Redacción

El juicio contra el ex secretario general del Soma-UGT José Ángel Fernández Villa se ha reanudado esta mañana entre las continuas protestas de la defensa por la negativa del tribunal a aceptar el planteamiento de preguntas a los testigos por considerarlas «improcedentes» o «intrascendentes».

La abogada Ana García Boto, que ejercita la defensa de Fernández Villa, ha manifestado su protesta por no haber logrado que prosperara su petición para que el actual secretario general, José Luis Alperi, permaneciera en el interior de la sala al finalizar su declaración, por si resultaba necesaria su presencia para un posterior careo con otros testigos.

La presidenta del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, Maria Luisa Barrio, no ha accedido a su solicitud y ha autorizado a Alperi a abandonar las dependencias judiciales si lo deseaba, como ha hecho el testigo.

La defensa ha insistido en que Alperi continuara en sala y ha argumentado que su petición respondía «a la necesidad de que se quede como garantía del derecho de defensa por si es preciso solicitar un careo» y evitar así que pudiera comunicarse con otros testigos.

La presidenta ha recordado a la defensa que «está en su derecho de solicitar un careo» pero le ha puntualizado que será el propio tribunal quien decida si procede o no realizarlo, una vez solicitado.

«No me rete, señora letrada», le ha llegado a decir la presidenta a la defensa después de que Ana García Boto le planteara si podía hacer preguntas ante la reiteración de protestas de la defensa ante la advertencia del tribunal sobre la improcedencia de algunas de las cuestiones planteadas por la letrada a los testigos.

«Usted limítese a preguntar», le ha contestado la magistrada a la defensa tras ratificar que «será el tribunal quien decida su procedencia o improcedencia».

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, Jose Luis Alperi, ha asegurado que el sindicato decidió hacer una auditoría para comprobar que el dinero regularizado en la amnistía fiscal por su predecesor, José Ángel Fernández Villa, el dinero no había salido de la organización.

Alperi ha prestado declaración en el juicio que se ha reanudado esta mañana en la Audiencia Provincial tras la mejoría del ex secretario general, José Ángel Fernández Villa, que ha vuelto a sentarse en el banquillo, acusado de un delito continuado de apropiación indebida, por el que afronta una petición fiscal de cinco años.

El abogado Miguel García Vigil, que ejercita la acusación particular en representación del SOMA, eleva la petición a seis años al imputarle el desvío de 434.158 euros del sindicato a su patrimonio personal.

Alperi, que ha señalado que el control contable del sindicato lo llevaba Juan Cigales, ha apuntado que la ampliación de la querella se realizó para recuperar «el supuesto menoscabo patrimonial que sufrió el sindicato». Alperi ha explicado que lo primero que hizo al asumir la nueva dirección era «ejercer todas las acciones jurídicas necesarias, incluidas las penales, para recuperar ese supuesto menoscabo».

El secretario general del sindicato ha ratificado ante el tribunal de la Sección Tercera que la querella se dirigió a Fernández Villa y a Pedro Castillejo, ex secretario general del Infide, dependiente del Soma, «por ser los que tenían un patrón definido de actuación, sistemático», y eran, en principio, «los máximos responsables».

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Las protestas de la defensa tensan el juicio contra Villa