La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por apropiarse de la pensión de un muerto 22 años
ASTURIAS
El ministerio público asegura que ocultó el fallecimiento «deliberadamente»
04 oct 2018 . Actualizado a las 13:56 h.La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y multa de 150.000 euros para un hombre acusado de apropiarse supuestamente durante 22 años de las cuotas de la pensión de jubilación de un fallecido de la cuenta bancaria donde figuraba como autorizado. El ministerio público cree que actuó de manera deliberada para quedarse con todo el dinero.
El jubilado había abierto junto a la madre del acusado una cuenta bancaria, en 1995, ambos en calidad de titulares, en una sucursal bancaria de la calle Fray Ceferino de Oviedo, donde recibía todos los meses la pensión que, en aquella fecha, ascendía a 570 euros mensuales. El pensionista falleció en 1995 y la madre del acusado murió en 2012, pero el acusado ocultó «deliberadamente» la muerte de ambos, con la intención de seguir percibiendo la pensión y no comunicó sus fallecimientos ni al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ni a la entidad bancaria.
Desde diciembre de 1995 hasta el 31 de marzo de 2017, el acusado, aprovechando que aparecía como autorizado, acudía periódicamente a la sucursal bancaria, a veces mensualmente y en otras ocasiones dejaba pasar unos meses y cobraba por ventanilla el saldo proveniente de la pensión que ingresaba la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
La entidad bancaria reclama el pago de 33.083 euros que se corresponde con las últimas 55 pensiones domiciliadas en la cuenta, en las fechas comprendidas entre mayo de 2013 a marzo de 2017, que le fueron reclamadas por el INSS. La Seguridad Social pide la devolución de 103.185 euros que se corresponde con las pensiones indebidamente abonadas desde enero de 1997 hasta abril de 2013.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social y pide una pena de cuatro años, multa de 150.000 euros, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años. Por vía de responsabilidad civil, la acusación pública demanda el pago de una indemnización a la entidad bancaria cifrada en 33.083 euros y al INSS o a la entidad bancaria si acredita que también ha abonado esta cantidad en 103.185 euros, además de las costas del juicio.