Asturias concentrará las oposiciones de las policías locales en un único examen en mayo

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

PACO RODRÍGUEZ

Un único tribunal seleccionará a los agentes de todos los ayuntamientos que firmen acuerdos con el Principado

24 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Principado centralizará con una única convocatoria anual, en el mes de mayo, las oposiciones a la Policía Local de todos los ayuntamientos que, como Oviedo, le encomienden el proceso de selección de agentes. Así consta en el decreto que está elaborando la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y que, en estos momentos, se encuentra en periodo de exposición pública. Los Gobiernos locales podrán encomendar a la Administración asturiana la realización de las oposiciones a agente, por el sistema de turno libre. Las corporaciones aprobarán la oferta pública de empleo con el número de plazas y la categoría a la que pertenecen. A continuación, deberán delegar las competencias de todo el proceso, desde la aprobación de las bases hasta la propuesta de nombramiento. Un único tribunal los juzgará a todos.

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha anunciado que se acogerá a este procedimiento. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, ha explicado que firmarán esa encomienda de gestión de las oposiciones de Policía Local con el Principado. De esta manera, será la Administración autonómica la que celebre, elabore y dirija los procesos selectivos para incorporar nuevos agentes a Oviedo. En su caso, este convenio tendrá una duración inicial de cuatro años. Fernández es un firme defensor de este procedimiento, ya que considera que ordena el sistema y acaba con un sistema confuso en el que cada iba marcando sus propios criterios. «Sirve para extender la idea de que en Asturias tiene que existir una colaboración entre los municipios y con el Principado», ha explicado.

El documento

El decreto regula los procesos de selección de los agentes de la Policía Local y también la movilidad entre concejos. El objetivo que persigue esta normativa autonómica, defendida hace unos meses por el portavoz del Principado, Guillermo Martínez, es «homogeneizar los procedimientos para conseguir una mayor operatividad y eficacia». Para conseguirlo establece unas bases comunes, fija un temario único y garantiza la igualdad de condiciones de acceso de todos los aspirantes en cualquier municipio de Asturias. El documento, especifica el Gobierno, «no restringe derechos de los destinatarios ni impone obligaciones» a nadie.

La encomienda de gestión de los ayuntamientos, de hecho, no es obligatoria. La parte final del decreto recoge la posibilidad de firmar ese acuerdo. Pero eso es algo que las propias corporaciones tienen que decidir. Cada entidad local puede seguir gestionando sus propias oposiciones a la Policía Local, aunque sí tendrá que cumplir con esta norma de carácter regional. El Principado sacará esa convocatoria anual con todos los concejos que hayan delegado su competencia, en la que se especifica cuántas plazas corresponden a cada territorio. La oposición será sólo una, válida para todos los ayuntamientos interesados y con un único tribunal. 

Las bases de cada convocatoria, ya sea la anual que saque el Principado o la que sigan gestionando las Administraciones locales, indicará el número y las características de las plazas, los requisitos, la documentación necesaria, los plazos, la estructura de las pruebas y la obligatoriedad de pasar un curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Principado. En la escala básica de agente, el decreto fija que los candidatos tienen que tener la nacionalidad española, ser mayores de 18 años y tener como mínimo el título de Bachillerato o de técnico. No podrán presentarse los hombres que midan menos de 1,65 metros y las mujeres de menos de 1,60. Tienen que firmar un compromiso de portar armas y de llegar a utilizarlas, en caso de que sea necesario. Tanto las bases como los plazos y la parte de admisión y exclusión de aspirantes aparecerán publicados en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). 

El tribunal estará formado por un presidente, cuatro vocales y un secretario. Cuando las competencias las mantengan los ayuntamientos, el presidente y los vocales serán designados por el alcalde. Los vocales, además, tendrán que tener una titulación o una especialización igual o superior a los que se exija en esa esa oposición. No podrán formar parte de este organismo de selección funcionarios interinos, personal eventual o personal de designación política. 

El proceso constará siempre de dos partes, una fase de oposición y un curso de ingreso. A su vez, la oposición tendrá un primer examen tipo test de 50 preguntas que habrá que completar en una hora, unas pruebas físicas para demostrar «las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación» en unas instalaciones homologadas, un psicotécnico, una entrevista personal y un reconocimiento médico. Finalmente, los que consigan la plaza entrarán como personal funcionario en prácticas, ya que antes de su incorporación definitiva tendrán que superar con éxito el curso en la Escuela de Seguridad Pública del Principado. Podrán realizarlo una segunda vez, en caso de que suspendan el primero. Pero si no lo logran al segundo intento, perderán su derecho a ser nombrado funcionario de carrera.

Movilidad

La segunda parte del decreto está reservada a la movilidad, es decir, la posibilidad de que los agentes de la Policía Local pidan el traslado de un concejo a otro. La normativa establece que los ayuntamientos tienen que reservar a este fin el 20% de las vacantes de la escala básica. Para poder solicitar un cambio, los agentes deberán ser funcionarios de carrera y haber permanecido, al menos, los dos años anteriores en activo. Habrá una fase de concurso para determinar quién consigue la plaza. El baremo -incluido en el documento- otorga puntos por formación y docencia, por antigüedad y también por la conciliación de la vida personal y familiar. 

La Comisión de Coordinación de Policías Locales ya ha dado este martes el visto bueno al borrador. En este órgano están representados el Gobierno de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y los sindicatos con representación en el sector.