El asesinato de Javier Ardines destapa nuevas historias de acoso con anónimos, daños a propiedades y el envenenamiento de un perro a cargos de IU en varios concejos en los últimos diez años. Las alcaldesas de Ribadesella (Foro) y Ponga (PSOE) también denuncian ataques
11 oct 2018 . Actualizado a las 13:21 h.No todos los políticos son iguales. Unos reciben amenazas por ejercer sus cargos públicos y otros no. Es lo que decenas de militantes y dirigentes de IU, acompañados por una representación de Podemos, intentaron transmitir el jueves con una concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Asturias. Los ánimos en la coalición están tocados y muy sensibles tras el asesinato de su portavoz en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, hace un mes y medio, usado además como ejemplo siniestro en advertencias posteriores a la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, y a uno de los concejales de su equipo de gobierno, José Manuel Pello. Por eso afloran ahora, en este nuevo ambiente, episodios de acoso que abarcan más de una década, silenciados todo este tiempo por evitar presentarse como víctima desde una situación de poder, por evitar disgustos e inquietudes a la familia y por no dar la satisfacción de sentirse ganadores a quienes intentan diseminar el miedo desde el anonimato. Pero las cartas con amenazas, los ataques a la propiedad e incluso el envenenamiento de mascotas ya no son novedades.
No se trata solo de Izquierda Unida. Hay víctimas en otros partidos. La alcaldesa de Ribadesella, Rosario Fernández (Foro Asturias), también ha denunciado reiteradas amenazas de muerte contra ella misma y contra funcionarios municipales por parte un vecino, absuelto, sin embargo, por un juzgado de Cangas de Onís. Otra alcaldesa, la de Ponga, Marta Alonso (PSOE), denunció a principios de este año ante la Guardia Civil un sabotaje en su coche y reveló entonces que era la sexta desde su llegada a la alcaldía y en agosto añadió otra denuncia por insultos y amenazas de los que acusa directamente a uno de sus predecesores en el cargo, Cándido Vega. Gobierna un concejo en el que la inhabilitación judicial de Vega, condenado en el 2012 por la Audiencia Provincial por un delito contra los recursos naturales, acompañado de otros de prevaricación y desobediencia, ha creado una situación irrespirable de trincheras.
Casos independientes
Asturias, la comunidad autónoma con la segunda tasa de criminalidad más baja de España, según los datos más recientes del Ministerio del Interior, difundidos en agosto, se percibe con razón a sí misma como una región tranquila, uno de esos lugares donde casi nunca pasa nada. ¿Por qué, entonces, existe ese hilo negro que une la política local de varios concejos con esos episodios de acoso y amenazas graves a alcaldes y concejales? Izquierda Unida ha pensado sobe ello. Su dirección guarda silencio en público sobre el trabajo de la Guardia Civil en el esclarecimiento del crimen de Llanes, ha evitado usar el asesinato en el debate político y confía en que los investigadores acaben por atrapar a los responsables. Nadie con altas responsabilidades en la coalición piensa en la existencia de complots, manos negras, tramas o conspiraciones en su contra. La teoría que sí tienen partidarios en sus filas es que, en determinados concejos, de manera aislada, algunas fuerzas políticas no admiten sus derrotas electorales o sus reveses políticos en una negociación y que nadie hace nada para embridar a los extremistas que recurren a actos ilegales. No reciben aliento, pero tampoco se ven perseguidos, y se envalentonan.
Cuando era alcaldesa de Castrillón, a la hoy europarlamentaria Ángela Vallina le envenenaron el perro. Un dossier anónimo que contenía acusaciones no sustanciadas de delitos supuestamente cometidos por ella llegó a las redacciones de varios medios de comunicación y a la fiscalía precisamente en la campaña para las elecciones europeas del 2014. En el mandato anterior de la corporación, un concejal de Mieres se encontró un día su coche destrozado por un ácido. El envío de anónimos fue durante una época algo habitual en Gozón. La alcaldesa de Riosa acaba de denunciar eso mismo. Los textos dirigidos a ella le auguran el mismo final de Ardines, mientras que a su compañero Pello alguien le rayó el coche este verano. No con trazos al azar. Los rayonazos permitían leer: DEP. Y, aunque los hechos han trascendido esta semana, a principios del verano el coche del exalcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Martínez, que aún es el coordinador de la coalición en ese concejo, desapareció del depósito municipal, donde lo había entregado para cumplir con un embargo ordenado por el Tribunal de Cuentas. La Guardia Civil lo encontró diez días después, quemado, en un monte de Ibias. Ya en su etapa en la alcaldía, entre el 2007 y el 2011, había recibido amenazas.
«Llanes no tiene nada que ver con lo demás y algunas de estas cosas son ya viejas. Pero por eso algunas son preocupantes y generan el malestar que se expresó en la Delegación del Gobierno. No son cuestiones de ahora y nunca se descubre nada, nunca aparece un culpable», resume una fuente de IU. El caso de Ribadesella, que afectaba a una alcaldesa de Foro, también ha quedado en nada. El juez considera que el acusado, enfrentado al Ayuntamiento por una licencia de hostelería, solo hizo uso de su libertad de expresión y lo ha absuelto. De Ponga, donde gobierna el PSOE, salen noticias de enfrentamientos y de denuncias sin resultados.