Las acusaciones consideran que el exsindicalista está en condiciones; la defensa cree que su estado mental le impide atender y comprender con coherencia
28 jun 2018 . Actualizado a las 08:03 h.La Audiencia Provincial de Oviedo decidirá sobre la capacidad del ex líder sindical minero José Ángel Fernández Villa para prestar declaración en el juicio que ha comenzado hoy por su presunta autoría en un delito continuado de apropiación indebida de los fondos del SOMA-UGT.
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia dirimirá si la pericial de los forenses y neurólogos que examinaron al ex secretario general del SOMA-UGT viene a confirmar la tesis de la defensa de su imposibilidad de atender y comprender con coherencia a las cuestiones que puedan plantear las partes y, por tanto, le inhabiliten para declarar, tal y como pide la abogada defensora, Ana García Boto.
Por el contrario, las acusaciones consideran que el que fuera secretario general del SOMA-UGT durante 35 años está en condiciones de declarar.
La defensa ha pedido hoy la suspensión de la vista oral contra su representado amparada en los informes forenses que, según asegura, refrendan su tesis de que la enfermedad mental sobrevenida y su falta de memoria le impiden prestar declaración con todas las garantías procesales.
Igualmente, la presidenta del tribunal, María Luisa Barrio, anunciará mañana si atiende también a la solicitud de la defensa para que Fernández Villa, en el caso de que tenga que declarar, pueda posponer su testimonio inicialmente previsto para mañana hasta el próximo 5 de julio, fecha prevista para la conclusión de la vista oral.
La letrada ha incidido en su tesis de que Fernández Villa ha sufrido indefensión y ha centrado las críticas tanto en las «filtraciones» de la prensa como del hecho de que el caso se haya instruido en los juzgados de Oviedo y no en la demarcación de Langreo.
La primera sesión ha comenzado con el planteamiento de estas cuestiones previas y la prohibición expresa del acceso de los medios de comunicación a las pruebas periciales de los facultativos que examinaron a José Ángel Fernández Villa para garantizar la confidencialidad de sus informes médicos.
Los forenses habían determinado, el pasado lunes, que estaba en condiciones de declarar pese a sufrir un deterioro cognitivo.
Unos informes que entran en contradicción con los aportados por su defensa que incide en su incapacidad para afrontar el proceso judicial con todas las garantías.
Los peritos se reafirmaron en sus diagnósticos, según confirmaron fuentes jurídicas.
Fernández Villa llegó a la sede judicial poco antes de las 10:00 horas en un taxi acompañado de su mujer, sin muletas y con mejor aspecto que en ocasiones anteriores, y sin hacer declaraciones a los medios.
A su llegada fue increpado por un hombre que le recriminaba que se hubiera gastado el dinero de los trabajadores en «comidas y jamón».
Durante la sesión, Fernández Villa ha permanecido con la cabeza agachada, incluso cuando ha escuchado las solicitudes de condena que para él interesaban las acusaciones.
El fiscal pide para Fernández Villa una pena de cinco años de cárcel, petición que la acusación particular del SOMA eleva a seis años.
El otro acusado en la causa, el ex gerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato minero, Pedro Castillejo, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de prisión, que la acusación particular eleva a cinco.
A la salida de la primera sesión, Fernández Villa tampoco quiso realizar declaraciones, si bien las cuatro horas que duró la jornada, hicieron mella en su forma de caminar, con un paso más cansino.
Su defensa tampoco quiso hablar con los medios de comunicación y recordó a los periodistas, de nuevo, que las periciales se habían desarrollado a puerta cerrada y por tanto su contenido debía permanecer enmarcado dentro del secreto de las actuaciones.
Pedro Castillejo, por su parte, evitó hacer comentarios aduciendo que no era «ni el momento, ni el lugar».
Su abogado defensor, Alfredo García López, eludió igualmente pronunciarse sobre el contenido de las periciales, al haber sido realizadas en sala, a puerta cerrada, limitándose a confirmar que la presidenta resolverá las cuestiones previas mañana, momentos antes de iniciarse la segunda sesión en la que están previstas las declaraciones tanto de Villa, pendiente de la decisión final del tribunal sobre su capacidad cognitiva y volitiva, y de Pedro Castillejo.
Miguel García Vigil, abogado del despacho Ontier, que ejercita la acusación particular en nombre del SOMA-UGT, reconoció que «la pericial ha sido bastante ilustradora, porque los tres forenses y un neurólogo propuestos por las acusaciones y el perito propuesto a instancias de la defensa pudieron declarar al mismo tiempo e intercambiar opiniones».
Los peritos de las acusaciones se mostraron favorables a la declaración de Villa, mientras que el perito Bernardino Menes, propuesto por Ana García Boto, rechaza que esté en condiciones de declarar.
El letrado de la acusación particular incidió en que, para el sindicato minero, no hay motivos suficientes que respalden ni la prescripción de los hechos, ni la suspensión de la vista, tal y como alegaba la defensa del ex secretario general del SOMA-UGT.