Los cuatro puntos de conflicto que marcarán la «cumbre» Asturias-Madrid

La descarbonización, la financiación autonómica, los plazos de infraestructuras y la reforma de la PAC serán protagonistas de la cita entre Javier Fernández y Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Javier Fernández
Pedro Sánchez y Javier Fernández

Redaccion

Todavía no hay una fecha fijada pero la primera reunión entre Javier Fernández y Pedro Sánchez como presidentes de Asturias y España respectivamente, no podrá demorarse mucho más allá de comienzos de agosto. Sánchez ha iniciado una ronda de encuentros con los presidentes autonómicos en orden de aprobación de sus estatutos. El primero será Íñigo Urkullu, del País Vasco, el próximo 25 de junio, le seguirá el catalán Quim Torra el 9 de julio, el gallego Alberto Núñez Feijoo el 17 de julio y la andaluza Susana Díaz el 23 del mismo mes. Asturias es la quinta comunidad en aprobar su estatuto aunque la publicación del texto en el BOE coincidió con la norma de Cantabria y quizá Sánchez se decida por adelantar a Miguel Ángel Revilla.

A lo largo de las últimas semanas, ya desde el anuncio de los nombres elegidos para algunos de los ministerios del Ejecutivo de Sánchez, la preocupación en el Gobierno asturiano ha ido en aumento respecto a cómo enfocará el nuevo gobierno en el Estado determinadas materias en las que es fácil intuir que habrá un choque frontal con los intereses del Principado. Y no se trata de que la relación esté marcada porque el asturiano haya sido el presidente de la gestora del PSOE que sustituyó a Sánchez para luego retornar en las primarias; los desacuerdos tienen que ver con políticas concretas que se articulan sobre cuatro cuestiones fundamentales.

No es el carbón, es la industria

La descarbonización necesaria para avanzar en la transición energética hacia el predominio de fuentes renovables, el ritmo y plazos con los que vaya a producirse, es un punto de conflicto evidente entre ambos gobiernos. De forma más que expresiva, Teresa Ribera asumió una cartera con la denominación de Ministerio de Transición Ecológica y en su primera cumbre en Bruselas apostó de forma decida por un cierre anticipado de las centrales térmicas. En Asturias, no sólo el gobierno, sino una mayoría de partidos, de sindicatos y también la patronal, han advertido de que las cinco plantas que hay en Asturias necesitan un margen de existencia superior al objetivo fijado por la ministra para garantizar el suministro de electricidad y a un precio que les permita ser competitivas a las factorías de la industria que representan el 20% del PIB de la comunidad. El debate no es sobre la pervivencia de explotaciones mineras en Asturias ni tampoco sobre el cupo de carbón nacional para quemar en las térmicas, es sobre la misma existencia de las centrales.

El presidente asturiano ha advertido de que el Principado podría padecer una segunda reconversión con cierre acelerado de las plantas por sus efectos sobre el empleo, el directo y también el indirecto. El carbón supone al menos una cuarta parte del tráfico de graneles en El Musel y su pérdida tendría un impacto enorme en el sector del transporte. En diversas declaraciones, los consejeros asturianos se han mostrado prudentes y han evitado buscar ya una confrontación directa con el Ejecutivo de Sánchez, apelando a esperar a la reunión con Moncloa antes de hacer pronunciamientos gruesos y señalando que la política energética atañe a todo el Ejecutivo, también al Ministerio de Industria. En último término, en todo caso, el pago político de un conflicto en esta materia no recaería tanto en el Gobierno del Principado como en la Federación Socialista Asturiana, siendo Adrián Barbón expresidente de la asociación de comarcar mineras y habiendo siendo el SOMA uno de los principales apoyos del sanchismo en Asturias.

Equidad en la financiación autonómica

Antes de la moción de censura, el gobierno asturiano y el PSOE en su conjunto urgía al Gobierno de Rajoy a abordar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica que había demorado durante años. Pero esta semana, Sánchez afirmó que pretendía trasladar esta cuestión hasta la próxima legislatura, provocando el estupor del Gobierno asturiano que, por boca de su portavoz, Guillermo Martínez, emplazó al Ejecutivo central a, al menos, abrir el debate «para encauzarlo». Y no fueron los únicos, otras comunidades, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE, se manifestaron en términos similares. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, aseguró el viernes que en esta legislatura se sentarán las bases para la puesta en marcha del nuevo sistema y que, en todo caso, se tratatará de mejorar territorio a territorio en lo que afecte a puntos como los servicios sociales.

Pero en la ambigüedad de esa declaración reside también uno de los temores del Gobierno asturiano, el de que en acuerdos comunidad por comunidad, se fijen pactos bilaterales en vez de fijar una reforma multilateral con la participación de todas las autonomías y en la que acabe por producirse un desequilibrio y una situación de desigualdad. Las diferencias sobre cómo debe ser el nuevo modelo de financiación autonómica no residen tanto en distintos criterios de los partidos como de los territorios. En Asturias, como en el noroeste en general, se quiere que se tengan en cuenta crieterios como el del envejecimiento y dispersión de la población y se rechaza frontalmente que pueda llegar a introducirse el principio de ordinalidad, un límite a la solidaridad inter territorial que beneficiaría a las comunidades con mayor capacidad de recaudación. Es el que defienden comunidades socialistas como Valencia o Baleares, pero al que se oponen, también del mismo color, la propia Asturias o Aragón. Y el gobierno de Sánchez deberá encontrar un difícil equilibrio.

El AVE para cuándo

Las infraestructuras no tienen por qué ser una fuente de conflicto entre Asturias y Madrid pero las declaraciones del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señalando que se disponía a auditar los plazos fijados por su antecesor, Íñigo de la Serna, para la apertura de los túneles de la Variante de Pajares y el inicio de la circulación de los trenes de alta velocidad despertaron también la suspicacia el Gobierno asturiano, que recordó que cedería en su exigencia de los compromisos y plazos fijados. El último rediseño de la vía, impuesto por Foro al PP para aprobar los presupuestos generales de 2017, ya supuso un aplazamiento de la inauguración definitiva al menos y en el mejor de los casos, hasta el año 2020. Ábalos aseguró en todo caso que la revisión y auditoria no tendría que suponer «retrasos». De la Serna anunció toda una lluvia de millones para acelerar el AVE y otras obras que el nuevo Ejecutivo quiere revisar.

Alianzas por la PAC

En la maleta de asuntos que Javier Fernández llevará a La Moncloa para su cita con Sánchez está también la petición de que se tengan en cuenta las demandas del sector agroganadero en la reforma de la Política Agraria Común, la PAC y para la que España debe buscar aliados en la Unión Europea. Con el borrador presentado por Bruselas para los presupuestos europeos en el próximo periodo 2021-2027, se plantea un recorte del 5%  para los fondos FEAGA (los pagos directos a los agricultores) y del 15% para los FEADER (las ayudas al desarrollo rural). Aunque la propuesta todavía debe de ser negociada y acordada por los jefes de gobierno de los países miembros, las pérdidas para Asturias serían cuantiosas: unos 38 millones menos en el cómputo global, 16 millones de reducción del FEADER y 22 menos en los FEAGA.

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