Los dueños de Igrafo afrontan penas de seis años por defraudar a Hacienda

La fiscalía cree que los dos hermanos eludieron impuestos sobre sociedades durante tres años y el del IVA durante dos años

Víctor Manuel Muñiz
Víctor Manuel Muñiz

Redacción

Los hermanos V.M.M. y J.R.M., propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) serán juzgados mañana por cinco delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía solicita sendas penas de seis años y tres meses de prisión.

El juicio fue suspendido el pasado mes de mayo, después de que la magistrada-juez María Paz González Tascón, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, anulara la vista oral y ordenara su repetición incluyendo toda la información recabada por Hacienda sobre los supuestos delitos fiscales de ambos empresarios.

De los cinco delitos imputados, tres son relativos a los impuestos sobre sociedades de los ejercicios 2006,2007 y 2008 y los otros dos a los Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2007 y 2008.

La Fiscalía interesa además que por cada delito ambos hermanos sean condenados, en su condición de administradores de la empresa, a la pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas así como del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante un período de tres años.

La acusación pública sostiene, en su escrito de calificación provisional de la causa, que los dos acusados eludieron los impuestos sobre sociedades durante tres años seguidos -entre 2006 y 2008- y el del IVA en 2007 y 2008 y llevaron una doble contabilidad, que afectaba a la variación de las existencias y ventas al contado.

Además, según consta en el escrito, incluían en la contabilidad «como deducibles», gastos de los que era «improcedente» su deducción, bien por tratarse de «donaciones o liberalidades», bien por corresponderse con gastos que aún estando documentados con la factura la entrega de bienes o la prestación de servicios referida en el concepto «no ha existido».

La Fiscalía considera como responsable civil subsidiaria a la empresa y pide que ambos propietarios abonen en concepto de responsabilidad civil multas que ascienden a 1,28 millones por la cuota defraudada, de los que 1,02 millones corresponden al impuesto de sociedades y 259.321 al del IVA.

V.M.M. fue juzgado y condenado a seis años y medio de prisión en el denominado «caso Marea», una supuesta trama de corrupción en la administración regional en la adjudicación de contratos que beneficiaba a las sociedades Igrafo y Almacenes Pumarín (Apsa).

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