El debate estuvo plagado de reproches cruzados entre los partidos en la Junta
18 jul 2018 . Actualizado a las 17:17 h.La petición de cese del síndico mayor, Avelino Viejo, no ha salido adelante, como se esperaba, al no haber conseguido PP, Podemos y Foro la mayoría necesaria para que el pleno de la Junta General del Principado aprobase el dictamen que así lo plantea.
La aprobación de una relación de puestos de trabajo (RPT) por parte de la Sindicatura que posteriormente fue anulada por los tribunales es el origen de esta petición de cese, que ya llevó a que Viejo fuese reprobado políticamente el 13 de abril por todos los grupos de la Cámara, salvo el socialista.
Los 22 votos que sumaron hoy populares, Podemos y Foro, frente a los 20 en contra de socialistas, IU y Ciudadanos, no fueron suficientes para pedir la destitución de Viejo ya que para ello se precisaba de un mínimo de 27 de los 45 diputados de la Cámara (mayoría reforzada de tres quintos).
El debate estuvo plagado de reproches cruzados entre ambos bloques con el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, contrario a esa petición de revocación, de fondo.
Dicho informe cuestiona el proceso abierto para destituir a Viejo por falta de motivación, y considerar que no han quedado «objetivamente acreditados» los extremos puestos de manifiesto inicialmente para incoar este procedimiento, entre otras cuestiones.
No obstante, la Comisión de Hacienda sacó adelante con los votos del PP, Podemos y Foro el dictamen que pide el cese de Viejo, que hoy no ha sido ratificado por el pleno porque IU, que en las votaciones iniciales de la comisión se había abstenido, finalmente votó en contra.
Su portavoz, Gaspar Llamazares, ha incidido hoy en que su grupo sigue reprobando la actitud del síndico, pero que no puede apoyar un dictamen contra el que se han pronunciado los letrados del parlamento regional, que dicen que no hay margen en la ley para que se proceda a cesar al síndico.
«Hablan de fraude, falseamiento de documento público y connivencia, de delitos que deberían haber denunciado», ha subrayado Llamazares, antes de acusar a populares, Podemos y Foro de haber convertido el dictamen «en un libelo, una acusación falsa, una calumnia por escrito».
La socialista Margarita Vega ha acusado a los mismos de «despreciar la legalidad» por haber seguido adelante con este procedimiento «a sabiendas de la inexistencia de hechos probados» y por haber «antepuesto sus fobias en un ejercicio de irresponsabilidad parlamentaria».
«Quieren remover al síndico basándose en sus opiniones, por oportunidad política y basándose en cuestiones de confianza, sin que se den las condiciones objetivas que exige la ley», ha advertido la parlamentaria socialista, que ha cuestionado que equiparado el dictamen con un «panfleto, cuya falta de rigor retrata a quienes lo promueven».
Para el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé el dictamen «no cumple las condiciones para acordar el cese del síndico», y responde a una «grave irresponsabilidad» por basarse en hechos subjetivos y no probados «por oportunismo político».
En el lado opuesto, el popular José Agustín Cuervas-Mons se ha mostrado convencido de que Viejo debe ser cesado por actuar de forma «parcial, subjetiva e indigna» en materia de contratación, así como por su falta de respeto al resto de síndicos que, en su opinión, se vieron manipulados por él.
Ha acusado a IU y Ciudadanos de cambiar de opinión para contribuir a «mantener al alguacil» y ha asegurado que los populares no podían estar de acuerdo con el informe de los letrados porque no les corresponde a éstos, sino a la Cámara, determinar si el síndico mintió y actuó con parcialidad.
El diputado de Podemos Enrique López ha insistido en que de los 34 puestos adscritos a la Sindicatura, sólo están ocupados 23 «y todos ellos de forma manifiestamente irregular» porque el síndico no tuvo en cuenta los informes desfavorables.
Ha acusado a CS, y especialmente a IU, de no haberse querido mojar, de haber usado el «comodín jurídico» para ello y para seguir siendo los cooperadores necesarios del PSOE a cambio de «dádivas y prebendas materiales» sin compromiso político alguno a cambio.
Desde Foro, Pedro Leal ha asegurado que sí hay pruebas objetivas «que están en las actas de la Sindicatura» de Cuentas y ha asegurado que el cese está motivado porque Viejo no actuó con imparcialidad ni objetividad, «ni con buena fe ni lealtad institucional».
La petición de cese de Viejo se planteó a raíz de que los tribunales declarasen nulos 25 nombramientos de puestos de trabajo de la Sindicatura, una convocatoria que había contado con el informe desfavorable, aunque no vinculante, de la Mesa de la Junta General, de la que depende orgánicamente el órgano fiscalizador del Principado, y de que Viejo afirmase en sede parlamentario que la decisión de adoptó unánimemente junto a los otros dos síndicos.