La norma fija multas de hasta 10.000 euros, inhabilitación de altos cargos, y también regula a los lobbies en su relación con la administración
13 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Finalmente este viernes, en la segunda sesión del pleno semanal de la Junta General del Principado, el parlamento dará luz verde a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la norma más importante que se habrá aprobado en esta legislatura y que se espera sea uno de los instrumentos fundamentales de lucha contra la corrupción en el futuro. Además la ley podría aprobarse por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la espera de lo que decida Podemos --que tomará hoy jueves su decisión-- después de haberse abstenido al término de la comisión que emitió su dictamen y la petición de que se elevase al pleno para votarla.
El secretario general de los morados, Daniel Ripa apuntó que su grupo tiene una sensación «agridulce» con el texto definitivo porque se podría haber ido «más allá», a su juicio, en asuntos como la aceptación de denuncias anónimas (que en la norma asturiana quedarán supeditada a que la ley estatal las acepte) y una desvinculación mayor entre la Oficina que las reciba y el Ejecutivo autonómico; pero también «cosas positivas porque el PSOE empezó la negociación diciendo que la oficina sería dependiente del Gobierno, con el consejero de Presidencia nombrando a quien investiga la corrupción y que las denuncias anónimas eran imposibles e inquisitoriales pero al final no ha sido así».
Sin embargo, el diputado socialista Marcos Gutiérrez Escandón, destacó que la ley asturiana supera a la estatal vigente en varios puntos y que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno que promueve «tiene absoluta independencia funcional y es el garante de ley. Su presidente es elegido por la Junta por una mayoría cualificada de dos tercios por un periodo de cinco años y renovable una sola vez. En el pleno del consejo de transparencia, aparte del presidente, hay un miembro del consejo consultivo, dos de la FACC, uno de la universidad de Oviedo y un síndico pero también habrá un miembro de cada uno de los grupos políticos con representación en la Junta». Gutiérrez Escandón destacó además que aunque el presupuesto y dotación de medios de este organismo dependerá de la administración del Principado, será plenamente independiente.
El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares apuntó que fueron los propios letrados de la cámara, a quienes agradeció su colaboración en la redacción de la ley, quienes señalaron que el parlamento asturiano no tiene la capacidad, con su actual plantilla y sus medios económicos para sostener por sí sola la oficina y el consejo, una situación distinta a cuando se puso en marcha la Sindicatura de Cuentas que depende del parlamento. Llamazares destacó además que se introducen elementos como «el mapa de riesgos de corrupción del modelo portugués, todo un plan de lucha contra la corrupción en la administración y el sector público y un mapa de riesgos que se revisa anualmente. Se establece también lo que se llama la huella legislativa para que los ciudadanos, además de conocer las cuentas o la labor de la administración o las listas de espera, también conocen cómo van los proyectos de ley y los planes del gobierno».
Por su parte, Gutiérrez Escandón resaltó aspectos como que se incorpore un estatuto del denunciante que «garantiza su confidencialidad» con derecho a una representación y defensa en relación con los procesos judiciales relacionados con su denuncia «incluso asistencia psicológica a ellos y a sus familias o que no podrán ser objeto de represalia». El diputado socialista también destacó que la norma establece todo un régimen de sanciones, con multas de hasta 10.000 euros o la inhabilitación de altos cargos que tengan prácticas incorrectas, así como la regulación de la actividad de los «grupos de interés», los lobbies, en su relación con la administración pública.
Los grupos dan por hecho, después del respaldo en la comisión, el apoyo tanto del PP, como de Ciudadanos, Foro, PSOE, IU y a la espera de la decisión final de Podemos, que podría oscilar entre el voto positivo o la abstención, la Ley de Transparencia se convertirá en la la primera gran norma que sale adelante en una legislatura muy convulsa en la que los acuerdos han sido la excepción y que afronta su último año con un único pacto presupuestario entre PSOE y PP. En este sentido, Llamazares destacó la «extrañeza» que despertó la abstención morada al término de la comisión porque «una ponencia que le da la vuelta entera a una ley o se hace con el consentimiento de todos o no sale adelante. Esta es una ley plenamente parlamentaria, con un trabajo muy importante de los diputados y los letrados además de la iniciativa del Gobierno, que le correspondía a él».
Con todo Ripa señaló que la tramitación, además de lenta ya que se arrastra desde hace casi seis años, había sido «conservadora» con «oportunidades perdidas» en varias materias y apuntó que la «la regulación de las puertas giratorias deja bastante que desear». Así, el secretario general de Podemos Asturies manifestó su preocupación porque «hay un riesgo de que, al no haber llegado más allá en independencia, en autonomía, etcétera, tenemos miedo de que si su aplicación no es correcta se genere una expectativa incumplida, una operación de márketing y termine como la inspección de servicios que no ha detectado un caso de corrupción en Asturias en los últimos años».