El Tribunal descarta las peticiones de la defensa del exsindicalista por enfermedad mental sobrevenida y también rechaza que declare el último día
28 jun 2018 . Actualizado a las 11:27 h.El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado que no ha lugar a la suspensión del juicio contra José Ángel Fernández Villa, tal y como reclamaba su defensa debido a su enfermedad y falta de memoria, aunque sí ha aceptado retrasar su declaración al último día del juicio.
La magistrada María Luisa Barrio ha anunciado esta mañana la decisión alcanzada tras el análisis de las cuestiones previas planteadas por la abogada Ana García Boto, defensora de José Ángel Fernández Villa.
La letrada solicitaba la suspensión de la vista oral al sostener que su representado no estaba capacitado para atender y comprender con coherencia a las preguntas que pudieran plantear las partes y, por tanto, su enfermedad mental sobrevenida y su falta de memoria le impedían declarar con todas las garantías procesales.
Los forenses habían determinado, el pasado lunes, que estaba en condiciones de declarar pese a sufrir un deterioro cognitivo.
El abogado de la acusación particular, Miguel García Vigil, en nombre del SOMA-UGT, se opuso a la suspensión al considerar que, en base al análisis de algunos peritos, José Ángel Fernández Villa podía declarar, al considerar que a través de la prueba practicada podía ser capaz de «mentir o engañar, lo que determina que el deterioro cognitivo podía ser fingido».
El tribunal también ha rechazado pronunciarse sobre la prescripción de la causa, como requería la defensa, y ha anunciado que decidirá sobre esta cuestión en la sentencia.
La letrada interesaba igualmente que en el caso de que tuviera que declarar, como finalmente ha sido acordado, Villa pudiera posponer su testimonio previsto para esta misma mañana hasta el próximo 5 de julio, fecha prevista para la conclusión de la vista oral.
La presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado, finalmente, que Villa declare el último día de la vista oral.
Unos informes que entran en contradicción con los aportados por su defensa que incide en su incapacidad para afrontar el proceso judicial con todas las garantías.
Apeló a la necesidad de que el ex líder minero tuviera «un juicio justo» e invocó el artículo 24 de la Constitución, y entendió que la prueba pericial practicada demostraba que sufría una demencia y que si se acordaba o no era un «hecho anecdótico» y que sólo en la sesión de ayer había escuchado a su propia letrada defensora porque su tono de voz era más elevado.
Ana García Boto incidió en la necesidad de que se le realizaran «preguntas cortas» , en caso de tener que declarar, y entendió que sería «un escarnio» que tuviera que juzgarse a una persona «sin capacidad de juicio para decir esto lo digo o esto me lo callo».
Para esta mañana estaba señalada la segunda sesión del juicio y hasta la sede judicial se han ido acercando algunos de los testigos propuestos por las partes, entre ellos el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo.
El fiscal pide para Fernández Villa una pena de cinco años de cárcel, petición que la acusación particular del SOMA eleva a seis años. El otro acusado en la causa, el ex gerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato minero, Pedro Castillejo, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de prisión, que la acusación particular eleva a cinco.