El cierre exprés de las térmicas afectaría a 300 transportistas de carbón asturianos

El sector, «preocupado» por el anuncio del Gobierno estatal, le pide que medite las consecuencias y, en todo caso, un plan de reconversión

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Una fila de camiones desciende el puerto de San Isidro

El planteamiento del Ministerio de Transición Ecológica de cerrar la mayor parte de las centrales térmicas dedicadas a la producción eléctrica existentes en el norte de España en 2020 ha puesto en alerta y generado preocupación en el sector del transporte, sobre todos entre aquellos transportistas que se dedican en exclusiva al traslado de carbón desde los puertos hasta las plantas térmicas. Si bien en España hay en la actualidad un millar de camioneros que portean el mineral, alrededor de 300 son asturianos y se verían afectados por el cierre exprés de las térmicas. Ellos se encargan de mover 3,5 millones de toneladas de carbón de importación anualmente de las ocho que aproximadamente llegan al puerto de El Musel. Teniendo en cuenta el impacto que podría suponer para el sector la clausura de las centrales, desde las asociaciones de transportistas pide al Gobierno estatal medir las consecuencias de una decisión así y, en todo caso, un plan de reconversión.

Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera han trasladado que están «muy preocupados» ante el anuncio del cierre de las térmicas por cómo afectaría al sector, una preocupación que para ASETRA  (Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias) es «un problema grave» porque serían unos 300 vehículos los afectados si se dejara de llevar carbón de importación desde el puerto hasta las térmicas. El presidente de este colectivo, Ovidio de la Roza, ha tenido en cuenta que hay transportistas «que toda la vida han vivido del carbón de importación», camioneros que tendrían difícil actualizarse para realizar otro tipo de transportes. «Lo primero, no entendemos la descarbonización exprés que se quiere hacer para el año 2020, y después hay que tener en cuenta el tiempo que puede llevar a esos transportistas cambiar el tipo de mercancía», ha señalado de De la Roza, que ha demandado «ayudas, al igual que se dan a los mineros, para adecuar los vehículos y la actividad y que esos trabajadores se puedan reciclar».

No obstante, ha criticado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «no haya tenido en cuenta los efectos colaterales» de la descarbonización que quiere llevar a cabo con un cierre apresurado de las centrales térmicas, «uno de esos efectos el que sufrirá el transporte en particular», ha recordado el presidente de Asetra, que cifra en un 40% el total de carbón de importación que se mueve por carretera en Asturias.

 El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) también ha reprochado al Gobierno estatal «que se tomen decisiones a la ligera sin tener en cuenta como afectan a un sector importante para la economía». Así, desde este Comité, que está compuesto por las asociaciones de transportistas de España, piden «que se mediten estos temas y, en cualquier caso, se consensuen con las asociaciones que representan a los transportistas» en tanto que consideran que hay que hacer «un país sostenible, pero no sólo ecológicamente, sino también económicamente». Por tanto, si se llevara a cabo el anunciado cierre de las centrales térmicas, el CNTC dice que «haría falta un plan de reconversión» en el sector porque actualmente un millar de transportistas, principalmente de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón, se dedican en exclusiva en España a portear el mineral de importación desde los puertos hasta las centrales.

Además, este Comité tiene en cuenta que, de mano, «nuestros competidores principales cuentan con ayudas públicas», con lo que «partimos sin igualdad de condiciones, por lo que para paliar los efectos del cierre de las térmicas necesitaríamos un plan de ayudas a la reconversión», reclama.

La propuesta del Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería

Carmen Liedo
Un castillete
Un castillete

El Acuerdo que presentará en la Mesa del Carbón contempla indemnizaciones, bajas voluntarias y prejubilaciones para los trabajadores. Plantea un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa

El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado 'Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras', al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».

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