Luz verde a la Ley de Transparencia con recelos finales de Podemos

La formación morada mantiene dudas sobre la independencia de la que gozará la Oficina de Buen Gobierno. Llamazares dice que es una de las normas más avanzadas del país

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias
El pleno de la Junta General del Principado de Asturias

Redacción

La ponencia de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha dado por finalizados sus trabajos con el consenso de todos los grupos parlamentarios, aunque Podemos aún mantiene sus dudas sobre la independencia de la que gozará la Oficina de Buen Gobierno. Tras la última reunión de la ponencia, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha señalado que tiene una sensación ambivalente porque, aunque se han conseguido mejoras importante, como la regulación de los grupos de interés, o lobbies, o la inclusión de las denuncias anónimas, tiene dudas sobre la independencia de la que gozará la Oficina de Buen Gobierno a la hora de luchar contra la corrupción. En su opinión, el mecanismo planteado «se queda a medio camino y no es absolutamente independiente» ni tiene capacidad plena para investigar por sí mismo.

Ripa ha manifestado esta posición a pesar de que en la reunión de hoy se introdujo en la exposición de motivos una aclaración sobre la creación de esta Oficina de Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción que especifica que esta no se sitúa en el ámbito de la Administración regional y que «debe gozar de total autonomía», por lo que se constituirá como órgano del Consejo de Transparencia, «ente público dotado de plena independencia» y en el que el Ejecutivo carece de representación. «Hay avances, pero se queda a medio camino para luchar contra un mal endémico como es la lucha contra la corrupción», ha afirmado Ripa, que considera que esta situación se ha resuelto mejor en leyes como las que están en vigor en Valencia o Cataluña.

Sin embargo, para el portavoz de IU y presidente de la ponencia, Gaspar Llamazares, el texto consensuado «es una de las leyes más avanzadas del país» porque incorpora temas como el control de los lobbies de presión y refuerza la autonomía de la Oficina de Buen Gobierno. «Es una buena ley que resuelve la cuestión de la autonomía del ente y que previene la corrupción», ha añadido Llamazares, que ha asegurado que el texto que se va a aprobar «no se parece en nada al proyecto de ley inicial».

La diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, ha coincidido también en que no se parece en nada el texto inicial al consensuado y ha destacado que en el mismo se haya incorporado, a propuesta de la formación naranja, un estatuto del denunciante o un régimen sancionador.

El socialista Marcos Gutiérrez Escandón ha incidido en que esta ley es «prioritaria para este Gobierno» y que con el texto consensuado y la inclusión de ese régimen sancionador o la protección de los «denunciantes anonimizados» se va más allá de lo que plantea la ley estatal. E

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