Asturias advierte de que la financiación autonómica no puede decidirse en «comisiones bilaterales»

Cataluña avanzó este martes, por boca de su vicepresidente Pere Aragonès, que no participaría en el encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno del Estado ha convocado hoy y se ha remitido a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que, después de su primera reunión el pasado 1 de agoisto «abre un nuevo espacio» que, a juicio del Govern, es más adecuado, teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Cataluña. Desde Asturias, fuentes de la Consejería de Hacienda señalaron que no entraban a valorar la decisión del gobierno catalán de no acudir al encuentro común pero, en todo, caso reiteraron que «cualquier decisión que afecte a la financiación autonómica y, por ende, a todas las comunidades autónomas debe tomarse en un órgano en el que estén presentes todas, es decir en el consejo. Y no en comisiones bilaterales».  

Lo cierto es que el anuncio de Pere Aragonès de no participar en el encuentro del Consejo de Política Fiscal no va más allá de un mero gesto ya que se trata de una cita telemática, sin la presencia física de los responsables de Economía y Hacienda de cada una de las comunidades, y las que su voto se efectúa por medios digitales. La comisión bilateral es un órgano contemplado en el artículo 183 del Estatuto de Autonomía. Permite la participación de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afectan a Cataluña, así como el intercambio de información entre Madrid y Barcelona y el establecimiento de mecanismos de colaboración en asuntos de interés común. Esta comisión se reunió el pasado mes de agosto por primera vez desde el año 2011 ya que nunca fue convocada por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

Aviso por carta

La Generalitat anunció que no participaría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de una carta remitida por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo central convocó la reunión con un único punto en el orden del día referido de nuevo a la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las comunidades autónomas para el periodo 2019-2021, antes de volver a presentar en el Congreso la misma senda de estabilidad rechazada a finales de julio.

La nueva reunión del CPFF se producirá después de que el Congreso rechazase el 27 de julio la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recoge los objetivos de déficit y deuda pública para 2019-2021 --del 0,3% del PIB para 2019, el 0,1% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria para 2021--.

«Los motivos que justifican la no participación son fundamentalmente los mismos que justificaron nuestra ausencia en las convocatorias anteriores y que hemos tenido ocasión de comentar en varias ocasiones», afirma Aragonès en la carta.

El también consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat argumenta que el mecanismo actualmente fijado para la toma de decisiones en el CPFF, la propia composición del pleno y la mayoría de votos reservada al Ministerio «dificulta que sea un espacio propicio para la adopción de consensos efectivos y debates productivos».

Aragonès recuerdó además que a primeros de este mes se celebró la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat «que abre un nuevo espacio» que, a juicio del Govern, es más adecuado, teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Catalunya.

Ha indicado que en esa reunión se acordó convocar tres comisiones mixtas y cuatro subcomisiones, entre ellas la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, y ha añadido que, en el marco de esta última, le gustaría trasladar a la ministra la disconformidad del Govern con la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de comunidades autónomas.

La Generalitat considera que el reparto de los objetivos de déficit entre los diferentes niveles de administración pública en el periodo 2019-2021 «no únicamente son desproporcionados» sino que tampoco cumplen lo establecido en la ley de estabilidad presupuestaria y financiera.

Aragonès argumenta que el ajuste excesivo en los presupuestos de las comunidades autónomas en favor de un mayor margen por parte de la Administración General del Estado «no únicamente tiene un evidente efecto recentralizador», sino que también a las administraciones públicas que cargan con la mayor responsabilidad en la prestación de servicios del Estado del Bienestar.

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