La asturiana Cristina Álvarez se encuentra entre las familias atrapadas en Ucrania por iniciar un proceso de gestación subrogada
03 sep 2018 . Actualizado a las 20:29 h.Son alrededor de dos decenas de familias las que se han quedado atrapadas en un laberinto jurídico y un dilema moral que divide a la opinión pública, pero más allá del debate sobre la legitimidad de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada, lo que reclaman por encima de todo es que se tengan en cuenta ante todo los derechos de los menores. Si la administración española no reconoce la filiación paternal de estos bebés, el reconocimiento de la nacionalidad por la del padre, los pequeños se quedarán en un limbo que les obligaría a permanecer en Ucrania. Entre las familias que acudieron a contratar los servicios de una gestante para conseguir un hijo se encuentra la asturiana Cristina Álvarez «mi madre es de Cangas de Onís, mi padre es de Luarca, pero yo en los años que he vivo en Asturias he vivido en Gijón. Tengo allí una casa y tenemos casa también en Cangas de Onís, lo que pasa es que llevo 20 años viviendo en Madrid».
Álvarez, que tuvo una niña en Ucrania por medio de este proceso, se ha encontrado con el mismo obstáculo que una veintena de familias españolas. Hasta ahora, cuando se producía un nacimiento por gestación subrogada en Ucrania el consulado español tomaba muestras de ADN al padre, las enviaba a España, y una vez reconocida la paternidad aquí, la madre iniciaba el proceso de adopción, ya que la legislación española reconoce como progenitora a la gestante. Sin embargo, desde el pasado mes de julio el consulado se niega a tomar las muestras de esta prueba de ADN por una cuestión de protección de datos. Esto impide que las familias inscriban a los pequeños como españoles y se los traigan, por lo que solo les queda una opción, tramitar la ciudadanía ucraniana del menor en Ucrania y una vez obtenida viajar con el pasaporte a España, un procedimiento que puede durar tres meses.
«Sabíamos que en los últimos meses el consulado dilataba cada día más las citas, que en lugar de las dos semanas de plazo se estaba esperando dos meses, pero lo que no esperábamos es que ni siquiera nos citaran. Y tampoco esperábamos que hubiera problemas con la filiación paterna porque eso, en principio, es un derecho del niño. Es una locura lo que están haciendo», explica Cristina Álvarez para quien no se trata tanto de debatir sobre la legitimidad de este proceso sino del derecho de la niña, «nadie está pidiendo que aseguren nada, nuestro proceso ha finalizado y la niña la tenemos con nosotros. No hay ningún incumplimiento por parte de la agencia, la niña vive con nosotros y el proceso de maternidad subrogada se ha culminado por nosotros lo único que queda es un proceso absolutamente administrativo español, no hay nada más».
La asturiana tiene otro hijo, de 9 años, que nació por medios naturales. Asegura que la decisión de recurrir a un vientre de alquiler fue el último recurso para colmar el deseo suyo y de su pareja de tener un segundo hijo, «hemos llegado por descarte a lo último que nos quedaba. Nosotros tenemos un hijo biológico natural (9 años) y siempre hemos querido tener un segundo, lo hemos intentado por vía natural, por vía in vitro, hemos intentado la adopción, hemos intentado el acogimiento y hemos llegado a la maternidad subrogada como última alternativa pero muy felices y ojalá lo hubiera hecho el primer día y no hubiera llevado 10 años dando tumbos para conseguir otro hijo».
Cristina Álvarez añadió que «nosotros no reclamamos nada para nosotros, no reclamamos ni que se legalice la maternidad subrogada ni que nos den garantías de ningún tipo, ya sabemos que en España es ilegal y no hay ninguna duda sobre esto, ya sabemos que a mí no se me reconoce la afiliación materna y tampoco hay ningún problema por esto pero la afiliación paterna es un derecho del menor que está reconocido por el Tribunal Supremo, es que no es cuestionable». A la par tuvo duras palabras para la administración española por haber prolongado tanto la situación de las familias: «es algo absolutamente intencionado por parte de las personas que nos representan en la administración local y en el consulado y no puede ser. Ellos no pueden cambiar que en Ucrania la maternidad subrogada es legal, es como si decimos que vamos a Inglaterra y conducimos por la derecha pues es que allí se conduce por la izquierda, pretenden cambiar algo que no tienen derecho a cambiar, no tenemos ningún derecho a intervenir en las leyes de otro país».
En este sentido, la asturiana advirtió de que llegarán hasta el final, incluso a plantearse poner una demanda y expresó su deseo de poder llevar a su Asturias natal a su nueva hija: «lLo que está claro es que nosotros volveremos a nuestro país con todos los derechos, de eso no hay ninguna duda, tardaremos un mes más o un mes menos pero también si tenemos que llegar a una demanda, la pondremos porque es impresentable que el Gobierno de España nos deje tirados en Ucrania. Una de las primeras cosas que haremos es ir a ver a la Santina a llevar a nuestra niña como hemos hecho también con nuestro primer hijo».
Álvarez asegura después de tanto tiempo estancado en Ucrania «lo qu hacemos es pedir ayuda al gobierno, por eso nos hemos lanzado a los medios y a buscar visibilidad porque llevamos aquí muchas semanas, no es agradable y es muy cansado pero es lo que teníamos que hacer para que alguien tome cartas en el asunto. Que tampoco pedimos nada nuevo, se ha estado registrando a niños durante cinco años, había sobreseimiento y se garantizaban los derechos del menor, ese era el procedimiento que garantizaba el cumplimiento de la ley en nuestro país y en Ucrania y sólo pedimos que se siga haciendo lo mismo».