Sánchez se reunirá con Javier Fernández el 25 de julio

La reforma de la financiación autonómica y el efecto sobre la industria asturiana de el cierre anticipado de las centrales térmicas serán los protagonistas del encuentro

Pedro Sánchez escucha cómo Javier Fernández atiende a los medios de comunicación, durante una visita a Asturias.Pedro Sánchez escucha cómo Javier Fernández atiende a los medios de comunicación, durante una visita a Asturias
Pedro Sánchez escucha cómo Javier Fernández atiende a los medios de comunicación, durante una visita a Asturias

Redaccion

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará un encuentro con su homólogo asturiano Javier Fernández el próximo 25 de julio; será la primera cita entre ambos en la ronda de encuentros mantenidos por el jefe del Ejecutivo central con las comunidades autónomas en el orden de aprobación de sus estatutos de autonomía. El anuncio ha sido hecho esta mañana en Castropol donde el gabinete del Principado ha celebrado el consejo de Gobierno semanal. La financiación autonómica, que Fernández quieren «encauzar» en esta legislatura pero, ante todo, impacto en la industria y la economía regional en su conjunto de un cierre anticipado de las centrales térmicas, serán los aspectos que protagonizarán estas primeras conversaciones. Al respecto el portavoz del Gobierno Guillermo Martínez citó «todos los temas de interés para la comunidad. La posición de Asturias ante la negociación de la financiación autonómica y la denominada transición energética con todo lo que ello conlleva, son claves para nosotros, como saben»; además destacó las infraestructuras, la política agraria, y las políticas sociales.

La descarbonización necesaria para avanzar en la transición energética hacia el predominio de fuentes renovables, el ritmo y plazos con los que vaya a producirse, es un punto de conflicto evidente entre ambos gobiernos. De forma más que expresiva, Teresa Ribera asumió una cartera con la denominación de Ministerio de Transición Ecológica y en su primera cumbre en Bruselas apostó de forma decida por un cierre anticipado de las centrales térmicas. En Asturias, no sólo el gobierno, sino una mayoría de partidos, de sindicatos y también la patronal, han advertido de que las cinco plantas que hay en Asturias necesitan un margen de existencia superior al objetivo fijado por la ministra para garantizar el suministro de electricidad y a un precio que les permita ser competitivas a las factorías de la industria que representan el 20% del PIB de la comunidad. El debate no es sobre la pervivencia de explotaciones mineras en Asturias ni tampoco sobre el cupo de carbón nacional para quemar en las térmicas, es sobre la misma existencia de las centrales.

El presidente asturiano ha advertido de que el Principado podría padecer una segunda reconversión con cierre acelerado de las plantas por sus efectos sobre el empleo, el directo y también el indirecto. El carbón supone al menos una cuarta parte del tráfico de graneles en El Musel y su pérdida tendría un impacto enorme en el sector del transporte.

Financiación equitativa

Antes de la moción de censura, el gobierno asturiano y el PSOE en su conjunto urgía al Gobierno de Rajoy a abordar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica que había demorado durante años. Pero esta semana, Sánchez afirmó que pretendía trasladar esta cuestión hasta la próxima legislatura, provocando el estupor del Gobierno asturiano que, por boca de su portavoz, Guillermo Martínez, emplazó al Ejecutivo central a, al menos, abrir el debate «para encauzarlo». Y no fueron los únicos, otras comunidades, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE, se manifestaron en términos similares. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, aseguró el viernes que en esta legislatura se sentarán las bases para la puesta en marcha del nuevo sistema y que, en todo caso, se tratatará de mejorar territorio a territorio en lo que afecte a puntos como los servicios sociales.

Pero en la ambigüedad de esa declaración reside también uno de los temores del Gobierno asturiano, el de que en acuerdos comunidad por comunidad, se fijen pactos bilaterales en vez de fijar una reforma multilateral con la participación de todas las autonomías y en la que acabe por producirse un desequilibrio y una situación de desigualdad. Las diferencias sobre cómo debe ser el nuevo modelo de financiación autonómica no residen tanto en distintos criterios de los partidos como de los territorios. En Asturias, como en el noroeste en general, se quiere que se tengan en cuenta criterios como el del envejecimiento y dispersión de la población y se rechaza frontalmente que pueda llegar a introducirse el principio de ordinalidad, un límite a la solidaridad inter territorial que beneficiaría a las comunidades con mayor capacidad de recaudación. Es el que defienden comunidades socialistas como Valencia o Baleares, pero al que se oponen, también del mismo color, la propia Asturias o Aragón. Y el gobierno de Sánchez deberá encontrar un difícil equilibrio.

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