El alumno Ekaitz: Educación se olvida de incluir

Un niño con síndrome de Down está sin escolarizar porque el Principado niega a los padres el centro que eligen. Asturias suspende en integración y suma cada año una ristra de reclamaciones de familias con hijos con necesidades educativas

La directora del Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín, con Carlos Carlos Borreguero, María José González y su hijo Ekaitz
La directora del Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín, con Carlos Carlos Borreguero, María José González y su hijo Ekaitz

Redacción

Ekaitz significa tormenta en vasco. Así entró en la vida de Carlos y María José su hijo nacido hace tres años, como un auténtico tornado. Ekaitz Borreguero González hace honor a su nombre. Es un niño inquieto, sociable, al que le gusta reír a carcajadas y que siente gran curiosidad por todo lo nuevo. Sus padres están siempre atentos porque le encanta meterlo todo en la boca. Tendría que empezar el lunes, 10 de septiembre, a clase. Aunque Infantil no es una etapa obligatoria, su familia cree que es el mejor medio de estimular su aprendizaje. Pero no será así. Está sin matricular. Su familia quiere llevarlo al colegio público de San Cucao y la administración les obliga a inscribirlo en el de Posada de Llanera. Ambos quedan a escasa distancia de su domicilio y el resto de sus vecinos eligen en función de sus gustos o necesidades. Pero ellos no. Ekaitz nació con síndrome de Down y necesita apoyos. En San Cucao tendría especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y en Pedagogía Terapéutica (PT) pero no auxiliar educativo. En Posada cuenta con los tres. ¿Por qué los padres no aceptan este centro? Porque todos los amigos del parque y de la ludoteca van al otro colegio, que es más pequeño y dispone de una atención personalizada. Lo único que reclaman para Ekaitz es el mismo derecho que para el resto de sus compañeros de juego.

Otros casos en Asturias

No es un caso único en Asturias. «La consejería tendría que dotar con medios a los centros donde tiene a los niños matriculados, no trasladar a los niños a esos centros que le conviene porque tiene concentrados allí los medios». No se trata de un trabalenguas ni de un juego de palabras. Más bien, describe una realidad. Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, utiliza esta frase para explicar cómo la rigidez con la que trabaja la Consejería de Educación empuja a los padres de los niños con necesidades educativas especiales a «una situación de crispación» que se resolvería solo con «escuchar y aplicar los criterios de las políticas inclusivas». En lugar de dotar con recursos a esos colegios que escolarizan a los alumnos que requieren apoyos concentra los apoyos en un centro. ¿Dónde está el problema? Lo resume en muy pocas palabras Carlos Borreguero: «Así lo único que hacen es crear guetos y no integrar».

El término de referencia es incluir. Casilda Sabín explica la diferencia. La administración lo que tiene que hacer es «favorecer el proyecto de vida» de los niños con necesidades educativas especiales y no modificar su entorno para integrarlo donde más convenga. Porque, al final, se trata de un problema «simplemente económico». Dotar a un colegio de Infantil y Primaria con un auxiliar educativo es más dinero. Esta es una situación común también en otras comunidades y, por esa razón, Plena Inclusión está negociando con el Ministerio de Educación un nuevo protocolo que elimine todas las barreras, no sólo las físicas: la falta de apoyos, la discriminación, la carencia de currículos adecuados y la necesidad de formar mejor a los propios docentes,... 

Solo este verano ha habido, al menos, otros dos casos más en Asturias, ambos resueltos tras la movilización de sus familias. Lucas, otro pequeño con síndrome de Down vecino de La Calzada, en Gijón, podrá empezar el próximo lunes su vida escolar de la mano de su hermana de 6 años en el Colegio Público Martínez Torner, y no en el Príncipe de Asturias, el otro centro al que inicialmente lo había asignado la Consejería de Educación, que había dividido a los hermanos. Naima, una niña avilesina, podrá pasar a Primaria con un intérprete de lengua de signos que la apoye en su centro Poeta Juan Ochoa, de Avilés. Inicialmente, solo le habían concedido intérprete a su hermano Joel, que tiene exactamente la misma discapacidad auditiva, pero la administración dio marcha atrás.

Hasta la ONU

No sólo ONGs como Plena Inclusión reclaman un cambio de política. Lo está haciendo incluso la ONU. Su investigación para examinar en España las presuntas violaciones graves o sistemáticas del artículo 24, del derecho a la educación, de la Convención por el Estado, partió de una denuncia previa por la exclusión y segregación de alumnos con discapacidad. Las conclusiones del informe que ha elaborado son demoledoras. El comité que realizó el trabajo observa que, «pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple». También explica que «no existe una noción clara de lo que es el interés superior del niño en materia de educación inclusiva». El sistema «se centra en los déficits y deficiencias del alumno, se realizan exámenes funcionales que resultan en la estigmatización del alumno como no educable, en vez de identificar las barreras de los centros educativos y realizar sugerencias sobre cómo se pueden eliminar para ajustarse a las necesidades». 

