La defensa de los acusados denuncia vulneración de derechos fundamentales y el exconsejero dice sentirse defraudado con su entorno en el departamento
16 nov 2018 . Actualizado a las 18:08 h.Las defensas de los hermanos V.M.M. y J.R.M., propietarios de Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) han denunciado la vulneración de derechos fundamentales ante la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo que, desde ayer, les juzga por cinco delitos contra la Hacienda Pública, por los que afrontan sendas penas de seis años y tres meses de prisión.
El abogado Miguel Valdés-Hevia, que representa a V.M.M., ha aludido a la vulneración de derechos fundamentales en las cuestiones previas, a la que se ha adherido la abogada Rosa Álvarez Linera, que defiende a J.R.M., en esta causa.
En este juicio, que ya se suspendió el año pasado, se dirime una pieza desgajada del Caso Marea, por la trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, por la que V.M.M. fue condenado a seis años y medio de cárcel.
«Los dueños de Igrafo niegan haber eludido los impuestos sobre sociedades y el IVA, en fechas comprendidas entre 2006 y 2008, porque alegan que nunca se ocuparon de los asuntos fiscales, al carecer de formación tanto en esta materia como en la administración de empresas», según ha explicado a Efe el abogado Valdés-Hevia.
En la sesión de ayer estaban citados como testigos la exdirectora general de Planificación del Principado María Jesús Otero, condenada en el Caso Marea a nueve años y medio, y la exfuncionaria Marta Renedo, a otros nueve años, pero ambas se acogieron a su derecho a no declarar.
La sesión de hoy estaba reservada a otros testigos, entre los que figuran los sobrinos de María Jesús Otero, C.B.B. y E.B.B., el asesor fiscal P.P.LL., el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, condenado en el Caso Marea a seis años de cárcel, y los responsables de dos negocios de escayola y albañilería, P-G y J.M.S., que emitieron facturas a nombre de Igrafo por obras.
E.B.B., funcionario de la sección de Gestión en la Agencia Tributaria de Zaragoza, ha asegurado hoy que su tía María Jesús Otero le «gestionó y pagó» unas obras en un piso en la capital aragonesa «como regalo por ser su madrina», cuando se acababa de separar, y ha negado que él formara parte de mesas de contratación y tuviera relación alguna con proveedores.
El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Ríopedre, ha justificado los dos viajes a Barcelona y Tenerife, de cuyo importe se emitieron facturas que dedujo como gasto Igrafo, en su asistencia a una convención de consejeros de varias autonomías, en el primer caso, y en un «regalo» con el que le obsequiaron varios amigos, entre ellos María Jesús Otero, por su 70 cumpleaños, en el segundo caso.
«Yo pensaba que el viaje a Barcelona estaba cubierto por las dietas y no sabía absolutamente nada de que lo hubiera pagado Igrafo ya que era un viaje oficial en el que estaba invitado por el Ministerio de Educación y en el caso del viaje de Tenerife me siento defraudado porque no me esperaba este asunto de gente allegada a mí», ha afirmado.
P.G. ha insistido en que «no recuerda» si, en el año 2006, realizó obras en el instituto Bernaldo de Quirós, en Mieres, ni en el Centro de Formación Profesional (FP) de la Universidad Laboral con trabajos de escayolas, ni tampoco que esos servicios fueran abonados.
El testigo J.M.S., ha apelado a la gran cantidad de obras que realiza el año para no recordar el importe de una factura que emitió para «hacer un favor a un amigo para una empresa de su mujer» a pesar de no hacer la obra y ha afirmado que no realizó trabajos de albañilería en Mieres, en el colegio público Teodoro López Cuesta, ni lo hizo en el Vicerrectorado de Estudiantes.
La sesión de hoy ha concluido con la declaración de estos testigos y el juicio se reanudará mañana, a las 9:30 horas, con la prueba pericial.
La Fiscalía imputa a ambos hermanos cinco delitos contra la Hacienda Pública: tres son relativos a los impuestos sobre sociedades de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 y los otros dos a los Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2007 y 2008.
La acusación pública sostiene que se incluían en la contabilidad, «como deducibles», gastos de los que era «improcedente» su deducción, bien por tratarse de «donaciones o liberalidades», bien por corresponderse con gastos que aún estando documentados con la factura la entrega de bienes o la prestación de servicios referida en el concepto «no ha existido».
La Fiscalía considera como responsable civil subsidiaria a la empresa y pide que ambos propietarios abonen multas que ascienden a 1,28 millones por la cuota defraudada, de los que 1,02 millones corresponden al impuesto de sociedades y 259.321 al del IVA.