La Junta responsabiliza a Areces y tres exconsejeros de mala gestión en el Gitpa

El dictamen salió adelante con los votos del PP, Podemos y Ciudadanos

Un pleno en la Junta General del Principado
Un pleno en la Junta General del Principado

Oviedo

La comisión parlamentaria que investiga la llamada trama del cable ha concluido sus trabajos con la aprobación de un dictamen que atribuye responsabilidades políticas al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces y a los exconsejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre y Francisco Blanco por la gestión hecha en la empresa pública de telecomunicaciones Gitpa.

El dictamen salió adelante con los votos del PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que el resto de grupos parlamentarios, PSOE, Izquierda Unida y Foro, presentaron sus respectivos votos particulares a unas conclusiones con las que no están de acuerdo. Sin embargo, populares, Podemos y Ciudadanos, que suman 23 de los 45 diputados que conforman el parlamento asturiano, tienen garantizada la aprobación del dictamen en un pleno que la Junta General, previsiblemente, celebrará en septiembre.

El texto, que pide también la supresión de esta empresa pública, responsabiliza además a dos exdirectores generales de Gitpa, Juan Manuel Rodríguez y Eduardo González; a otros cuatro altos cargos y a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo. En el mismo se señala que hubo una ausencia total de control por parte del Principado tanto a nivel jurídico como de gastos sobre su actividad y que la selección de personal se realizó sin los principios de transparencia, mérito y capacidad y sin clarificar las funciones de cada puesto.

El dictamen recomienda también trasladar a la Fiscalía los correos electrónicos anónimos enviados a los diputados alertando de supuestas contrataciones fraudulentas en la sociedad tras el informe de los letrados de la Junta que advertía de que su uso constituiría un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Gitpa está siendo objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades al facturar al Principado cantidades por encima del coste de las obras ejecutadas en la extensión de la red troncal de cable de occidente tras encargarse desde 2006 de la puesta en marcha de la red Asturcón de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en toda Asturias.

Para el presidente de la comisión, el diputado popular, José Agustín Cuervas Mons, es importante que se haya aprobado un dictamen que pide responsabilidades políticas, a pesar de los intentos de bloqueo que, en su opinión, han llevado a cabo IU, Ciudadanos y, especialmente, el PSOE, al que ha acusado de querer ocultar y tapar todos los caos de corrupción que puedan salpicarles. La diputada de Podemos Lorena Gil ha compartido esa acusación y ha asegurado que la formación morada seguirá denunciando irregularidades y situándose enfrente de quienes apuesten por la inmuniadd y la impunidad de los directivos que hayan cometido ilegalidades.

El representante de Ciudadanos, Armando Fernández, ha acusado a los mismos grupos «de ponerse de perfil» y de no querer investigar nada de lo ocurrió con una empresa que, en su opinión« fue creada huyendo de los controles oficiales» y que en ella se hizo lo que se quiso sin pensar si beneficiaba a los asturianos. Sin embargo, Ovidio Zapico, de IU, ha acusado a los tres grupos que acordaron el dictamen de no haber querido buscar el consenso con el resto de formaciones y de haberse excedido en el marco de las responsabilidades políticas.

El socialista Jesús Gutiérrez ha afirmado que el dictamen está «plagado de errores y contradicciones», que salió adelante por un solo voto y que es el producto de una comisión que «ya nació muerta y rota desde el principio», pero en la que los socialistas no han estado solos a la hora de cuestionar el posicionamiento de PP y Podemos, principalmente, «que tenían mucha prisa en despachar esta comisión».

El fin de los trabajos de la comisión, que se han prolongado durante dos años, se produce después de que en las últimas semanas se sucediesen las críticas de partidarios y contrarios al dictamen por los plazos que se habían dado para la elaboración de los votos particulares.

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