El Gobierno asturiano alerta de que las declaraciones sobre que el carbón «no tiene futuro» pueden disuadir a las empresas de invertir en las plantas
20 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.A menudo, a la hora de hablar de las compensaciones sociales, singularmente para el empleo, que supondrá la puesta en marcha de un plan repentino de descarbonización, la ministra Teresa Ribera ha usado términos como transición «justa» y «solidaria con el pasado». Pero lo cierto es que la actividad económica directamente relacionada con el carbón y su quema para la producción eléctrica en Asturias no tiene nada de pretérita y se encuentra plenamente instalada en el presente. No se trata tanto del debate sobre la prolongación de las explotaciones mineras (que tiene una fecha de caducidad ya muy cercana fijada por la UE para este mismo año) sino el impacto que tendría el cierre de las plantas para la importación de mineral a través del puerto del Musel (que supone el 12% de su facturación) y sobre todo la garantía del suministro eléctrico para la industria regional. Asturias es junto a País Vasco y Cataluña la única comunidad cuyo porcentaje de producto interior bruto relacionado con la industria supera el 20% (siendo este además un objetivo económico también fijado por la UE).
Pero más allá de las reformas concretas que vayan a plantearse a corto plazo, desde Asturias se ha manifestado también el temor de que la virulencia del debate termine por convertirse en un profecía autocumplida para el cierre de varias centrales térmicas. A mediados del mes de julio, en un pleno en la Junta General antes de mantener su encuentro con el presidente Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, reclamó que la ministra dejara de hacer intervenciones taxativas sobre que el carbón «no tiene futuro» ya que podrían hacer que las empresas dejaran de llevar a cabo las inversiones previstas en el medio plazo para sus plantas.
En este sentido, Fernández pidió «cesar inmediatamente declaraciones sobre empresas eléctricas que puedan llevar también a cierre inmediato porque, en un sector tan regulado, de esta naturaleza, que el regulador diga que se va a cerrar ya supone que a veces las empresas efectivamente cierren o al menos no afronten las inversiones necesarias para ello. Y ya sabemos, tenemos un escenario muy próximo a dos años vista en que las centrales cerrarían por inanición y estoy hablando de dos centrales en Asturias y cuatro en Castilla y León que son las que se suministran desde El Musel». El presidente se refería a un cierre precipitado de las asturianas de Soto de la Barca (Tineo) y Lada (Langreo) a las que podría sumarse los casos de Compostilla, Anllares, La Robla y Velilla, todas ellas en Castilla y León y que reciben sus suministros desde los puertos de Asturias si las empresas se sienten disuadidas de llevar a cabo las inversiones previstas hasta el año 2020.
Cuando Iberdrola anunció su intención de cerrar Lada, el gobierno asturiano apuntó que podría someterse al Principado a una «segunda reconversión» que afectaría no sólo a los empleos directos e indirectos ligados a las centrales térmicas sino también al sector del transporte, sólo en Lada entran 120 camiones diarios.
En relación a las propuestas del gobierno asturiano sobre cómo debería modificarse la normativa para que la decisión de cerrar una planta no quede en manos únicamente de la empresa, el presidente indicó que debería cambiarse la ley «para que se incluya la decisión última del gobierno, a propuesta de comisiones independientes, de intervenir cuando una empresa privada eléctrica plantea el cierre de una de sus plantas. Para que el precio de cierre de una instalación sea el de los terrenos menos la descontaminación, más el del achatarramiento menos el plan social que debería hacer para el cierre como salida para que otro eventual operador pudiera hacerse cargo de esa central». Javier Fernández también insistió en que es competencia del Gobierno central negociar en el ámbito europeo una prórroga para las explotaciones mineras más allá del 31 de diciembre.