La FACC celebra el anuncio del Gobierno de aumentar el porcentaje del superávit que pueden gastar pero pide que la reforma de la ley permita invertir los 500 millones que tienen de remanente
20 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los concejos quieren más. De hecho, lo quieren todo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos y comunidades autónomas en superávit puedan invertir estos fondos, ahora limitados por el «encorsetamiento» de la regla de gasto. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) celebra la medida pero pide ir más allá. El presidente de la federación, Ignacio García Palacios, pide que se toque la regla de gasto para que los ayuntamientos asturianos puedan invertir los 500 millones que tienen de remanente.
Después de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montero ha puntualizado que esta iniciativa se emprenderá una vez que las cortes hayan dado el visto bueno a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021 que se aprueba mañana. El objetivo, ha explicado, es ampliar el porcentaje de superávit que se puede dedicar a inversiones financieramente sostenibles más allá de la regla de gasto -que impide aumentar el gasto más de un determinado porcentaje-, así como «modificar el concepto» de estas inversiones, lo que permitirá desarrollar proyectos que ahora no son posibles.
En definitiva, «incorporar preocupaciones que existen» en los municipios, ha afirmado la ministra. Montero ha añadido que pretende convocar este mes la comisión encargada de estudiar la modificación de la regla de gasto para analizar «con más detalle» los elementos que se pueden incorporar.
En la práctica esto se traducirá en que los ayuntamientos podrán invertir más, pero si no se produce una modificación exhaustiva de la norma, no podrán gastar todo lo que han «ahorrado» en los últimos años. «Tenemos que ser prudentes», ha asegurado García, quien también pide, con el mismo objetivo, que se retoque la ley de estabilidad presupuestaria. Una flexibilación de esas normas desbloquearía una partida de unos 500 millones (23.000 millones en toda España), que son los que forman el remanente de los ayuntamientos asturianos. De ellos, entre 70 y 100 millones son del superavit del año pasado. Con la ley actual, ni siquiera esta partida puede gastarse en su totalidad.
«No queremos gastar el dinero para ir de juerga», sostiene el responsable de la FACC, quien considera que invertir ese dinero serviría para «cubrir las necesidades de los vecinos». García va más allá y recuerda que no todos los consistorios se han compartado igual, y que hay 35 en el Princiapado que no tiene deuda. Para ellos no tiene ningún sentido el apartado de la actual ley que obliga a los ayuntamientos a destinar su superávit a amortizar esa deuda.
El impuesto de la plusvalía
La ministra también ha avanzado que el Gobierno apoyará la tramitación de la ley que regula el impuesto de la plusvalía -después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no se pueden gravar con este tributo las ventas a pérdidas-, que fue el resultado de un acuerdo del anterior Ejecutivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También ha planteado la necesidad de trabajar para que la ejecución de los fondos europeos en los municipios no «compita» con el resto de recursos amparados bajo la regla de gasto.
Montero ha explicado que el encuentro ha servido además para «tomar nota» de las aspiraciones de las administraciones locales, con el objetivo de que tengan el protagonismo «que merecen», al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de este subsector a la corrección del déficit público.
También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha mostrado su voluntad de situar las corporaciones locales «en el centro de la política». En ese sentido, se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para evaluar una posible ampliación de sus competencias, lo que se plasmaría en un proyecto de ley.
Además, se ha abordado la creación de otro grupo de trabajo para afrontar el reto demográfico, y en el que tienen que participar entidades locales y comunidades autónomas, que son quienes conocen la realidad de sus municipios y los problemas como la despoblación o el envejecimiento.
