Los últimos misiles de Villa

Afirma que la aseguradora Caser pagaba los móviles de la directiva del SOMA. Dice que el sindicato puso a su nombre un Mitsubishi para ahorrarse el IVA de los discapacitados. Añade que su secretaria sabía imitar su firma y que le robaron ocho veces su tarjeta de crédito.

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel
El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel

Oviedo

Hay dos juicios en marcha alrededor de José Ángel Fernández Villa. El primero, el del sistema de justicia con todas las garantías de un estado de derecho, echó a andar ayer con su declaración ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. A Villa y al antiguo gerente de la Fundación Infide, ligada al SOMA, se les acusa de apropiarse indebidamente durante años de fondos del sindicato, según una denuncia promovida por la dirección que le relevó en la sede langreana de la plaza de La Salve. El segundo se libra ante la opinión pública y tiene que ver con el estado de salud del histórico dirigente minero. Si es culpable o inocente lo decidirán los jueces. Si está tan enfermo como afirma su defensa, no entiende lo que le sucede y no debería sentarse en el banquillo es, sin embargo, materia de especulaciones en los cenáculos políticos, sindicales, empresariales y periodísticos de Asturias desde el año 2014, cuando se conoció que Villa se había acogido a la amnistía fiscal del 2012 y se rompió el aura de respeto y temor que siempre le había rodeado. La cuestión sigue sin resolverse después de tres cuartos de hora de declaración interrumpidos por una pausa.

A ratos errático y casi ausente, pero por momentos articulado, enojado e incisivo contra sus acusadores, alternó los «no comprendo» con la reivindicación de su gestión, la atribución de las responsabilidades administrativas y financieras a otros cargos del sindicato y la negación tajante del delito que se le imputa. En algunas ocasiones, sus explicaciones en forma de misil provocaban desconcierto, como cuando afirmó que la aseguradora Caser se hacía cargo de las facturas de los móviles de toda la directiva del SOMA. O que la organización pagó pero puso a su nombre un Mitsubishi porque, al hacerlo de esa manera, conseguía comprarlo con el IVA reducido que se aplica a los discapacitados (padece una vieja lesión de espalda) y ahorrarse dinero. O que el administrador del sindicato y su propia secretaria sabían imitar su firma y usaban esa habilidad al pie de algunos documentos. O que había perdido hasta en ocho ocasiones la tarjeta de crédito con la que manejaba fondos en su condición de secretario general, aunque ese argumento se quedó a medio construir. La presidenta del tribunal impidió a su abogada, Ana García Boto, que siguiera esa línea de preguntas. Villa, sin levantarse de su silla, solo contestó a sus preguntas y no aceptó las del fiscal ni las de la acusación particular ejercida por el propio SOMA, que bajo su nueva dirección le reclama la devolución de más de 434.000 euros presuntamente desviados durante años hacia su uso personal.

García Boto ya se había empleado a fondo en los preliminares del juicio para conseguir la anulación debido al estado mental de su defendido o, en todo caso, que el tribunal cambiara el orden de las declaraciones para que la de Villa, en lugar de la primera, fuera la última y contara con el beneficio de conocer todo lo que manifiesten los testigos convocados, cuyos testimonios empezarán a escucharse la próxima semana. No ha conseguido que el tribunal admitiera ninguna de las dos cosas. Los peritos no se ponen de acuerdo sobre el alcance de la enfermedad del acusado, aunque el forense le considera capaz de mentir y, por lo tanto, en condiciones de ejercer su defensa. Los magistrados también han mantenido el orden previsto y Villa abrió el juicio. Lo único que ha conseguido es que no haya cámaras ni periodistas en la sala para no alimentar su nerviosismo. Los periodistas siguen el juicio desde otra habitación cercana. García Boto expresó numerosas reservas y protestas que desde el principio dejan entrever que, si el resultado le es desfavorable, la cadena de recursos elevará el caso hasta las instancias judiciales más elevadas.       

Aspecto envejecido y dudas

En ese ambiente, todo es motivo de dudas. No se sabe si por la mala acústica de la sala o por sus propias dificultades, el acusado no oía la preguntas de su abogada, lo que motivó una versión togada del juego de las sillas. García Boto tuvo que cambiar su puesto por el del abogado de Pedro Castillejo, el otro acusado en medio de un enorme revuelo de papeles. Hasta que no aparecieron sus gafas, Villa tampoco fue capaz de leer unos documentos expuestos a su atención. Sentado, flaco, envejecido y con voz vacilante, el viejo sindicalista ya no es el Júpiter tonante que fulminaba a sus enemigos, ya fueran otros sindicalistas, empresarios o políticos, desde su olimpo de Rodiezmo, pero en muchos momentos tampoco dio la impresión de ser un hombre desorientado, acabado y perdido en la enfermedad. Era entonces cuando formaba frases largas, complejas y comprensibles, cuando aseguró que no comprendía que había pasado para que la organización que encabezó durante más de treinta años le volviese la espalda, aunque sostuvo que se fue por decisión propia y que nadie le echó. Mantuvo también que no era el único dirigente con acceso a la tarjeta de crédito, que se fiaba de Juan Cigales, el administrador del SOMA, para que llevase las cuentas de la organización y le asesorase en sus finanzas personales. A él, aseguró, sometía todos los gastos de representación. Algunos aparecían con cargos a la tarjeta de crédito y otros los pagaba en efectivo y los justificaba con facturas.

Fue él, añadió, antes de dejar el cargo, quien sugirió una auditoría externa para aclarar discrepancias en los gastos para organizar la fiesta de Rodiezmo y un curso de formación en carnicería. Sobre los cargos en puros, flores y perfumes, aseguró que efectivamente eran detalles. Los puros, para corresponder a dirigentes de otras organizaciones. Las flores, para enviar a las familias de trabajadores fallecidos en la mina. Y los perfumes, para agasajar a los militantes salidos de encierros largos por motivos laborales. Sobre las flores, sin embargo, el exgerente de Infide, Pedro Castillejo, tenía otros recuerdos. Se enviaban a esposas de militantes hospitalizadas por maternidad o por alguna enfermedad. Castillejo, que también negó cualquier irregularidad y situó en Cigales la responsabilidad de aceptar o rechazar las facturas, asegura que el sindicato le denunció por negarse a declarar contra Villa y para salvaguardar las aspiraciones políticas de dirigentes como Armando Fernández Natal, que en el 2015 encabezó la candidatura del PSOE a la alcaldía de Mieres. Pero también ha mostrado memoria selectiva, prolija y pegajosa para detalles cortados por el tribunal, y como revestida de teflón para otros asuntos de los que dijo no saber nada.

Lo que se decida en este proceso es muy importante para Villa por sus repercusiones en la otra investigación pendiente. Además de esta causa, aparece imputado en la Operación Hulla, en la que se investigan las irregularidades cometidas alrededor de la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa. La Guardia Civil cree que ahí y en este desvío de fondos procedentes del SOMA radica el origen de la fortuna que hizo aflorar en la amnistía fiscal abierta por el Ministerio de Hacienda en 2012: 1,4 millones de euros. El exsindicalista aún mantiene que ese dinero le llegó por la herencia del pequeño bar que sus padres tuvieron en Tuilla. Si la Audiencia y otras instancias superiores le consideran apto para ser juzgado y no se creen esa versión de un pequeño negocio que facturaba millones, si finalmente le condenan, el camino para que afronte acusaciones peores por los hechos del Montepío parecerá más despejado.

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