El Gobierno indulta a las térmicas de Baleares y Canarias

El ejecutivo justifica que se tengan vida más allá de 2020 para garantizar el suministro eléctrico y Aragón ve un «agravio comparativo»

Central térmica de Lada
Central térmica de Lada

Uno de los principales argumentos del Gobierno asturiano para ralentizar el cierre de las centrales térmicas de la comunidad es el de asegurar la garantía del suministro eléctrico, en el ámbito doméstico pero singularmente para con la gran industria, justificando además que hasta que se implementen alternativas, la quema de carbón es fundamental para que tenga un precio que la haga competitiva. Y este es precisamente el argumento, el de evitar apagones, por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha indultado a centrales térmicas en las islas Baleares y en Canarias.

Lo ha hecho gracias a una enmienda presentada por el PP a los presupuestos generales del Estado por la que se reconoce que «con carácter excepcional y durante el año 2018, cuando el operador del sistema ponga de manifiesto la existencia, en un horizonte temporal de cinco años, de necesidades de potencia para garantizar la seguridad del suministro de forma eficiente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá otorgar, sin necesidad de resolución favorable de compatibilidad, en la medida imprescindible para satisfacer dicha necesidad y por un tiempo limitado, el régimen retributivo adicional a instalaciones existentes que deban llevar a cabo inversiones adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o Estatal para continuar en funcionamiento». De este modo se da vida más allá del año 2020 a la quema de carbón en los archipiélagos, pero la diferencia de tratao ha provocado la reacción de algunas comunidades.

Según recogió el diario El Heraldo de Aragón. el gobierno socialista de la comunidad, presidido por Javier Lambán ha reclamado que se le dé el mismo trato. Así cita al director general de Energía aragonés, Alfonso Gómez, quien afirmó que el riesgo de apagones también se puede dar en la península en el caso de que las condiciones meteorológicas fueran de nulo viento y cielos nublados sumado a un periodo de sequía en el que no puedan turbinar las hidroeléctricas. «Puede haber el mismo problema de insuficiencia eléctrica y riesgo de apagones y de ahí que la central térmica de Andorra deba seguir. Y cuanto más plantas cerremos, mayores riesgos tendremos en el país», indicó para destacar además que hacer una excepción con las plantas de las islas supone «un agravio comparativo».

En Asturias se conoció hace meses la intención declarada de Iberdrola de poner fin de forma anticipada a las centrales de Lada y Velilla. El anuncio provocó la reacción del Gobierno asturiano que, junto a patronal y sindicatos mayoritarios trató de formar un frente ante el Ejecutivo central para explorar las posibilidades legales de detener la decisión de la compañía. Entre los argumentos defendidos por el presidente asturiano, Javier Fernández estaba los de garantizar el suministro y el precio de la electricidad a la industria, que supone un 20% del PIB regional. Pero también el impacto que el cierre de las centrales tendría para el empleo, no sólo por el que se perdería de forma directa e indirecta en torno a las plantas sino también por su impacto en el sector del transporte, casi un tercio del tráfico de graneles de El Musel corresponde al carbón de importación. Asturias podría afrontar «una segunda reconversión industrial» advirtió Fernández.

Lo que llegó a acordarse con el gobierno de Rajoy quedó en el aire con el cambio en el Ejecutivo tras el triunfo de la moción de censura de Pedro de Sánchez y el nombramiento de Teresa Ribera, declarada partidaria de la descarbonización, como ministra de Transición Energética quien desde un primer momento insistió en que debían recortarse los plazos para cerrar las térmicas. Frente a la preocupación despertada entre el propio gabinete autonómico, alcaldes mineros, y sindicatos, el gobierno ha insistido en que buscará un modelo de «transición justa» en el que haya compensaciones sociales. Aunque sus demandas se apoyan en los mismos argumentos esgrimidos por Baleares y Canarias para reclamar una prolongación de las centrales.

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