Asturias multará con 50.000 euros el acoso a los árbitros, la xenofobia y los amaños de partidos

El Principado promueve una Ley del Deporte que regula las infracciones y las sanciones correspondientes. Elaborará un censo de instalaciones incluso con los circuitos al aire libre

Un árbitro muestra una tarjeta roja
Un árbitro muestra una tarjeta roja

Redacción

Acosar a un árbitro de una competición, doparse, amañar partidos o protagonizar actos racistas, xenófobos o discriminatorios por razón de sexo durante algún evento deportivo se sancionará hasta con 50.000 euros. Las Federaciones o los organizadores que no cumplan la ley de manera reiterada o que cometan alguna infracción muy grave, como no suscribir un seguro de responsabilidad civil o las entidades sin ánimo de lucro saquen beneficio de una prueba se enfrentarán a multas de hasta 60.000 euros. Así aparece recogido en el anteproyecto de la Ley del Deporte del Principado, que el Gobierno asturiano está tramitando y que ha sacado a exposición pública. La normativa, que consta de 60 páginas, recoge la práctica del deporte como un derecho, y traza las estrategias necesarias para ponerlo al alcance de todos los asturianos. Hace especial hincapié en la igualdad de género y en la eliminación de todo tipo de barreras, para que sea realmente un derecho al alcance de todos los ciudadanos.

Además del llamativo capítulo de infracciones y sanciones, la ley incluye proyectos interesantes. Crea un Comité Asturiano de Justicia Deportiva, como un órgano colegiado independiente, que tendrá importantes competencias. Obliga a aprobar un Plan Director de las Instalaciones, donde aparezca reseñada la inversión pública necesaria, que tendrá que coordinarse con los ayuntamientos y con el Estado. También habilita un censo de instalaciones deportivas en el que aparecerá, junto con los equipamientos clásicos, los circuitos urbanos de ejercicio al aire libre, los parques con espacios reservados, los circuitos para bicicletas y las rutas de senderismo. Extrema el control sobre federaciones, clubes y asociaciones y desarrollarán beneficios fiscales para los particulares o empresas que promuevan o patrocinen la práctica del deporte.

La legislación

Este anteproyecto, que estará a exposición pública y abierto a alegaciones hasta el 4 de septiembre, promueve un marco normativo estable para la actividad física y el deporte en Asturias, adecuado a la nueva realidad social. Reconoce por primera vez el derecho al deporte y también por primera vez se reconoce la promoción de la actividad física. En su introducción, el Principado argumenta que pretende «llevar la actividad física y deportiva al conjunto de la sociedad asturiana, adoptando una política deportiva global, que se esfuerce en propagar los valores sociales, educativos, formativos, de salud, cívicos, solidarios, de cohesión e integración, de desarrollo económico, turístico y medioambiental en todas las capas de la población». Hace especial hincapié en la necesidad de «estimular la participación a todos los niveles, integrando la perspectiva de género» y ambiciona llegar a toda la sociedad gracias al apoyo en el tejido asociativo, de los clubes y federaciones. En varios apartados cita a colectivos específicos con lo que se presente volcar, como son los niños en edad escolar, los mayores, las personas con discapacidad y la población en riesgo de exclusión.

La Administración Autonómica quiere utilizar todos los recursos a su alcance para promover la práctica del deporte. Así que en aquellos impuestos en los que tenga capacidad normativa, plantea la idea de «ofrecer beneficios fiscales a las personas físicas o jurídicas y a las entidades públicas y privadas por las aportaciones que se destinen a las actividades deportivas o de promoción de la actividad física, en concepto de patrocinio, mecenazgo o figuras de carácter análogo».

Dentro de esta estructura, el Comité Asturiano de Justicia Deportiva tendrá un papel protagonista. Será «el órgano colegiado, único e independiente para la resolución de todas las cuestiones controvertidas, ya sean de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, de control de legalidad de los procesos electorales federativos, así como para la conciliación de conflictos deportivos mediante la vía arbitral o la mediación». Su composición, al igual que ocurrirá con el resto de organismos que se creen, tendrá una composición paritaria. Habrá también un Consejo Asesor de la Actividad Física y el Deporte, que se desarrollará mediante un reglamento posterior, que tendrá a su cargo un Observatorio encargado de publicar informes anuales.

El Plan Director de Instalaciones será un pilar fundamental. Marcará las obras necesarias, los programas de financiación, los planes de supresión de las barreras arquitectónicas, los equipamientos que tienen que tener colegios e institutos,.. En este plan estará incluido ese completo censo ya citado y también se declarará qué obras se pueden considerar de utilidad pública.

Los ayuntamientos seguirán teniendo competencias de calado. A las administraciones locales les seguirán tocando la promoción, planificación y gestión de la actividad deportiva, además de la construcción de los equipamientos municipales y la gestión posterior. Existen otras dos funciones que destacan en la ley: la reserva de suelo en los planes generales de ordenación urbana y la organización y patrocinio de competiciones y eventos deportivos.

Incumplimientos y sanciones

Todos los comportamientos graves que sean constitutivos de delito serán notificados de oficio al Ministerio Fiscal. El Principado se pone duro en materia deportiva. El régimen sancionador administrativo en materia deportiva es muy preciso en este anteproyecto. ¿Qué se consideran infracciones administrativas muy graves en materia deportiva? El documento detalla desde incumplir la obligación de disolver una federación a realizar actividades o prestar servicios en condiciones que puedan afectar gravemente a la salud y la seguridad de las personas o no suscribir un seguro de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente, cuando la organización del evento lo requiera. Tendrá la misma calificación que una entidad sin ánimo de lucro organice pruebas para lucrarse. En función de la gravedad o la reiteración, las sanciones oscilarán de 6.000 a 60.000 euros.

Los conflictos en materia deportiva y los procedimientos de solución ocupan otro capítulo anexo. Aquí incluye «las infracciones a las reglas del juego, prueba, actividad o competición deportiva, y a la conducta deportiva las acciones u omisiones que durante los eventos impidan o perturben el normal desarrollo de los mismos y las que contradigan directa o indirectamente las normas generales de carácter deportivo, de forma que perjudiquen el desarrollo normal de las relaciones deportivas».

El listado de infracciones muy graves a las reglas de disciplina deportiva es preciso. Habla del abuso de autoridad, de la usurpación de competencias, de actos «dirigidos a predeterminar mediante precio, intimidación, indemnización o ventaja o cualquier otra circunstancia, el resultado de los eventos o actividades deportivas» o al dopaje. Cita la incitación a la violencia o su uso en acontecimientos deportivos, los actos «racistas, xenófobos o discriminatorios por razón de sexo». Protege a los árbitros y a los entrenadores. Califica de muy grave «la protesta o actuación individual airada y ofensiva o el incumplimiento manifiesto de las órdenes e instrucciones emanadas de jueces o juezas, árbitros o árbitras, personal técnico, entrenadores o entrenadoras».

Valora este artículo

2 votos
Comentarios

Asturias multará con 50.000 euros el acoso a los árbitros, la xenofobia y los amaños de partidos