mujeres».
Desde IU, Concha Masa ha justificado la existencia de la norma en la integración de todas las iniciativas que ya se están impulsando desde el ejecutivo y en la necesidad de «garantizar su continuidad y puesta en marcha independientemente del gobierno de turno».
Por último, la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez se ha mostrado a favor de la reparación, pero ha advertido de que su partido Cs va a estar «con todos los valores constitucionales» y no quiere poner en juicio el papel de la Transición.