Una de sus principales quejas del informe de la ONU es la pervivencia de los centros de educación especial.  El Principado cuenta todavía con estos centros de educación especial. De hecho, la Consejería de Educación ha anunciado la construcción de uno nuevo para sustituir al de Latores que se ha quedado viejo. El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado la cesión de una parcela de 14.736 metros cuadrados para albergar el edificio. La Asociación de Madres y Padres del centro de Latores había denunciado que el actual centro presenta «graves carencias y deficiencias en materia de barreras arquitectónica y adaptabilidad a las necesidades de los alumnos». Se diseñó para un máximo de 80 alumnos pero cuenta con más de 170.

Cermi -el Comité español de representantes de personas con discapacidad- tiene una postura clara al respecto. La administración tendría que invertir esos miles de euros que gastará en construir un edificio nuevo en dotar de apoyos suficientes a los centros para que todos esos alumnos se puedan escolarizar en centros ordinarios y no en centros de educación especial que no favorecen su inserción.

Casilda Sabín reconoce que no es tan sencillo y que hay muchas familias, sobre todo de grandes afectados, que siguen prefiriendo este tipo de centros de referencia. La razón es que creen que están mejor atendidos en función de sus necesidades. Y también porque así evitan todo tipo de barreras y situaciones complicadas, como el bullying o el aislamiento. «No se trata solo del aula. Hay otros muchos condicionantes, como el tiempo de recreo en el patio», explica la gerente de Plena Inclusión. Lo que Cermi sostiene es que si realmente se invirtiera en apoyos, con dotación material y de personal todas esas barreras caerían por su propio peso.

Una oportunidad para Ekaitz  

Si la ONU se ha interesado por la inclusión de los alumnos con discapacidad por Ekaitz se ha interesado hasta la Moncloa. Sus padres remitieron una carta a la Presidencia del Gobierno denunciando su situación. Llevan peleando desde mayo, no queda nada para el inicio del curso y el niño está, a día de hoy, sin escolarizar. Ya han recibido una respuesta a través del correo electrónico. La misiva del Gobierno recoge que la LOMCE establece que las administraciones educativas tienen que «asegurar los recursos necesarios, para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales». Para conseguirlo deben fijar «los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. Además, corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado». No parece que todo esto se esté dando en el caso de este niño de Llanera.

Pero no todo está perdido. Las sucesivas reclamaciones de sus padres, con el apoyo de ONGs como Plena Inclusión Asturias, parece que están surtiendo efecto. De momento, el lunes, 10 de septiembre, el día que en teoría tendría que ir por primera vez en su vida al cole, tiene cita con el personal de orientación de la consejería para volver a valorarle. Casilda Sabín es optimista. Cree que de esa reunión va a salir algo bueno. Los padres se muestran prudentes. Hasta que no tengan la matrícula de San Cucao por escrito no descansarán. De quien no han sabido nada, a pesar de que le han pedido una cita, es del consejero, Genaro Alonso. Tampoco del Ayuntamiento de Llanera y de su Gobierno local. Sí que les han apoyado los grupos de Izquierda Unida y Ciudadanos. Pero la familia de Lucas consiguió un posicionamiento del Ayuntamiento de Gijón.

«La directora de San Cucao no tiene ningún problema. Todos los amigos del parque y de la ludoteca de Ekaitz, con los que juega y a los que conoce desde pequeños van a San Cucao. ¿Por qué tenemos que cortar eso? ¿Cuál es la razón pedagógica que lo sostiene? ¿La inclusión no es esto?», se preguntan sus padres. Quieren escolarizarlo en primero de Infantil, aunque no sea obligatorio, y quieren que sea en el centro que han elegido.

Qué pide Plena Inclusión Asturias

Lo que reclama Plena Inclusión Asturias a la Consejería de Educación es que deje de colocar a las familias en el disparadero, de generarles tensiones e insomnios innecesarios. Esto se consigue, argumenta su gerente, estudiando de manera individualizada, con personal debidamente formado, caso a caso, no aplicando una pauta general y rígida que no coloca los intereses de los niños con necesidades educativas como prioridad. Así no sería necesario tener a familias recurriendo a los medios, verano tras verano, para conseguir con presión social lo que deberían obtener por vía ordinaria.

Pero, al margen de los problemas de matrícula, esta ONG tiene una visión más amplia y a más largo plazo. Su intención es que el Gobierno del Principado realiza un estudio serio, como mínimo a 10 años vista, en el que sepa que volumen de alumnos que necesitan apoyos tiene y cuántos tendrá a lo largo de ese periodo de tiempo, de dónde son y qué medios van a necesitar, para conseguir que los centros educativos ordinarios sean accesibles del todo. También reclama, con urgencia, la formación de los equipos de orientadores, de acuerdo a las nuevas tesis de educación inclusiva. «No puede valorar a Ekaitz alguien que está a punto de jubilarse y que no se ha actualizado», concluye.

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